Por Alejandro Calvillo
La negación al amparo que presentó Tomás Zerón para evitar presentarse a declarar en el caso de espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas por parte del Gobierno mexicano, abre la posibilidad de que se le pregunte: ¿a quién servía ese espionaje?, ¿a quién se le pasaba la información obtenida a través de ese sistema de espionaje que toma el control de toda la información en los celulares y que puede activar micrófono y cámara sin que el usuario pueda percatarse, además de registrar todo las claves de seguridad utilizadas?, ¿por qué además de insertar el malware espía a través de mensajes SMS, estos mensajes consistían en amenazas?
La primera denuncia pública del uso de Pegasus contra defensores de derechos humanos en México fue contra quienes promovíamos las políticas de salud pública recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para combatir la obesidad y que afectaban los intereses de las grandes corporaciones refresqueras y de la chatarra. El New York Times, que dio a conocer los resultados de las investigaciones que realizó el Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el malware que se había introducido en los celulares del investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, el coaordinador de la red de organizaciones Contrapeso, Luis Manuel Encarnación, y de quien esto escribe, director de El Poder del Consumidor, concluía que la información obtenida por este sistema de espionaje debería estar llegando, desde el Gobierno mexicano, a las grandes corporaciones de la chatarra y los refrescos. A la misma conclusión llegaron diversos medios nacionales e internacionales.
Las tres personas víctimas de este espionaje recibimos mensajes intimidatorios y amenazantes como parte de la estrategia para infectarnos con Pegasus. Es decir, no sólo se buscaba infectar y espiar, se buscaba intimidar, amenazar. Estas acciones coincidieron con nuestras actividades para promover el aumento del impuesto al refresco al 20 por ciento como lo recomendaba la OMS y diversos organismos internacionales y nacionales, y demandábamos el cambio del etiquetado frontal en alimentos y bebidas que Cofepris había establecido desde 2014 en contubernio con la industria.
El caso llamó la atención mundial por el uso de este instrumento altamente sofisticado vendido a gobiernos para ser aplicado exclusivamente en casos de combate al crimen organizado o en casos de seguridad nacional y que el Gobierno mexicano lo estaba utilizando para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas e, incluso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes invitados a investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La complicidad de funcionarios del Gobierno mexicano con el crimen organizado y los casos de violación a derechos humanos por fuerzas del orden expuestos públicamente por organizaciones de la sociedad civil, permiten entender que el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos servía al interés de los funcionarios coludidos con el crimen organizado o al frente de los actos de represión. De igual manera, el espionaje a quienes promovíamos las políticas de salud pública denunciando el contubernio de las chatarreras y refresqueras con la Cofepris y la Secretaría de Salud, servía tanto a esos funcionarios como a las grandes corporaciones, en especial, a las segundas.
Como lo hemos narrado anteriormente, el hecho de que se destaparan estos casos que pusieron a México como el peor ejemplo mundial de espionaje del Gobierno a la sociedad civil, se dio gracias a que en El Poder del Consumidor llevábamos dos años con asesoría en materia de seguridad digital, ya que habíamos sufrido varios ataques cibernéticos y de otro orden. Gracias a los protocolos establecidos, un mensaje de SMS que podría haber sido leído únicamente como una amenaza anónima, fue descubierto como un intento de infección con Pegasus a mi celular. Al hacerse público el caso y los mecanismos de infección, el tipo de mensajes, la supuesta procedencia, etcétera, fue que varios periodistas y defensores de derechos humanos se percataron que habían recibido mensajes similares y pudieron constatar, posteriormente, gracias a análisis de Citizen Lab, que también ellos habían sido víctimas de este malware que el Gobierno mexicano había comprado.
Por varios hechos que ocurrieron antes de la infección del Pegasus no me queda ninguna duda de que el espionaje sobre nuestra organización y mi persona por parte de las grandes corporaciones era una práctica que ya se venía dando y que vino a escalarse con el uso del Pegasus. Al revelarse el caso de Pegasus pude ver mensajes similares, con todas las características de Pegasus, en los celulares de otras personas muy reconocidas en el ámbito de la salud pública que prefirieron no hacer pública su circunstancia. Es decir, no fuimos los únicos trabajando por la salud pública que fuimos víctimas de espionaje, la acción fue mucho más amplia para defender los intereses económicos de estas grandes corporaciones.
Si el Gobierno mexicano quiere exponer a que grado se dio la penetración y complicidad de la administración anterior con las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, no sólo en la definición de políticas de salud pública en su beneficio, si no también, en materia, incluso, de espionaje gubernamental al servicio de esos intereses privados para evitar el avance de políticas urgentes para enfrentar las declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, deben jalarle la hebra a Zerón en este caso.
Es interesante ver la coincidencia en el tiempo entre la declaratoria de emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes de 2016 por parte del entonces Secretario de salud, José Narro, que no llevó a ninguna acción que pudiera afectar a estas corporaciones, y el uso del Pegasus para espiar a actores clave en el proceso de promoción de las políticas de salud pública recomendadas para enfrenta esas epidemias. No esta demás decir que las declaratorias de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes no fueron acompañadas de ninguna política para enfrentarlas, el D. Narro tenía sentada a la industria en la Secretaría de Salud evaluando las políticas contra la obesidad.
El caso forma parte de una larga historia internacional y nacional de interferencia de esta industria en contra de las políticas de salud pública, que como se ha documentado, es similar a la seguida por la industria del tabaco y la del alcohol: pago de campañas a candidatos, como Fox ya lo declaró al señalar que los primeros recursos para su campaña a la presidencia vinieron de directivos de Coca Cola; las puertas giratorias entre gobierno e industria, Genaro Borrego de dirigir al PRI a cabildero de FEMSA y después a FUNSALUD, entre una larga lista; el financiamiento a asociaciones de profesionales de la salud como nutricionistas, pediatras, salubristas, etc.; el pago de investigaciones a modo a académicos de muy diversas instituciones, entre muchas otras estrategias.
Sin embargo, el uso del espionaje como una herramienta para bloquear políticas de salud pública, no ha sido aún documentado, y el caso de Pegasus puede y debe ser el primero.