Por Zheger Hay Harb
Luego de recorrer más de 600 kilómetros desde sus comunidades de origen la minga indígena ha llegado a Bogotá. Según la RAE minga es “el trabajo agrícola colectivo que hacen los indígenas gratis para beneficiar a toda la comunidad”.
Son Guambianos, paeces, totoroes, nasas, yanaconas, coconucos e ingas del sur del país movilizándose en sus coloridas chivas (buses abiertos en los cuales se transportan en sus territorios y cargan los productos de sus cultivos) armados con los bastones símbolo de su autoridad y sus banderas wiphala.
A lo largo de su recorrido se fueron sumando organizaciones sociales, líderes sociales y simpatizantes de su causa hasta llegar a 8.000 integrantes. También se sumaron 360 indígenas embera katíos que desde hace meses viven en un parque de Bogotá.
Los principales reclamos son por el olvido estatal en medio de la invasión de sus territorios por los actores armados; el asesinato de sus líderes sociales, la falta de interlocución con el Gobierno y la inoperancia del Estado ante la invasión de las economías ilícitas en sus comunidades.
No hubiera sido necesario que la marcha se prolongara tanto en medio de tremendas penurias si el presidente Iván Duque hubiera accedido a reunirse con ellos, pero el mandatario se negó rotundamente alegando que no aceptaba coacciones. ¿Coacciones de indígenas desarmados?
No parecía excesiva esa solicitud a un presidente que no ha dudado en reunirse con Maluma y otros cantantes livianos, eventos en los que resultaba difícil distinguir quién era el presidente y quién el cantante, pero Duque no cedió: expuso como otra razón para su negativa que la minga no respetaba los protocolos de seguridad como si no recordara que él fue el promotor del día sin IVA en el cual no hubo respeto ninguno por el distanciamiento social en las larguísimas filas que se armaron ni uso de tapabocas ni limitación de aforos en tiendas. Luego se vieron las consecuencias en el aumento de los contagios.
Tampoco se ha oído la voz del presidente de la República (que con tanta frecuencia invade terrenos de los otros poderes especialmente del judicial) para rechazar la conducta del Fiscal General, su íntimo amigo y compañero de pupitre en la universidad que en plena pandemia utilizó un avión oficial para irse con su hija menor, una amiga de ésta, su esposa y el Contralor General –también en el avión de su entidad- con esposa e hijos a la isla turística de San Andrés donde en un indelicado abuso de poder hicieron abrir tiendas cerradas por seguridad para que pudieran hacer compras que luego cargó uno de sus numerosos escoltas. Pero aquí no se prendieron las alarmas del presidente por el temor al contagio que esas conductas podrían propiciar.
Finalmente la Minga llegó a Bogotá donde la alcaldesa les dio la bienvenida e hizo adecuar las instalaciones del Palacio de los deportes con baños, lavamanos, carpas y todo lo necesario para garantizar la bioseguridad para alojar a los marchantes.
En una acción repudiable, no sabemos si como provocación para hacerla parecer como autoría de la Minga, apareció una valla en la que se pide la muerte del expresidente Uribe. De inmediato tanto la alcaldesa como Gustavo Petro y otros líderes de la oposición salieron a rechazarla. Algunos han aclarado que quieren al ex mandatario preso, no muerto. En todo caso esta valla es tan torpe como la de nombrar una calle de Miami con el nombre del ex presidente ex presidiario que fue respondida con una acción callejera que en la misma calle instaló carteles enumerando supuestos delitos y masacres que pretenden atribuirle.
La Conferencia Episcopal, la oposición, las organizaciones sociales y numerosos académicos y analistas políticos apoyan las reivindicaciones indígenas, pero la derecha representada principalmente en el Centro Democrático, partido de gobierno, rechaza la Minga y muy ladinamente disfraza su antagonismo presentándolo como preocupación porque las aglomeraciones propician los contagios. Una de las más radicales en su rechazo a la Minga, la senadora Paloma Valencia, oriunda del departamento del cual proviene la mayoría de sus integrantes, había propuesto hace meses que éste debería dividirse para que los indígenas estuvieran separados de los “blancos”.
Los uribistas interpusieron una acción de cumplimiento contra la alcaldesa porque supuestamente con su discurso de bienvenida a los indígenas y su alojamiento violó los protocoles de seguridad a lo que ella les respondió: “El uribismo que ha organizado marchas en Bogotá y Colombia para defender a su líder, que estaba preso, no puede decirle al país que para defender a un presidiario sí se puede marchar, pero para defender los derechos de los colombianos no”.
Otras voces desde la derecha han dicho que los indígenas no tienen razones para protestar porque son terratenientes. Olvidan señalar que esas tierras son patrimonio colectivo y que muchas de ellas corresponden a montañas y parques naturales que no pueden explotarse y de cuyo cuidado se encargan esas comunidades dando ejemplo de protección ambiental. Gracias a la labor de los indígenas y de comunidades campesinas empeñadas en la defensa del ambiente el déficit del país en ese compromiso con la comunidad internacional no es más deficitario.
Quedamos a la espera de la siguiente movida presidencial en respuesta a la Minga.