El gobierno de la 4T requiere fortalecer la participación de los trabajadores en la reconstrucción del país y en la procuración de la justicia social, de manera de romper el círculo vicioso que ha generado la más aberrante concentración de la riqueza en muy pocas manos y, por consiguiente, el incremento en los índices de pobreza en México. En este tema la transformación de las condiciones laborales es fundamental y, para abordarlo, intentaré esbozar un marco de referencia. En 1983, en el inicio de la instauración de la globalización neoliberal, que nos fue impuesta en la renegociación de la deuda externa con el FMI, se asumió un compromiso de congelación de salarios que, para ese criterio, ejercían una afectación a las utilidades del capital con el consiguiente desaliento a la inversión. Al gobierno mexicano, le resultó relativamente sencillo aplicar la receta en virtud del control corporativo de la estructura sindical, en tanto que en muchos otros países les implicó violentas protestas sindicales que tuvo que reprimir. Tal imposición fue, además, exacerbada por el régimen para convertirla en una “ventaja comparativa” para atraer la inversión extranjera, a la sazón sumamente competida por las economías de menor desarrollo y las emergentes, China entre ellas. Así, ya en la administración de Carlos Salinas, se abrió la economía y se privilegió el proyecto exportador que culminaría con la firma del TLCAN. Las industrias maquiladora y automotriz cobraron un gran auge en el norte y centro del país, aunque el resto de la industria establecida y el campo, ambos orientados al mercado doméstico, entraron en crisis por la desventajosa competencia con las importaciones pactadas.
Por su parte, en los Estados Unidos se registró un fenómeno de desindustrialización, derivado de la relocalización de las fábricas hacia los “paraísos” de la mano de obra esclava, México entre los más favorecidos. Esto ocurrió en paralelo con el debilitamiento de los grandes sindicatos norteamericanos históricos, fuesen republicanos o demócratas los gobernantes. En todo el mundo fue observándose un paulatino proceso de concentración de la riqueza y expansión de la pobreza, origen del actual malestar manifestado universalmente.
La inopinada irrupción de Donald Trump que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos, recibió el mayor aporte de los electores decepcionados por la pérdida de empleos y de calidad de vida, derivando en las actitudes xenófobas y neo proteccionistas, con destinatario preferido: México. Trump amenazó con retirarse del TLCAN (lo que significaba su muerte) y el gobierno mexicano tuvo que asumir las nuevas condiciones, al grado de impulsar una reforma constitucional para mostrar una menor proclividad a la excesiva explotación laboral, dando reversa a algunas de las medidas de flexibilización de las relaciones obrero patronales recientemente adoptadas; en 2017, se aprobaron reformas al artículo 123 de la Constitución para dar cabida a una mayor democracia laboral, y una mayor transparencia en las negociaciones contractuales colectivas, de manera de favorecer al aumento de los salarios y romper lo que se llamó el “dumping salarial”.
El proyecto lopezobradorista dio carácter prioritario al tema, comenzando por la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero perseguido por los regímenes prianistas y por los patrones, por postular un sindicalismo moderno al servicio de los trabajadores, como Senador de la República. Le siguió el nombramiento como secretaria del Trabajo de una joven brillante, formada en una familia de luchadores sociales de gran prosapia laboralista, cuya tarea radica en la corrección de la enorme asimetría vigente sin, por ello, romper el equilibrio pactado con el sector empresarial.
Entre sus primeros actos, el nuevo régimen propició un incremento de 16% en los salarios mínimos, muy por arriba de la inflación y con miras a la restitución del poder de compra del salario. Por su parte el Senado, a iniciativa de Gómez Urrutia, ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que determina la democracia sindical. La cereza del pastel es la aprobación por los Diputados de las leyes reglamentarias del Art. 123 Constitucional pendientes desde 2017; en ambas cámaras la oposición ha sido cautelosa acompañante de la iniciativa presidencial, dado el riesgo de que no sea ratificado el nuevo tratado (TMEC) por el Congreso estadounidense (qué ironía). La ley en cuestión atiende viejos reclamos del sindicalismo independiente en materia de democracia y de saneamiento de la relación con los patrones; sólo queda pendiente la eliminación del régimen de tercerización (out sourcing) por no haberse incluido en la reforma de 2017.
Así las cosas, la 4T avanza y avanza muy en serio.
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