Ignacio Morales Lechuga
Decidieron seguir una vocación y después de graduarse continuaron estudiando para formarse como médicos especialistas, maestros o doctores. Curan y salvan la vida de enfermos que no pueden pagar la medicina privada. Son quienes alivian al pueblo.
Piden atención los 600 médicos residentes del Hospital General de México. Marcharon para pedir que les paguen las quincenas atrasadas, las becas y el bono sexenal al que tienen derecho. Se van a la huelga, tal es su desesperación. Son apenas la punta de un iceberg, forman parte del enorme conglomerado de médicos residentes mal pagados con jornadas de 36 horas continuas por 12 de descanso. Al salvar vidas y atender la salud de los humildes que abarrotan hospitales públicos.
El Hospital General de México es el más grande de América Latina, construido en 14 hectáreas con todas las especialidades, laboran más de 6,000 médicos y enfermeras, dispone de 54 quirófanos y atiende en consulta a más de un millón de pacientes por año, sus operaciones, incluidas las ambulatorias superan las 50 mil anuales incluyendo los trasplantes.
Quienes desde las fundaciones y la filantropía hemos conocido la grandeza de esos y de otros hospitales públicos como el que atiende la ceguera, el Hospital de la Luz y la Fundación UNAM vemos con tristeza de qué manera se posponen y hunden en el burocratismo y la indiferencia las medidas urgentes para mantener a flote y en condiciones a esas instituciones fundamentales de la salud pública. Nunca han estado como merecen, pero ahora menos, cuando sus médicos imaginaban que las cosas irían mejor con un gobierno que grita a voz en cuello la prioridad de los pobres.
Las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda, se oponen a mover las cuotas de recuperación que podrían darle sustentabilidad económica al sistema hospitalario. El presupuesto anual, de largo tiempo insuficiente, se les redujo en 13.8 por ciento este año. Aunque son autónomos, se les impide obtener recursos adicionales con instrumentos como sus patentes de investigación (apenas fue reformada la Ley que lo permite), tampoco pueden usufructuar parte de los terrenos que no utilizan en funciones propias y obtener rentabilidad de ellos. Nada que mejore su cada vez más precaria condición presupuestal les ha sido permitido.
Estos hospitales disponen de protocolos de trabajo social que les permiten conocer y determinar la condición socioeconómica de los pacientes. Quienes ganan menos de 2 salarios mínimos pueden ser atendidos prácticamente sin cobro alguno. Operaciones y trasplantes que en la medicina privada pueden alcanzar precios millonarios, se realizan por 10 ó 15 mil pesos, con cuotas de recuperación en función de la condición económica del paciente.
Habría que agregar que estas instituciones son escuelas permanentes de los médicos que llevan a cabo sus prácticas profesionales, porque cada paciente es un aula. No le sorprenda saber que al Instituto Nacional de Perinatología vienen con frecuencia médicos alemanes a prepararse, porque en su país hay pocos nacimientos.
Si este gobierno hizo visible la realidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan y les ofrece una opción a su alcance ¿por qué vuelve invisibles a médicos que trabajan 36 horas por 12 de descanso en tareas fundamentales de la salud pública?
El Secretario de Salud no ha presentado hasta ahora ningún programa ni proyecto de salud que aclare el panorama para los próximos seis años. ¿Volverá a manejarse que el combate a la corrupción hace indispensable demoler servicios de salud pública que no son los del IMSS o el ISSSTE? Sin una pronta intervención de la 4T, el problema se agravará. Con la salud no se juega.