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Opinión

Economía moral y Estado distribuidor

Raúl Vela Sosa*

Varios ex presidentes de México han publicado sus memorias. Candidatos a la presidencia han publicado libros sobre sus propuestas de campaña, pero no encontré registro de un presidente de México, en ejercicio de sus funciones, que hubiera publicado un libro con sus visiones y acciones, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador y su texto “Hacia una Economía Moral” (Planeta, 2019).

Julio Boltvinik, en su columna semanal Economía Moral (La Jornada 9 de julio de 1999), señaló: “….para que todos los miembros de la sociedad disfruten de una real igualdad de oportunidades, se requiere que estén en condiciones de satisfacer, a un nivel siquiera mínimo, sus necesidades básicas”.

Es enorme entonces el desafío de un gobierno que asume el compromiso de construir políticas públicas para alentar el desarrollo económico, partiendo del supuesto de conocer lo que se debe hacer, de lo que es correcto hacer, de lo que moralmente es correcto.

El libro está escrito, y hoy aquí fue presentado, como un cambio hacia un nuevo régimen con una nueva estrategia de desarrollo.

El Estado y la economía

en las últimas décadas

Cabe aquí hacer un breve repaso de lo que ha sido la ruta de crecimiento de la economía mexicana y el papel del Estado.

Desde el sexenio de Lázaro Cárdenas se habían puesto las bases para una transformación en la estructura económica de México. Desde la rectoría del Estado se ejerce el control de sectores importantes para el desarrollo industrial como lo eran el petróleo, la electricidad y los ferrocarriles; se crean instituciones como Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, todo ello contribuiría a alentar el proceso de formación de capital para iniciar la industrialización.

Terminada la Segunda Guerra Mundial el país se dispuso a crecer a partir del impulso a la producción nacional debido al proceso de recuperación de los países desarrollados que alentó la demanda de los productos que exportábamos. En este esquema el sector agrícola fue fundamental, puesto que a partir de las exportaciones de productos agrícolas, se logró obtener las divisas que se requerían para la compra de maquinaria, equipos e insumos, precisamente para producir los bienes necesarios que no se comprarían al exterior.

El sector agrícola proveyó al sector industrial de insumos para la transformación en manufacturas. La política de precios castigados a los productos del campo permitió un ahorro en los sectores industrial y de servicios, a la vez que la fuerza de trabajo que el sector agrícola expulsaba, constituyó un flujo de mano de obra barata que ayudó a contener las demandas por mayor salario en las áreas urbanas.

El sector secundario se vio favorecido por una política pública de fomento basada en subsidios, tarifas y precios públicos bajos, facilidades para los créditos, protección a partir de aranceles a la importación, exenciones fiscales y salarios bajos a los obreros.

Entre 1940 y 1990, el país vivió diferentes estrategias de crecimiento que se les ubica como: Crecimiento sin desarrollo (1940-1958); Desarrollo estabilizador, crecimiento sin distribución (1959-1970). Desarrollo compartido, crecimiento con deuda (1971-1982). Apertura y privatizaciones (1983 a 2018).

A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994), en México, se da un quiebre en su especialización productiva y nos sincronizamos al ciclo económico de los Estados Unidos, fundamentalmente en el sector manufacturero.

Estados Unidos perfiló su economía hacia los servicios (financieros y tecnológicos), trasladando a economías menores, como la de México, parte del ciclo de su actividad manufacturera. Este es un tema estructural que tiene que ver con la división internacional del trabajo y los cambios tecnológicos.

En las últimas tres décadas la inversión pública como porcentaje del PIB ha tenido una caída estrepitosa que nos lleva a registrar hoy día un poco arriba del 2%, y en términos reales es el 22% del total de la inversión productiva en el país, lo que quiere decir que más del 70% de la inversión es privada, entre nacional y extranjera. El 90% de las actividades no están relacionadas con el gasto público.

Desigualdades que se marcan con efectos tangibles en la diferencia de las regiones, y desigualdades entre capas de la población, cuando vemos que la apertura logró la introducción de bienes para consumo de sectores privilegiados.

En las últimas cuatro décadas el país ha crecido en promedio 2% del PIB. El PIB por persona en los últimos 30 años ha crecido solamente 0.5.

El pasado reciente y el desafío

presente

En el pasado sexenio la deuda pública neta pasó de ser el 36.4% del PIB a ser el 45% en su último año. En 2019 se ha logrado reducir a 44.7%. El exagerado endeudamiento que registra hoy día más de 700 mil millones de pesos anuales en servicio, que son recursos que se extraen a la economía. El presupuesto destinado a infraestructura y programas sociales es menor que el pago de la deuda.

Más del 50% de la población está en la informalidad. De los empleados formales, el 53% no alcanza comprar los productos de la canasta básica.

El saldo de la balanza comercial mexicana se manifestó deficitaria, pasando de 1,195 millones de dólares en 2011, al llegar a 14 mil millones en 2015, cerrando en 13,600 millones en 2018. La administración actual revertió esta tendencia obteniendo un superávit comercial de 3,145 millones de dólares.

En el entorno internacional las economías han dejado de tener altas tasas de crecimiento en bienes producidos y han crecido en volumen las transacciones comerciales y en los flujos de capitales. Es decir, no hay grandes incrementos de generación de bienes, lo que crece más es el número de negocios y las ganancias financieras, manteniéndose los mismos bienes tangibles producidos.

Se prevé una desaceleración mayor en el crecimiento de las economías desarrolladas y un moderado crecimiento en las economías emergentes.

Hacia un Estado distribuidor

A lo largo de estos 30 años vimos transitar un Estado interventor, promotor, regulador, privatizador, en tanto se venía desmantelando su papel de garante de un estado de bienestar. Después de cada crisis era más difícil la reparación económica en la postcrisis.

El elemento que no ha funcionado en las diversas estrategias de crecimiento ha sido la mejora en la distribución del ingreso, puesto que los indicadores de concentración del ingreso demuestran una tendencia hacia ampliar las desigualdades, a lo largo de la vigencia del largo ciclo.

Ante este entorno se plantea una estrategia a partir de una economía moral. El adjetivo instruye a hacer lo debido, con rectitud. El combate a la corrupción, el incremento al salario real y mayor gasto social para la población desprotegida, son buenos indicadores para hacer eficiente el uso de las finanzas y políticas públicas a favor del desarrollo, tanto sectorial como regional. Todo ello debe ser planeado e implementado con pulcritud.

El desafío está en que se requiere crecer, para ello se necesita más ingreso, y del ingreso y las inversiones depende el tamaño de la economía. El 2% del PIB de la inversión pública siempre será insuficiente (el 14% del PIB es recaudación y el 22% de la economía no paga impuestos). El componente de inversión privada es indispensable (una no sustituye a la otra, son complementarias).

La economía moral entonces requiere de un Estado Distribuidor, que fortalezca las instituciones, que propicie crecimiento y la mejor distribución del ingreso, cuyo fin último sea el bienestar. No será moral una economía que impide el bienestar al propiciar la multiplicación de la informalidad y empleos de baja remuneración, y que un reducido porcentaje de la población se quede con la mayor parte del producto.

Es necesario un Estado generador de un nuevo patrón distributivo del ingreso para fortalecer el mercado interno por el lado de la demanda. Un Estado que aliente el fortalecimiento de la base intelectual, científica y cultural para una sociedad más competitiva.

Un Estado que haga alianza con las universidades del país para que éstas cada día transfieran más valor científico y cultural a la sociedad. Un Estado que se vincule estrechamente con los sectores creadores de valor tangible, a partir de estímulos y reglas claras, y que aliente la redistribución de los beneficios del desarrollo, de manera más equitativa.

La economía moral tiene como uno de sus grandes objetivos la reducción de las desigualdades. Todos debemos contribuir a ello, junto con el autor del libro.

* Comentarios en la presentación del libro “Economía Moral” de Andrés Manuel López Obrador, en el XV aniversario de la fundación de la licenciatura en Comercio Internacional de la UADY.

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