Por Ricardo Monreal*
Con la finalidad de enfrentar la crisis mundial de la década de los ochenta del siglo XX, México, como muchos otros países, adoptó una estrategia macroeconómica que abrió el sector público a la participación de capital privado en empresas administradas por el Estado. Este proceso se dio por etapas: la primera, enfocada en sectores clasificados como no prioritarios y, posteriormente, profundizándose en empresas consideradas estratégicas.
En este contexto, el sector ferroviario de México entró en un proceso de desestatización, y en 1995, a través de una reforma constitucional al artículo 28, fue reclasificado. Esta modificación tuvo como objetivo sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio de transporte público de ferrocarriles, por otro que permitiera la participación de empresas que, por medio de una inversión privada inicial y a largo plazo, obtuvieran concesiones para su operación.
Como parte de la reestructuración, el sistema ferroviario se segmentó de manera regional en tres vías troncales y una terminal de servicios de interconexión y maniobras en el Valle de México, así como en diversas líneas cortas. Cada uno de los concesionarios de estas vías podía explotar el servicio ferroviario de carga en los términos y condiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público Ferroviario y el propio título de concesión.
Como consecuencia de esta reorganización, en la actualidad México cuenta con un modelo híbrido adaptado que divide al sistema en tres grandes compañías regionalmente distintas y una terminal de ferrocarriles compartida en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo anterior, a su vez, ha distorsionado la competencia en el sector, reduciendo el número de competidores que pueden participar, debido al tiempo de las concesiones y al gran capital que se necesita invertir para poder participar.
Aun con estas fallas, hoy en día el sistema ferroviario nacional transporta el 26 por ciento de la carga terrestre de México, compuesta por una gama importante de sectores de nuestra economía, haciendo que se ubique en el onceavo lugar a nivel global en carga transportada, según datos del Banco Mundial. Todo esto gracias a que el ferrocarril es el medio de transporte ideal para cargas industriales que permiten abastecer con cemento y varilla a la industria de la construcción; con maíz y trigo, el consumo interno de tortillas y pan, así como con importantes insumos a la industria alimentaria. Participa también en la exportación de automóviles, importación de autopartes y aparatos de línea blanca y, en general, productos varios para la industria y los comercios del país.
Parte importante de repensar el sistema ferroviario nacional es impulsar por medio de mejores servicios de carga ferroviaria a las industrias que hoy son clave de la economía mexicana (energética, acerera, automotriz, agrícola y química, entre otras), y entrar en una nueva etapa de modernización de los ferrocarriles.
Todas estas consideraciones forman parte de una iniciativa presentada el pasado 30 de septiembre ante el Senado, para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en la cual también se plantea reducir, de 50 a 25 años, el plazo de las concesiones que el Estado otorga a empresas privadas, con lo cual se promueve que éstas vayan dando mejores resultados en un plazo más corto, y se les incentiva a proveer servicios de calidad. Es necesario avanzar hacia la modernización técnica y administrativa, subsanando las deficiencias, combatiendo la corrupción y generando condiciones óptimas para la competitividad que dé impulso a nuestra industria y redunde en bienestar para la sociedad mexicana.
*Coordinador de Morena en el Senado
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