Por Rubén Martín
El agua, ya se sabe, es esencial para la reproducción de la vida, pero también para la acumulación de capital. Todos los grandes negocios capitalistas requieren enormes cantidades de agua, como los negocios, industriales, inmobiliarios, alimentarios, mineros, turísticos, etcétera. Pero el agua, también se sabe, es ahora un bien escaso, por lo que su aprovechamiento y distribución genera disputas y diversos conflictos políticos.
Ya varios especialistas anticiparon desde hace décadas que llegaríamos a una era de disputas por el agua. Ya estamos en esa era. En México existen cientos de disputas políticas por el agua. Una de estas disputas ocurre ahora en torno al reparto de las aguas de la cuenca del río Verde que escurre por Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.
En Jalisco se ha generado un conflicto político y una resistencia popular en torno al megaproyecto hidráulico El Zapotillo, diseñado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que consiste en la construcción de la presa y un acueducto de 140 kilómetros, mediante el cuál se pretende trasvasar el agua de la cuenca del río Verde para llevarla a la ciudad de León, Guanajuato.
El origen de este megaproyecto hidráulico se remonta a 1990 los gobiernos de Jalisco y Guanajuato llegan a un primer acuerdo de distribución de esta agua. Posteriormente el presidente Ernesto Zedillo firmó en abril de 1995 un decreto mediante la cual repartía el agua del río Verde para Jalisco (384 millones de metros cúbicos) y Guanajuato (119 millones de metros cúbicos).
Para la distribución de esa agua, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un convenio el 1 de septiembre de 2005 mediante el cual acordaron la construcción de una presa y un acueducto a León.
Inicialmente se planeó hacer la presa en el poblado de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán en Los Altos de Jalisco, pero el proyecto se canceló debido a la oposición de los pobladores al enterarse de que afectaría al menos unos 40 poblados, que reubicaría a 12 mil pobladores y que inundaría hasta 6 mil hectáreas.
Tras esta primera resistencia el Gobierno federal redirigió el proyecto a la localidad de El Zapotillo, ubicada entre los municipios de Yahualica y Cañadas de Obregón, también en Los Altos de Jalisco, que es además una de las principales regiones productora de leche y huevo del país.
Inicialmente se proyecto una presa con una cortina de la presa a 105 metros con capacidad de almacenar 911 millones de metros cúbicos y que cubrirían unas 4,500 hectáreas.
El 14 de octubre de 2009, Conagua adjudicó el contrato para la construcción de la presa El Zapotillo a un consorcio integrado por las compañías La Peninsular Compañía Constructora, FCC Construcción, y Grupo Hermes.
Dos años después, en septiembre de 2011, la Conagua adjudicó a la empresa española Abengoa el contrato de construcción de un acueducto de 2.5 metros de diámetro y 140 kilómetros de extensión hacia la ciudad de León. Además de la construcción ese contrato implica una concesión del manejo del agua hasta por 25 años. Para la distribución del agua en León, el contrato incluye la construcción de un acueducto de distribución del agua de 40 kilómetros y además los puntos de interconexión para distribución del líquido a los municipios alteños.
Pero ese megaproyecto se diseñó como todos los megaproyectos en este país: sin consultar a las comunidades afectadas. Al enterarse de que se les pretendía, literalmente, desaparecer sus pueblos mediante la inundación por el almacenamiento del agua en la presa El Zapotillo, los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo iniciaron desde 2005 una lucha de resistencia que en lugar de disminuir se ha fortalecido y ampliado.
Los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo iniciaron una lucha, primero por conocer los alcances del proyecto de la presa, posteriormente contra su realización y ahora su demanda es la cancelación de este megaproyecto hidráulico que no sólo los condena a inundarse, sino a dejar de existir como pueblos.
La resistencia contra el megaproyecto de El Zapotillo y el trasvase a la ciudad de León ha crecido con la oposición de cientos de miles de pobladores de Los Altos de Jalisco que se han enterado que el agua que ahora utilizan para la reproducción de la vida y una variada producción agropecuaria se privatizará y trasvasará a la ciudad de León. A esta lucha contra el megaproyecto de El Zapotillo se han sumado organizaciones, colonos y pobladores de la zona metropolitana de Guadalajara y de la ciudad de León.
Gracia a la resistencia inicial de los habitantes de los pueblos que corren el riesgo de inundarse, se formó el Comité Salvemos Temaca que ha impulsado una serie de amparos, con el respaldo del Colectivo de Abogados, que lograron que se detuviera la construcción de la presa desde hace cuatro años. La cortina de la presa quedó a una altura de 80 metros, que técnicamente impediría la inundación de Temacapulín, la localidad más poblada de las tres en riesgo de inundarse.
Por su parte, algunos amparos promovidos por ejidatarios de San Juan de los Lagos y organizaciones agropecuarias de Los Altos, han impedido la construcción del acueducto a León. Hasta ahora no se ha construido un solo metro del acuaférico que pretende trasvasar el agua de Los Altos de Jalisco a la ciudad de León.
En los opositores al megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo ha quedado claro que el agua que se pretende despojar a los pobladores de Los Altos para trasvasarla a León no es para abastecer a la población que ahora carecen de ella, sino para garantizar un conjunto de dinámicas de acumulación de capital que operan en el corredor industrial León-Silao. En ese corredor operan un conjunto de industrias automotrices, mineras, además de garantizar el agua para los intereses inmobiliarios, comerciales y turísticos de esa zona.
Ante la paralización de la obra debido a la resistencia política y jurídica de los opositores al megaproyecto El Zapotillo, las actuales autoridades de Jalisco, Guanajuato y del Gobierno federal, han tratado de destrabar la obra con nuevos acuerdos.
Traicionando su palabra de que apoyaría a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, al igual que los pobladores de Los Altos, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez se reunió con su homólogo de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez a fines de junio pasado para acordar un nuevo reparto del agua entre ambos estados: 76 por ciento para Jalisco y 24 por ciento para Guanajuato. Pero eso supone destrabar el megaproyecto de El Zapotillo e incluso volver al proyecto de una presa a 105 metros.
Ante la traición que han tenido de los gobernantes de Jalisco (tanto Alfaro como su antecesor Aristóteles Sandoval, habían ofrecido que no inundarían los pueblos alteños), ahora los pobladores de Temacapulín y de Los Altos esperan que el Gobierno federal escuche sus razones y argumentos y cancele el megaproyecto de El Zapotillo.
No sólo por sus implicaciones sociales y ambientales, sino también por razones financieras. El megaproyecto de El Zapotillo se estimó al empezar su construcción en 2011 en 7,700 millones de pesos. Según estimaciones del Instituto mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) este año el costo de la obra asciende a 35,339 millones de pesos y terminarlo costaría hasta 71 mil millones de pesos.
Los opositores a El Zapotillo esperan que estas razones sean escuchadas por los representantes del Gobierno federal que visitarán Temacapulín las próximas semanas. Este martes 30 de julio, el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo, visitará el poblado que corre el riesgo de inundarse por el megaproyecto hidráulico, en tanto que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero estará en Jalisco en agosto para revisar esta obra.
El Zapotillo es un megaproyecto que ha desatado un conflicto político contra el despojo del agua. No es un conflicto chovinista entre jaliscienses y guanajuatenses, sino un conflicto por el agua entre quienes buscan privatizar ese recurso para asegurar la realización de distintas dinámicas de capital en las concentraciones urbanas-industriales-comerciales de Guadalajara y León, y entre pueblos y comunidades que luchan contra la privatización y lucro del agua y exigen un modelo de gestión del agua distinto al actual. Esta lucha por el agua debe resolverse a favor del interés común y no a favor del interés de la codicia y el lucro privado.
(SinEmbargo)