Rosario Robles en la cárcel, ¿y Peña Nieto?

Por Manuel Aguilar Mora

Ex maoísta, ex cardenista, ex obradorista, ex perredista y hoy casi ex priísta, Rosario Robles Berlanga ingresó a la cárcel de mujeres de la Ciudad de México en la mañana del pasado martes 13 de agosto. Protagonista central de la llamada “estafa maestra”, el juez que lleva el caso ha considerado su prisión preventiva de dos meses (que se pueden convertir en años durante el transcurso del proceso) por temor a que huyera y escapara al debido proceso que se ha iniciado y en el cual ya es la primera indiciada de una larga lista de posibles nuevos indiciados, de funcionarios que van desde un ex presidente de la República hasta simples secretarios de escritorio pasando por ex secretarios de Estado y gobernadores.

El escándalo político resultante ya es uno de los mayúsculos, si no es que el mayor del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues involucra una trama de corrupción equivalente al destino de miles de millones de pesos y, sobre todo, por las tremendas implicaciones políticas que conlleva.

Rosario Robles se encuentra en prisión como presunta responsable del ejercicio indebido del servicio público y por causar al erario un quebranto de más de 5 mil millones de pesos cuando se desempeñó como titular de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto (2012-18). La dicha trama de corrupción conocida con el nombre de “estafa maestra”, por el título de la publicación que difundieron los periodistas que la investigaron y la denunciaron, consistió en la manipulación de dichos miles de millones de las finanzas públicas a través de triangulaciones de secretarías de Estado, universidades, sistemas de difusión y de empresas fantasmas o de fachada. Según el juez Felipe de Jesús Delgadillo la conducta de Robles durante todo el sexenio en que fue titular de las dos secretarías de Estado se caracterizó por el dolo manifiesto, evitando u omitiendo conscientemente información a pesar de prever un resultado ilícito, con lo cual tácitamente aceptó y se volvió cómplice de conductas delictivas.

El asunto es de grandes proporciones, pues la “estafa maestra” involucra a 11 dependencias públicas, 8 universidades, 186 empresas, de las cuales 128 son fantasmas o de fachada. La Auditoría Superior de la Federación, la entidad gubernamental encargada de la supervisión de las finanzas públicas, constató que en la entrega de los miles de millones de pesos vía las subcontrataciones fraudulentas, participaron dependencias como Banobras (en ese entonces dirigido por Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México), de la Secretaría de Educación Pública, del Fovissste, de la Secretaría de Agricultura, entre otras entidades.

Contradicciones de AMLO

En la larga comparecencia de más de 10 horas de Robles ante el juez, sus abogados, obligados por las apremiantes circunstancias en que se encuentra la defensa de su clienta, declararon que ella había dicho que “sí le puse en conocimiento a Peña Nieto a través de la línea roja la existencia de los desvíos millonarios”. Esto no puede sino significar que éstos eran conocidos por Enrique Peña Nieto y necesariamente por José Antonio Meade, quien sucedió a la Robles como titular de la Sedesol en 2014. O sea, la misma cumbre priísta estaba al tanto: el presidente de la República y quien fue el candidato presidencial del partido en 2018. Y en efecto, todo habitante cuerdo de México no puede menos que entender que un asunto que implicó tal cantidad de recursos desviados de sus objetivos originales, a saber, el financiamiento a través de Sedesol principalmente de los programas para la población más necesitada del país, a cuentas fantasmas que se sabe eran destinadas a sufragar los gastos electorales del PRI (o del PAN, en su caso) y, por supuesto, a llenar los bolsillos particulares de los corruptísimos dirigentes de dichos partidos, no podía pasar desapercibido de las jerarquías más altas del gobierno.

Por eso, la declaración de AMLO inmediatamente un día después del ingreso de Robles a la cárcel, según la cual la Fiscalía General de la República, la institución investigadora gubernamental de la “estafa maestra” no tiene datos que impliquen a Peña Nieto en la misma, no puede ser considerada más que un intento de detener el aluvión de denuncias y reafirmaciones que al nivel popular exigen el castigo de todos los responsables de la crisis tan aguda por la que atraviesan las finanzas públicas y en general la política en México.

La enormidad de la crisis tiene una poderosa dinámica interna que desborda los cauces por los que el gobierno obradorista quiere conducirla. Es evidente que Rosario Robles es sólo un eslabón y no el mayor de esa cadena que constituye la “estafa maestra”. No es la principal responsable de la misma. Son otros los “maestros” de la estafa. Por su propio peso cae que Peña Nieto y Meade no son sólo testigos sino informantes, conocedores de lo que sucedió con las triangulaciones de los millones de pesos. La cadena se ha roto por el eslabón más débil. Robles, como antigua izquierdista renegada, traidora de sus camaradas del PRD y en 2003 cómplice, junto con su íntimo amigo Ahumada, el ex presidente Salinas de Gortari y el impresentable líder panista Diego Fernández de Cevallos, del complot contra AMLO de “los videos de las ligas” en que se veían a René Bejarano y a Carlos Imaz recibiendo dólares, se ha convertido en una especie de “chivo expiatorio”.

Pero es la dinámica propia de una profunda crisis, en realidad causa fundamental de la victoria electoral aplastante del obradorismo del año pasado, la que ya ha avanzado bastante en el desnudamiento e impugnación de la corrupción a pesar de los esfuerzos de amnistía y perdón del propio AMLO. Rosario Robles está presa como Juan Collado, el abogado defensor de las millonarias transas de los políticos más encumbrados, y como Ancira, ex director de Altos Hornos financiero de las campañas contra AMLO, quienes esperan en la cárcel a otros altos funcionarios ya indiciados como Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, perseguido por la Interpol. Y en la lista de posibles nuevos indiciados están los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto como Pedro Joaquín Coldwell, de la Secretaría de Energía, e Ildefonso Guajardo, de la de Economía, así como el general León Trauwitz, el encargado de seguridad de Pemex en el sexenio de Peña Nieto.

¿Hacia dónde?

Estas notas llevan una interrogación en su título y en su conclusión los interrogantes vuelven a aparecer. Es que la política en México está así, llena de interrogantes. Sólo una cuestión es segura y definitiva: estos momentos son un preludio de grandes choques, de grandes acontecimientos que definirán la situación de México de modo tajante para el próximo período histórico en los años de este sexenio obradorista mismo.

El gobierno de AMLO no tiene un año y sin embargo ya está muy clara su tendencia: es un gobierno de transición pero ¿hacia qué? En el seno de las grandes masas populares hay un estado de espera, de expectación. Ciertamente hay sectores movilizados pero todavía son minoritarios. Las calles se ven muy concurridas por protestas y manifestaciones constantes, pero en ellas están todavía claramente ausentes los grandes destacamentos pesados de los trabajadores, quienes todavía no dan señales contundentes de su decisión, de la orientación de sus luchas todavía futuras. Están surgiendo muchos grupos de vanguardia, pero desorganizados y carentes de una orientación centralizadora crítica e incisiva.

Por parte de la burguesía, los grandes oligarcas nacionales están con AMLO en su abrumadora mayoría porque éste los ha complacido a la perfección. Los sectores burgueses medios son más críticos, como lo demuestra la Coparmex que agrupa a la mayoría de los patrones del país. Su presidente ya ha declarado su decisión de convocar a sus miembros a presentar propuestas electorales para los comicios de 2021 y 2024. (“La derecha empresarial alista su proyecto de nación”, Proceso, 04.08.2019) Felipe Calderón, ex presidente de la República y renunciante del PAN, se ha propuesto la tarea de fundar un nuevo partido. Se ha declarado enfáticamente contra el encarcelamiento de Rosario Robles, entendiendo lo que esto significa para él, beneficiario directo del fraude electoral de 2006.

Por todos lados se percibe que los actuales son tiempos de preparación, de aprendizaje y organización para las tareas enormes y definitivas que se están gestando ya desde hoy. Para los socialistas revolucionarios son momentos preciosos, cuyo privilegio no es posible desperdiciar porque son el fruto después de todo de tantos años de lucha y sacrificio que los trabajadores de la ciudad y el campo realizaron para combatir y finalmente echar abajo la dictadura de ocho décadas del Priato y de su secuela la “democracia burguesa pactada” en el 2000 del Prian de tan infame memoria.

Para la tarea concreta de agitación y propaganda, la “estafa maestra” que encarna Rosario Robles debe ser considerada la razón misma de la denuncia de la corrupción y el fraude congénitos en el régimen actual, cuyo cambio será una farsa si no se castiga a los estafadores mayores que estaban arriba de la Robles. Así se avanzará en la mayor seguridad y confianza de la población de que sí es posible lograr reformas profundas que apunten a verdaderos y mayores cambios.