Hugo Carbajal Aguilar
Concejo Indígena de Gobierno, a la defensiva
El Congreso Nacional Indígena, representado por su Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), ha hecho denuncias a sistemáticas y graves violaciones contra pueblos originarios y organizaciones de defensa que se han enfrentado a delincuentes perfectamente conocidos y reconocidos. Estas denuncias son en favor de la Campaña por la Vida, la paz y la justicia en la montaña de Guerrero particularmente.
Efectivamente, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización integrante del CNI, denuncia que en mayo de este año fueron asesinados Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, líderes comunitarios que defendían a su pueblo, Chilapa, Gro. Estos crímenes ocurrieron en un contexto de “violencia criminal de la que por acción, omisión o aquiescencia, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno”.
Los responsables de estos asesinatos mantienen cercadas a comunidades enteras de la región de la montaña baja de Guerrero generando una verdadera crisis humanitaria pues, a causa del cerco que sólo puede ser posible con el consentimiento de las autoridades municipales y estatales, escasean alimentos y medicamentos. Comunidades enteras han dejado de sembrar la tierra ante el riesgo de ser asesinados en sus propias parcelas y las escuelas permanecen cerradas ante un posible ataque. Estos crímenes permanecen impunes, lo que muestra omisión por parte del actual gobierno.
Por su parte y en rueda de prensa, la Red Morelense de Apoyo al CIG del CNI manifiesta: Otro crimen, el de Samir Flores, en Morelos, se enmarca en la legítima defensa de su territorio que las comunidades agrarias han realizado contra las afectaciones que el Proyecto Integral Morelos trae consigo y que consisten en la construcción de un gasoducto, dos termoeléctricas de ciclo combinado y un acueducto. El gasoducto cruza por tres entidades: Puebla, Tlaxcala y Morelos. Pasa por suelo volcánico trasladando millones de litros de gas por día en ese subsuelo amenazando tierras, caminos, casas, escuelas, iglesias, etc.
La termoeléctrica en Huexca ha ocasionado daños en la audición a los habitantes de la comunidad por el nivel de decibeles emitido por el ruido generado por su funcionamiento. La propia CFE ha confirmado que emitiría 141.2 toneladas de bióxido de carbono por hora y utilizaría millones de litros de agua del río Cuautla para su enfriamiento, agua que por el nivel de su temperatura y los químicos mezclados queda inservible para su uso agrícola.
En el poblado de San Pedro Apatlaco, Mpio. de Ayala, de donde parte ese acueducto que llevaría el agua del río Cuautla a las turbinas d enfriamiento, se instaló desde hace cinco años un plantón que ha protegido el vital líquido. Ejidatarios y pobladores de Cd. Ayala han resistido valientemente, a pesar de las amenazas y hostigamientos que han sufrido.
Tan sólo tres días después del asesinato de nuestro compañero Samir, se llevó a cabo un “Ejercicio participativo” disfrazado de consulta que pretendía que la ciudadanía diera el visto bueno al proyecto. Esa consulta es revisada por un juzgado de distrito (amparos 402/2015 y 632/2017), pues no cumple con los requerimientos que marca el convenio 169 de la OIT ni toma en consideración a la población afectada. Puede resultar una consulta fraudulenta e ilegal. El convenio 169 de la OIT no dice únicamente que los pueblos deben manifestar su aprobación o desaprobación a proyectos desarrollistas que los afecten, sino que –además— deben ser escuchados en sus propuestas. Vaya, no sólo se trata de decir Sí o No sino saber qué proponen.
En Chiapas, el Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas, ha registrado un aumento de presencia militar en territorios de pueblos originarios, Bases de Apoyo del EZLN especialmente en la región de la Selva Lacandona. Hay incursiones militares terrestres y aéreas en dicha región.
En los Altos de Chiapas, destacados periodistas han reportado cómo –con el apoyo de los gobiernos locales y los partidos políticos- se organizan grupos paramilitares que atacan a la población del municipio de Aldama (y otros) provocando desplazamiento forzado (más de 2 mil personas hasta el momento), todo esto bajo la narrativa de un conflicto por linderos, pero con el fin de hostigar el territorio zapatista colindante con esta área.
Más todavía, el CNI, el CIG y el EZLN también han denunciado las agresiones contra la comunidad nahua de Zacualpan, municipio de Comala, Colima; los ataques a la comunidad binizzá de San Pablo Cuatro Venados, Mpio. de Zaachila, Oaxaca, y la represión contra la comunidad otomí en la Cd. de México.
Y aquí viene la solidaridad efectiva más allá de las denuncias publicadas. Con el fin de entregar alimentos y medicinas a los pobladores de Acahuehuetlán, en Chilapa, ya que los asesinos mantienen un cerco a pesar del conocimiento de las autoridades, “distintas organizaciones realizaremos una Campaña por la Vida, la Paz y la Justicia en Guerrero”. Para ello, se hará una caravana desde Amilcingo en Morelos hasta Acahuehuetlán en Chilapa, Gro. La caravana partirá el 12 de julio para estar los días 13 y 14 en Guerrero.
Terminan con este reclamo urgente: “Exigimos un alto a la guerra contra los pueblos originarios de nuestro país. Toda la sociedad civil nacional e internacional comprometida con la Paz, la Justicia y el Respeto a los DDHH será fundamental para atender esta emergencia”.