Raymundo Riva Palacio
Estrictamente personal
Desde hace varias semanas, dentro del gobierno federal se mencionaba con insistencia la posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa que fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, no hubieran sido asesinados, como afirmó el ex procurador general Jesús Murillo Karam, estuvieran vivos. Hipótesis de ello han corrido desde que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014, por declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban en que la organización criminal Guerreros Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche, había hecho leva con varios de ellos y los tenían trabajando en los campos de amapola. Sin embargo, la duda sobre si estaban muertos provenía de un documento que nunca fue integrado por el gobierno anterior en el expediente del Caso Ayotzinapa, del análisis técnico de los teléfonos celulares de los normalistas, realizado por el FBI a petición de la PGR, y del que no se tenía conocimiento hasta ahora.
Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala. Autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron activos después del crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el patrón de comportamiento de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al crimen. Es decir, la red de vínculos de los teléfonos fue la misma antes y después del 26 de septiembre, como si nunca hubieran desaparecido.
Los informes del FBI obtenidos por Eje Central muestran que las llamadas realizadas antes del 26 de septiembre a municipios de Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, continuaron realizándose a los mismos teléfonos –cuyos propietarios no están identificados– hasta dos meses después de la desaparición. No hay una explicación que resuelva las incógnitas, pero el FBI señaló en su informe que los números revisados tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”.
La pregunta ¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza de los padres por volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar que las nuevas búsquedas serían de vida, como han pedido todos estos cinco años los padres de los normalistas.
Será la primera vez que los busquen con vida desde el 30 de septiembre del 2014, cuando tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de Inteligencia Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la normal de Ayotzinapa y que iba con los estudiantes cuando fueron atacados no aparecía, se enfocaron las investigaciones a determinar cómo los habían matado y en dónde podrían encontrarse sus cuerpos.
El tema de la telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido activos después de la desaparición. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no profundizó las investigaciones, y hasta el 6 de julio del 2017, admitió ante la CIDH que tres chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas, habían sido utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que a la Policía Federal le correspondía indagar esas pruebas.
La Policía Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra de los ex comisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich Castilla, así como en contra del ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos, cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam, responsable directo de no haber integrado el análisis de telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con ex funcionarios de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam nunca les informó de la existencia del documento. En la constancia de expedientes que se entregó a la CNDH, tampoco figura el reporte.
El FBI realizó el análisis de la telefonía celular a partir de la información que le proporcionó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la PGR el apoyo del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje Central, el primer reporte se entregó con fecha 7 de noviembre del 2014, y el segundo 14 días después. Las fechas son importantes.
El 7 de noviembre fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la frase “ya me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación clasificando a los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo”. El 28 de enero del 2015, ofreció otra conferencia de prensa donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43 normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al Río San Juan.
Los documentos revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la información del FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones. Peor aún, que la escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo hecho, habría derrumbado sus conjeturas, o cuando menos lo habría obligado a matizarlas. No hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de la justicia.
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