Raymundo Riva Palacio
Por nota. Así ha jugado Emilio Lozoya de la mano de su defensor Javier Coello Trejo un largo proceso judicial, litigado en medios, sobre presuntos actos de corrupción. No sorprendió que antes que la Fiscalía General pudiera detenerlo, se amparara y se suspendiera, por ahora, cualquier posibilidad de captura. Para Coello Trejo debió haber sido como un juego de niños. Si Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció que sus cuentas serían congeladas, junto con las de familiares, empresas y el dueño de una empresa a la cual compró una planta fertilizadora cuando era director de Pemex, ¿no es como si el gobierno se pusiera una etiqueta en la frente que dijera: “voy por ti; te vas a ir a la cárcel?”.
Lozoya ha recibido consejo legal de mantener un bajo perfil. Tapadito, le ha sugerido su defensa, lo que no significa pasivo ni paralizado. Desde que comenzaron sus tribulaciones legales hace más de dos años, ha ido cubriendo sus espaldas con amagos a quienes fueron sus jefes y con quienes trabajó en la campaña presidencial de 2012. Su abogado Javier Coello Trejo dice que si va a juicio, quizás pediría la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto, y de los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que expliquen su papel en las decisiones de Pemex, porque como afirma la defensa, nada importante se movía en la empresa sin autorización presidencial, y los ex secretarios eran miembros del Consejo de Administración.
El ex director de Pemex ha sido el primero del entorno cercano peñista en ser llamado a cuentas por el gobierno del presidente Andrés López Obrador. También es el único hasta este momento, al que la Fiscalía brasileña acusa de haber tomado cuando menos 10 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, para la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya lo ha negado y lo más que han llegado las autoridades en la Función Pública es sancionar a la empresa, inhabilitarla para obtener contratos, y proceder contra funcionarios menores.
Los dos casos corren de manera independiente, pero los une Lozoya. La nueva acusación de corrupción contra él está indirectamente relacionada con Odebrecht, porque el presunto pago que recibió en 2012, aparentemente conectado a una compra de una planta de fertilizantes que no funcionaba, a sobreprecio y tres años después, se trianguló a través de una institución financiera que fue utilizada para transferencias ilegales del conglomerado brasileño. El pequeño vínculo puede convertirse en el tribunal en una inmensa puerta a lo desconocido.
Si Peña Nieto, Videgaray y Joaquín Coldwell rinden testimonio para aclarar cómo se tomaban las decisiones estratégicas en Pemex, ese vínculo con Odebrecht permitirá entrar a un tema donde es incierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera avanzar. Si les preguntan sobre privilegios de Odebrecht a cambio de dinero para la campaña, ¿llegará hasta el fondo el gobierno si hacerlo signifique que Lozoya hable todo lo que sabe? Quien escucha hoy al abogado Coello Trejo o conversó con Lozoya sobre estos temas, tuvo que haberse quedado con la impresión que el ex director de Pemex guarda en su baúl muchos secretos que pueden llevar a que funcionarios del anterior gobierno, empresas y quizás hasta personeros de la Cuarta Transformación, puedan ser colocados en una situación incómoda, por decir lo menos, o devastadora, no sólo para ellos, sino para un ecosistema político tan cruzado por la sospecha y la ilegalidad.
La acusación de los ex ejecutivos de Odebrecht contra Lozoya es muy sólida, y el ex director de Pemex, responsable de relaciones internacionales de la campaña peñista cuando presuntamente recibió los pagos de los brasileños, sostiene en la actualidad que él no se quedó con nada del dinero al que se refieren en la fiscalía suramericana. Los nombres que mencionó el abogado Coello Trejo tienen vinculaciones con el caso de la planta fertilizadora y Odebrecht. Peña era candidato, Videgaray era el coordinador de la campaña, y Joaquín Coldwell era presidente del PRI. Los tres estaban, como Lozoya, en el cuarto de guerra de la campaña y deberían haber tenido los detalles de cómo se inyectaban y distribuían los recursos durante la contienda, mayoritariamente, como acostumbran todos los partidos, en efectivo.
En la campaña, la relación de Lozoya con Videgaray era estupenda, pero se deterioró en el gobierno porque el ex director de Pemex lo comenzó a ignorar y a relacionarse directamente con Peña Nieto, cuando aceptó usar recursos de la empresa para cubrir gastos de la familia presidencial. Dos veces le pidió Videgaray al presidente que lo cesara por su pésima gestión en Pemex, y la segunda vez Peña Nieto le respondió que no le volviera a tratar el asunto. ¿Qué tanto tiene Lozoya sobre el ex presidente?
Una línea de investigación permitiría establecer si recursos presuntamente adquiridos por corrupción, fueron para él o, como era una intención al arrancar el anterior sexenio, para crear un fondo secreto para campañas electorales. Se trataría de dinero político, y una reedición, 20 años después, del famoso Pemexgate, donde otro director de Pemex, Rogelio Montemayor, se fue a la cárcel por desviar recursos para la campaña presidencial del PRI en 2000. Mucho de esto debe haber, al nunca haber querido el gobierno de Peña Nieto llevar a los responsables de la corrupción de Odebrecht ante la justicia. Esto mostraría qué tanto está comprometido el presidente López Obrador con limpiar la casa de corrupción, o si el pacto de impunidad pactado a través de canales secretos dos meses antes de la elección presidencial, se sostiene.
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