Opinión

Víctor Flores Olea

Por fin, después de una multitud de opiniones, parece que el 15 de mayo de 2019, precisamente Día del Maestro, se cumplieron prácticamente todas las exigencias para aprobarse un nuevo modelo educativo y elevarlo a rango constitucional. Primero fue aprobada la iniciativa de AMLO, con las mayorías requeridas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y después por los dos tercios de las legislaturas locales en todos los Estados de la República. Ahora, simplemente quedaría pendiente la revisión del procedimiento por las dos cámaras federales para su aprobación y remisión al Ejecutivo, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Seguramente dentro del procedimiento quedará cumplida la derogación de la Reforma Educativa que promulgó Enrique Peña Nieto, y que ahora será sustituida por la de López Obrador.

Naturalmente, entre la multitud de opiniones que se han expresado, la mayoría tuvo críticas duras a la Reforma de Enrique Peña Nieto, y sobre todo a la CNTE, por su modo altanero y sin razones válidas para echar por tierra la ley de Peña Nieto. Cuando hacía campaña como candidato a la presidencia, López Obrador parecía uno de los opositores más extremistas a la ley educativa, y adelantó que en su gobierno no quedaría “ni una coma” de la ley de Peña Nieto.

Al llegar el tiempo de formular en blanco y negro su iniciativa para una nueva ley educativa, parece que las cosas no fueron tan simples como antes lo parecían. El propio López Obrador, en discusión consigo mismo y con sus consejeros en materia educativa, pareció no ser ya tan radical contra la ley de Peña Nieto, aun cuando coincidió con el CNTE de que se trataba de una ley eminentemente represiva que tenía más relación con las leyes laborales que con las educativas. Esto llevó a AMLO a presentar, cuando menos en este punto, una afinidad mayor con la organización informal de los trabajadores de la educación que con su sindicato reconocido.

Por supuesto AMLO, en este tiempo largo y complicado de ajustes, se vio obligado a declarar enfáticamente, en distintas ocasiones, que el Estado seguía siendo el rector en materia educativa, y que los sindicatos deberían atender, en todo caso, las decisiones de las autoridades en materia de educación pública. Tal afirmación resultaba necesaria para el nuevo presidente que estaba urgido de deslindar tal cuestión, ante la crítica, en ocasiones seguramente de mala fe, de los opositores primero a su candidatura y después a su presidencia. A estas alturas, cuando la ley está prácticamente aprobada por las mayorías legislativas requeridas tanto al nivel federal como local, no debiera ya existir ningún problema para su aprobación por el Ejecutivo Federal y para su entrada en vigor.

Debo decir, para hablar con toda claridad, que no he tenido la oportunidad de leer en todos sus términos la versión final del texto. Pero en vista de los antecedentes de las mayorías logradas en los legislativos federal y estatales, debe presumirse que la ley, que todo indica será la vigente en materia educativa, esperamos que también será lo suficientemente flexible y satisfactoria para los distintos sectores involucrados, principalmente la población infantil, la magisterial y el de los padres de familia, además, por supuesto, el de las autoridades educativas a todos los niveles. Tales serían las esperanzas de los mexicanos, que han visto frustrados sus deseos desde hace un buen número de décadas ya que, en efecto, la primera educación en nuestro país no ha cumplido, ni de lejos, las expectativas que por razón natural despierta. El resultado de esta fundamental inconsistencia debilita, como es natural, al sistema educativo en su conjunto, inclusive en sus niveles superiores.

Por lo demás debe recordarse que, tal vez desde la época de José Vasconcelos, no ha habido en México una reforma educativa de verdadera trascendencia. Aunque tal vez haya que mencionar a Jaime Torres Bodet y sus planes contra el analfabetismo y, por la calidad de su dirección del sistema educativo en México, el caso de Porfirio Muñoz Ledo, aun cuando su paso por la Secretaría de Educación Pública fue desafortunadamente demasiado breve. Esperemos que ahora, con esta “nueva” Reforma Educativa de López Obrador, México logre un avance significativo en este campo, fundamental para el desarrollo global del país.

Desde luego, la “Cuarta Transformación” requeriría también en el aspecto educativo una modificación radical, sin olvidar que tales cambios requieren de un plazo importante para mostrar todo su potencial transformador. Y sin olvidar que no es suficiente un “plan educativo” en abstracto, sino que éste debe incorporarse prácticamente al proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, a lo que ocurre realmente en las aulas.

Tenemos pues, a la vista, un nuevo esfuerzo para mejorar sustantivamente en México los primeros años de la educación, y a su éxito todos debemos cooperar para seguir siendo un país con la esperanza de que su educación se transforme, a la postre, en la gran cultura que muchas veces ha brillado a nivel internacional.