Yasmín Esquivel Mossa*
En días pasados, en sesión solemne de los Plenos de la Corte Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dio la bienvenida a la ministra Margarita Ríos-Farjat, tercera mujer en integrar el Tribunal Pleno.
Por primera vez en la historia reciente de la Corte, bajo la conformación que dispuso la reforma constitucional de 1994, concurren tres mujeres Ministras, augurio de importantes cambios en las instituciones de nuestro país.
Hasta ahora, sólo 13 mujeres entre más de 500 varones, que en 200 años de historia de la Corte hemos alcanzado esta alta responsabilidad.
Apenas en 1961 se nombró a la primera Ministra, María Cristina Salmorán de Tamayo, a ella siguieron las señoras ministras: Livier Ayala Manzo (1975), Gloria León Orantes (1976), Fausta Moreno Flores (1983), Victoria Adato Green y Martha Chávez Padrón (1985), Irma Cué Sarquis (1987), Clementina Gil de Lester (1988), Olga Sánchez Cordero (1995), Margarita Luna Ramos (2004), Norma Lucía Piña Hernández (2015), su servidora en 2019 y hoy Ana Margarita Ríos-Farjat.
En la actualidad el Poder Judicial Federal cuenta con solo 153 Magistradas, 18.5% del total de quienes ocupan este encargo, a las que habrá de sumar 13 magistradas que obtuvieron la mejor puntuación en el primer concurso exclusivo para mujeres, que rindieron protesta el pasado jueves ante el Pleno de la Corte.
Además, 155 Juezas de Distrito, el 25.5% de la plantilla total, incluidas 23 juezas ya adscritas, de las 25 vencedoras también del concurso de oposición exclusivo para mujeres.
Una presencia similar se advierte en los tribunales de las Entidades Federativas, en los que sólo el 38% son juzgadoras mujeres.
En este entorno se da el arribo de la Ministra Ríos-Farjat a la Corte y si bien, hoy somos 3 las mujeres que concurrimos al Pleno del Máximo Tribunal, y las acciones afirmativas implementadas por el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Corte, empiezan a rendir sus primeros frutos, hemos de reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres aún es notable, los estereotipos de género en el trabajo, en el hogar y en la sociedad continúan siendo un gran obstáculo para la igualdad.
La paridad de género sigue presente como una prioridad en la agenda nacional. Prueba de ello, las dos reformas constitucionales que han tenido lugar, una en el 2014, que recogió en la Ley Fundamental el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladoras y legisladores, federales y locales. Y, la más reciente, en mayo del 2019, que amplía este principio a los Tres Poderes, en el ámbito federal y local, incluidos los ayuntamientos.
Reformas que en un hecho histórico, tras las elecciones federales del 2018, permitieron el acceso de 241 diputadas (48.2%) y 63 senadoras (49.22%), en una integración prácticamente paritaria en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Porcentajes similares advertimos en la integración de los Congresos locales, con una 49.2% de mujeres.
En otras posiciones, el avance es notoriamente más lento. Sólo dos mujeres gobernadoras (Sonora y la CDMX), y apenas el 22.77% de mujeres en la Presidencia de los Ayuntamientos.
En las Secretarías de Estado a nivel federal el porcentaje aumenta al 36.8%.
El cambio se está dando, sí, pero la igualdad sustantiva, el acceso a las mismas oportunidades, es todavía una aspiración y no una realidad.
Las mujeres hoy en día contamos con mucha mayor preparación, hemos demostrado que nuestro desempeño se da en niveles de excelencia, que somos capaces de responder a las exigencias de cualquier responsabilidad, que asumimos con compromiso y convicción nuestras tareas en todos los espacios de la vida pública.
Debemos, pues, redoblar esfuerzos, para que el mandato de paridad de género se haga efectivo, para romper las barreras estructurales y culturales que impiden la igualdad.
Hoy vislumbramos un horizonte en el que la mujer participa activamente en las decisiones fundamentales de la nación; hoy vislumbramos un México que toma en cuenta a sus mujeres.
*Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación