José Luis Sánchez González
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a estar en el ojo del huracán al ser cuestionados los ingresos que su personal devenga como su salario y prestaciones. Encaminados los cuestionamientos hacia uno de nuestros poderes de la nación, salieron también las actuaciones de malos elementos que teniendo un excelente ingreso mensual, no saben o no quieren desquitarlo aplicando debidamente la justicia, lo que provocó la salida de algunos Jueces y Magistrados a quienes se les observó “conducta inadecuada”. Se comenta que ya hay otros funcionarios en capilla.
Sin embargo, la impunidad parece continuar en el ánimo de algunos de los integrantes del Poder Judicial, como al parecer es el caso del Juez Ricardo Alberto Fernández Prieto, juez federal especializado en la atención de asuntos mercantiles, quien se posesionó del Juzgado Quinto en materia Mercantil ubicado en esta ciudad capital y que tiene bajo su cargo a una plantilla de tres secretarios, seis auxiliares y dos actuarios.
Este ¿“Juzgador”?, que se ostenta ahijado del Presidente de la Corte, llegó a Yucatán en el mes de octubre del año próximo pasado y resulta que durante todo este tiempo que ha estado en nuestra tierra, se ha negado a aplicar justicia de acuerdo a múltiples quejas de la comunidad jurídica del Estado, argumentando como pretexto que los litigantes yucatecos no están cumpliendo con un requisito que, según dicen los abogados, no existe en la ley y sólo es un capricho deliberado del juzgador para no trabajar, porque al retachar las demandas por ese requerimiento (entre otros que -dicen- se le va ocurriendo), deja de trabajar, deja de realizar los análisis correspondientes y deja de presentar los proyectos de solución; ¿y en qué se ocupa entonces todo ese personal que tiene a su disposición y que nos cuesta más de medio millón de pesos al mes?
Las acusaciones de actos de corrupción en diferentes frentes del ámbito judicial no es algo nuevo y si agregamos que la actitud personal del Juez Fernández es aquella clásica de “conquistador” al llegar a una plaza de provincia tratando déspotamente a los abogados y ciudadanía en general, entonces sí debe de llamar la atención de sus superiores.
El Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de dar seguimiento a estas demandas y actuar en consecuencia si así lo requiere el caso.
De la misma forma en la que se ha actuado en otros momentos contra elementos que presuntamente incumplieron los mandatos constitucionales, también el Juez Ricardo Alberto Fernández Prieto debe ser objeto de cerrada observación por parte de sus superiores. Ya basta de impunidades, arrogancias y despotismos. Los servidores públicos, como este juez, son nuestros empleados, ellos comen y viven de nuestros impuestos que sin misericordia nos descuentan de nuestro raquítico salario.
No olvidemos que el Presidente de la República está librando feroz batalla en contra de la corrupción y habiendo sido observada la Suprema Corte de Justicia de la Nación por eventos presuntamente irregulares, tiene entonces la urgente necesidad de investigar qué es lo que está sucediendo en el Juzgado Quinto Mercantil asentado en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
La actitud negativa y traidora de malos funcionarios, no debe empañar la buena labor que desempeñan los que verdaderamente están comprometidos con la Nación, con el pueblo sabio, con su trabajo diario.