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Opinión

Guillermo Fabela Quiñones

Apuntes

El proceso para acabar con la corrupción en México se topa en la realidad con obstáculos gigantescos, derivados incluso del propio cuerpo de leyes que se han aprobado, a lo largo del devenir histórico, con la finalidad de proteger los intereses de las elites. Así lo vemos en la actualidad con el pernicioso e inmoral uso del amparo, con propósitos de vil impunidad para quienes están habituados a violar las leyes. Puede afirmarse que este derecho democrático, progresista en el tiempo de la República Restaurada, hoy es uno de los más graves testimonios de la impunidad que caracteriza a nuestro sistema político.

Otro ejemplo más, igual de calamitoso y que en la práctica ha frenado mínimos avances democráticos en el país, es el mal uso de las leyes en materia electoral, así como de las instituciones para darles cumplimiento. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la realidad desvirtuaron sus objetivos, como lo ejemplifican múltiples casos y hechos concretos que llevarían todo el espacio de que disponemos, tan sólo enumerar.

Se podrá decir, demagógicamente, que se trata de instituciones ejemplares, que son incluso un modelo a seguir. Pero la realidad demuestra lo contrario, pues han servido para “legitimar” violaciones escandalosas a la voluntad de las mayorías, desgraciadamente con el visto bueno de intereses foráneos que han resultado favorecidos con tales fallos. El modelo neoliberal se afianzó y permaneció en el poder gracias al uso ilegal de los mecanismos creados para darle validez jurídica a las instituciones encargadas de los procesos electorales.

Hoy lo comprobamos nuevamente, al informarnos el INE que “México Libre”, el supuesto partido político que pretende legalizar Felipe Calderón para arropar a su esposa Margarita Zavala en los años venideros, cumplió el requisito que marca la ley de la realización de 200 asambleas. Para Calderón, desde luego, no debe haber sido ningún esfuerzo, ni un gasto fuera de su presupuesto, reunir 3 mil afiliados en cada una de las supuestas asambleas, o sumar 300 personas por distrito electoral, conforme a los requisitos del instituto.

Por eso ambos estaban felices, pues daban por descontado que llenarían todos los ordenamientos que les señalara un INE organizado para apuntalar los intereses de una clase social minoritaria y con visión monárquica. Ayer les llegó la buena noticia que confirmaba su optimismo; pero muy tarde, porque se les adelantó la justicia estadounidense y puso al descubierto lo que ya se sabía, pero por la impunidad reinante era casi imposible que se cumpliera: la aprehensión de Genaro García Luna, el brazo derecho de Calderón, quien hoy martes 17 de diciembre conocerá la decisión que tome el Juez sobre su situación jurídica.

De ahí el imperativo de que la Cuarta Transformación tome muy en serio la necesidad de crear un cuerpo de leyes favorable a sus designios y metas, pues con el que tiene que enfrentarse en la actualidad el complejo proceso de llevar a cabo el cambio de régimen, es equivalente a toparse con un fuerte muro de contención, a veces infranqueable. De por sí nos tenemos que enfrentar, como país, a las presiones de un imperio insaciable, que de todo se aprovecha para apuntalar sus intereses, por eso es vital contar con autoridad moral suficiente para frenar la irracional codicia de la Casa Blanca.

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