Rubén Martín
Literalmente de rodillas, la señora María Isela Valdez Chaires le suplicó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le ayude a encontrar a su hijo, Roberto Flores Valdez, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014. La escena ocurrió el pasado lunes 24 de junio en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Cientos de familiares que tienen desaparecidos fueron convocadas a escuchar un informe de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda.
No fue un acto oficial tradicional. Así como la desaparición de un familiar interrumpió de tajo sus vidas, así las familias interrumpieron constantemente el evento oficial. Madres y hermanas estuvieron mostrando las fotografías y fichas de sus hijos y hermanos desaparecidos; estuvieron gritando y exigiendo en todo momento al Presidente que cumpla con los compromisos, que pase de las palabras a los hechos.
Poco antes de que Santiago Corcuera, representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, tomara la palabra, la señora María Isela Valdez Chaires llegó hasta el templete donde estaba López Obrador y de pronto se puso de rodillas frente al Presidente.
Al final del evento, la madre de un hijo desaparecido contó a La Jornada sus razones. “Lo que necesitamos es que el Presidente nos ponga más atención a nosotros, que entienda… por eso yo tomé la decisión de hincarme y de rogarle, de suplicarle que por favor ya busquen a mi hijo. Que quiero que me lo entreguen ya. Ya son cinco años, ya estoy destrozada, ya estoy enferma, ya es muy pesada esta vida para mí (llanto), yo quiero a mi hijo, quiero que por favor me lo entreguen…”.
López Obrador escuchó la súplica angustiada de la madre, la tomó de las manos y la levantó. María Isela Valdez dijo que el Presidente se ofreció a apoyarla a ella y a todas las víctimas del país.
Pero las palabras de los gobernantes no bastan ya a las familias organizadas que tienen desaparecidos. Ya han escuchado demasiadas palabras de gobernantes. Quieren resultados, quieren búsquedas exitosas de sus hijos, quieren a los responsables pagando por los crímenes cometidos.
En un pronunciamiento emitido un día después de la reunión con López Obrador, la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, asentaron esta desesperación: “El informe no nos sorprende. Mucho de lo dicho es un diagnóstico que desde hace años las familias hemos padecido día a día en la búsqueda de nuestros familiares. Nosotras ya no necesitamos que nos repitan que está mal, eso ya lo sabemos. Necesitamos verlos en el campo, haciendo operativos de búsqueda con vida y sin vida, necesitamos que nos informen a cuantas personas víctimas de un delito han encontrado por sus trabajos de inteligencia, necesitamos que en México ya no sigan desapareciendo y asesinando a más personas con total impunidad”.
Posturas semejantes se escucharon el sábado 22 de junio en la emblemática glorieta de las y los Desaparecidos que las familias han tomado en Guadalajara como sede para informar sobre sus hijos que están buscando. A pesar de las palabras del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en marzo pasado, las familias no ven avances significativos en la búsqueda de sus hijos. Son las propias madres y padres quienes hacen el trabajo de investigación, muchas veces poniendo en riesgo su vida.
A diferencia del Gobierno anterior del priísta Enrique Peña Nieto que jamás se reunió con las organizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos (excepto con los padres de los normalistas de Ayotzinapa en las semanas posteriores de su desaparición), el actual Gobierno de López Obrador ha cambiado el discurso y el trato hacia estas víctimas de la guerra en México.
Pero el cambio de discurso no se está correspondiendo en los hechos con hacer lo necesario para detener de tajo las desapariciones, encontrar a los ya desaparecidos y hacer lo necesario para enfrentar la crisis nacional forense.
Los faltantes fueron enumerados en el evento de Palacio Nacional por el mismo Santiago Corcuera, representante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda: a más de un año de expedida la ley que crea este sistema, todavía hay al menos ocho Estados que no tienen una comisión estatal de búsqueda y, donde ya existe, todavía no se nombra a su titular o se carece de recursos para que funcionen; la misma Comisión Nacional de Búsqueda que dirige Karla Quintana no tiene personal de base; la mayoría de Estados de la República no han designado a los fiscales especiales en materia de desapariciones, entre otras faltas del sistema de búsqueda.
De tal modo que aunque se reúna con los familiares y se cambie el discurso, en la práctica el actual Gobierno Federal no hace lo suficiente para contener una de las prácticas más horrendas de la guerra que hay en México: las desapariciones forzadas.
Así como las familias, con razón fundada, interrumpieron el acto oficial de López Obrador, el Estado mexicano debe interrumpir el flujo habitual del Gobierno para dar respuesta a las familias que buscan sus desaparecidos. Es una emergencia nacional. La búsqueda de miles de desaparecidos debe ser prioridad del actual Gobierno. La paciencia de las familias y de la sociedad se está agotando.
(SIN EMBARGO.MX)