A unas horas de formalizarse la alianza opositora “Va por México” que une a fuerzas políticas divergentes (PRI-PAN-PRD y sector empresarial), los dilemas de la representación política se profundizan. Mientras el país lidia con las dolorosas secuelas de la emergencia sanitaria y con la profundización de las desigualdades, en el Congreso, los partidos políticos se aferran al poder, desde el poder.
Al menos 436 diputados de los 500 que conforman la Cámara de diputados han expresado su intención de reelegirse. La valoración de su desempeño no proviene de la aclamación popular o de la capacidad demostrada en conducir el debate y la diversidad de intereses sino en la lealtad premiada por el partido.
La Constitución es clara al respecto, en el artículo 54 se señala que un partido no podrá contar con un número de diputaciones que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación. Y sin embargo, en el proceso electoral de 2018, la Coalición “Juntos haremos historia” integrada por Morena, PT y PES, tuvo 45.9 por ciento de la votación pero alcanzó 61.6 por ciento de las diputaciones. Esta distorsión de la representación, proviene de la forma en la que se asignan curules por los dos principios vigentes (mayoría y representación proporcional) ya que las coaliciones obligan a asignar diputaciones a cada partido por separado. Este esquema genera desviaciones como la que vimos con el PES: un partido que no ganó por sí mismo ningún distrito pero al que le fueron asignados 56 diputados de mayoría relativa.
Distintos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral han impulsado la idea de que esta distorsión se enfrente con solo verificar que el principio constitucional de la no sobre-representación se aplique tanto a partidos en lo individual como al conjunto de cada coalición. Esto se apegaría a la legalidad vigente y a la voluntad ciudadana al momento de votar. Evitaría la reproducción de viejas fórmulas de corte autoritario como lo fue durante años la famosa “cláusula de gobernabilidad” que garantizaba mayorías al partido dominante.
Si la Cámara de diputados fuera modelo de transparencia y rendición de cuentas se tendría la certeza de que no se desviarán recursos con fines electorales, sin embargo, los más de 400 millones de pesos de subvenciones a los grupos parlamentarios continúan siendo opacos y discrecionales tal y como lo ha observado la Auditoría Superior de la Federación. El secuestro del Congreso solo se evitará si se activan mecanismos efectivos de transparencia, fiscalización y vigilancia social. Solo así se conjurará la existencia de un parlamento de invisibles.
@louloumorales
Por Lourdes Morales Canales