Por Ana Cristina Ruelas
En los últimos meses el Presidente ha publicado, en sus conferencias matutinas, una serie de “informes” especiales con la intención de respaldar dos afirmaciones que ha pronunciado una y otra vez desde que tomó el poder. La primera, que todos sus adversarios – los que no opinan como él – responden a ciertos intereses económicos vinculados a la mafia del poder. La segunda, que en el país existe libertad de expresión porque estas mismas personas pueden seguir manifestando sus ideas aún cuando vayan en contra del Presidente.
Los “informes”, como muchos otros contenidos que se proveen en las mañaneras, se generan a partir de fuentes dudosas y cuentan con una metodología altamente cuestionable. Sin embargo, todos sabemos que la rigurosidad no es el objetivo de lo que ocurre en estas conferencias sino ganar la narrativa a costa de quien sea y de lo que sea.
Por ejemplo, el 28 de agosto se presentó un “informe” en el que el Presidente busca advertir sobre el financiamiento extranjero de algunas organizaciones y medios de comunicación que han iniciado una serie de acciones en contra del proyecto “Tren Maya”. Dicha investigación señala al medio digital Animal Político por haber recibido fondos de la Fundación Kellog sin considerar que estos fueron recibidos entre 2017 y noviembre de 2018 cuando el Presidente todavía no iniciaba su gestión.
Luego, con la intención de mostrar su “tolerancia” hacia los medios críticos y la garantía efectiva de su gobierno a la libertad de expresión, el 25 de septiembre presentó un nuevo análisis de 148 artículos de opinión en ocho medios impresos en el que, sin señalar lo que se considera “positivo”, “negativo” o “neutro” y advirtiendo sobre el nombre completo de los autores, recalca sobre 63 artículos “negativos” para el Gobierno de la Cuarta Transformación versus once “positivos” y 21 “neutrales”.
En el mismo sentido la semana pasada presentó un nuevo “informe” analizando la información publicada por ocho medios de comunicación y a sus autores/columnistas comparando la información publicada en otros sexenios por esos mismos medios. El titular del ejecutivo concluye tajantemente que en México hay libertad de expresión porque es él el presidente de quien más notas negativas existen. El análisis, al igual que el anterior no explica los criterios para calificar la información, compara entre distintos tipos de contenido (columna, artículo, cartón) y tampoco considera variables importantes que darían lugar a explicar los resultados como los montos asignados de publicidad oficial a los distintos medios en este sexenio y los anteriores o, la existencia y preponderancia de algunos medios en los distintos sexenios.
No obstante, el problema más grande de todos estos informes es que reflejan el profundo soslayo del Presidente hacia la garantía efectiva de la libertad de expresión. Es decir, al tratar de ganar la narrativa con estos “grandes hallazgos” que terminan apuntando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil como si fueran objetivos en el blanco de ataque, él mismo refleja un ímpetu autoritario y un desdén terrible hacia aquellos que todos los días reciben agresiones por manifestar sus ideas o defender los derechos humanos.
Me explico. El ejercicio de la libertad de expresión no se reduce a la posibilidad de contrariar, criticar o perturbar al Presidente en turno, sino a manifestar las ideas sin miedo o represalias de cualquier índole y desde cualquier fuente. Aunque el Presidente considere que el suyo es parte de un diálogo circular, el hecho de publicar los nombres completos de un grupo de periodistas dentro de sus conferencias, etiquetándoles de contrarios al régimen, es una forma de intimidación política. Finalmente, él ya no es un actor político más, es la persona más poderosa e influyente en el país y a través de sus palabras manda un mensaje de “guerra” en contra de aquellos que considera “lo atacan” sin fundamentos.
Además, en su análisis el Presidente ignora que no es ni la única autoridad ni el único autor de las 609 agresiones contra la prensa que ocurrieron en 2019 o las 406 agresiones de este primer semestre de 2020. Es decir, hoy en día los medios y periodistas quizás sí puedan ser críticos del Presidente, pero esto no evita que sufran represalias.
Al no advertir que las realidades a las que se enfrentan los periodistas en el país son distintas a las que él afirma existen para sus “adversarios”, también olvida su papel de principal promotor de una política integral de protección que reconozca, por ejemplo, que su palabra puede incitar la agresión por parte de particulares hacia la prensa; que la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción en los crímenes contra periodistas; que aún cuando se haya reducido el gasto de publicidad oficial desde el gobierno federal eso no se traduce automáticamente en cero propaganda o más y mejor información a nivel nacional y; que aún existen varios estados de la República en donde funcionarios públicos utilizan la ley para perseguir o criminalizar la expresión, incluyendo a algunos diputados y senadores de su partido quienes están gestando un arsenal legal.