Ricardo Ravelo
Detrás de las fugas de tres narcotraficantes del Reclusorio Sur hay un penetrante tufo de corrupción. No puede entenderse de otra manera y así lo han confesado un par de custodios que, según su propio dicho, ayudaron a los presos en su evasión.
El caso no es menor y expone la fuerte corrupción que ha invadido al Sistema Penitenciario Nacional. Desde hace por lo menos veinte años las prisiones en México están controladas por el crimen organizado; los directores de los reclusorios, por decisión propia o forzados por los carteles, han entrado al juego de las complicidades y corruptelas. No puede entenderse de otra forma.
El crimen organizado opera en todo el mundo mediante pactos con los hombres del poder. México es un caso patético en esta materia: alcaldes, gobernadores, jefes policiacos, militares, marinos y empresarios forman parte de la red de corrupción que hace posible que el narcotráfico, por ejemplo, florezca en todo el territorio.
En Tamaulipas y Veracruz, Estados controlados por el crimen desde hace varias décadas, se conocieron los primeros síntomas de este terrible cáncer. Los gobernadores de esas entidades, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, así como Patricio Chirinos en Veracruz, con Miguel Angel Yunes como Secretario de Gobierno, le abrieron las puertas al crimen organizado. Este fue el período en que se encumbró en el poder criminal veraruzano Albino Quintero Meraz, “Don Beto”, pieza del Cartel de Juárez y socio en ese tiempo de Osiel Cárdenas Guillén, entonces poderoso jefe del Cartel del Golfo.
En el Gobierno de Eugenio Hernández, el narco tenía un representante en el gabinete estatal y éste era el encargado de controlar todo el negocio, manejaba las prisiones y daba órdenes para que muchos presos, todos ligados al cartel de Los Zetas o del Golfo, se evadieran y se reincorporaran a las actividades criminales. Todo ocurría con la complacencia de los gobernadores.
En Veracruz y Tamaulipas en varias ocasiones hubo fugas de narcos de las prisiones. El cartel de Los Zetas arribaba a las prisiones con sus hombres armados y ordenaban la liberación de sus secuaces.
El mismo modus operandi se observó en el penal de Puente Grande, Jalisco, en enero del 2001, cuando se fugó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces jefe del Cartel de Sinaloa.
“El Chapo”, según consta en las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), controlaba el penal: pagaba jugosos honorarios al director de la prisión y tenía en la nómina a todos los custodios, que terminaron convertidos en cómplices del capo.
Guzmán Loera era el rey de Puente Grande: organizaba fiestas, contrataba mujeres de la vida galante para sus orgías y las autoridades del penal se encargaban de concederle todos sus caprichos. Las investigaciones indican que hasta Viagra le surtían para aliviar sus problemas de disfunción eréctil.
La misma complicidad oficial se observó cuando Guzmán Loera se fugó por segunda ocasión de una cárcel de alta seguridad, esta vez del penal del Altiplano, en el Estado de México.
La versión oficial dice que el capo ordenó que le cavaran un túnel para evadirse. Lo cierto es que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ligaron al proyecto de la fuga. Todo estaba pactado con los hombres del poder. Nada fue fortuito.
En el Reclusorio Sur ocurrió lo mismo con la fuga de Víctor Manuel Flores Beltrán, “El Vic”, Luis Fernando Meza González y Yoel Osuna Navarro, todos ligados al Cartel de Sinaloa, la misma organización criminal que fue beneficiada en octubre del 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de Guzmán Loera.
El famoso “Vic” es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con sus antecedentes criminales, fungió como operador financiero del ex jefe del Cartel de Sinaloa actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Félix Félix –su padre– fue detenido en el 2011 y luego extraditado a Estados Unidos, donde tenía cuentas pendientes con la justicia. Allá fue sentenciado a catorce años de prisión por un juez con sede en San Diego, California, en diciembre del 2012.
Luis Fernando Meza González, el otro reo evadido, enfrentaba también un juicio de extradición por cargar en su haber acusaciones de tráfico de drogas y delincuencia organizada en Estados Unidos.
También se le relacionó con el lavado de dinero y, según sus antecedentes criminales, formaba parte del grupo de Víctor Manuel Flores Beltrán.
Yoel Osuna Navarro, el tercer fugado, enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en Denver, Colorado, donde tiene un expediente abierto por delincuencia organizada. También fue detenido con fines de extradición. De esta forma queda claro que los tres temían ser extraditados y pasar su vida en una prisión de Estados Unidos.
Antonio Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, debe ser investigado por la fuga de los tres capos, pues ésta no se explica sin la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.
De hecho, se ha denunciado que las estructuras de seguridad del Gobierno capitalino están contaminadas por el crimen organizado porque así las heredó Miguel Angel Mancera, ex jefe de Gobierno y actual Senador de la República.
Lo que no se esperaba es que el crimen organizado ya controlara las prisiones en la Ciudad de México, pero todo indica que los carteles se han afincado en la capital del país y ya cobran piso, según han denunciado los propios comerciantes.
En el Reclusorio Sur han ocurrido otras fugas. Una de las más espectaculares que se recuerdan es la del capo Otho Roberto Herrera García, “El Profe”, narcotraficante de origen guatemalteco.
Este personaje se fugó del Reclusorio Sur –el hotel de cinco estrellas para capos y políticos en desgracia– el 14 de mayo del 2005. Entonces el director de la prisión era Antonio Hazael Ruiz, actual Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
¿Quién ordenó la fuga de los capos? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Es otro apoyo para el Cartel de Sinaloa? ¿Qué papel juega dicha organización en el esquema político del gobierno de la Cuarta Transformación?
Estas preguntas quizá no tengan respuesta todavía, pero conforme avanza el sexenio muchos hechos apuntan a que el Cartel de Sinaloa es la organización consentida del poder.
Tras conocerse la fuga de los capos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación a fondo porque, dijo, es claro que hubo complicidad y corrupción, lo que acredita que tales problemas siguen en el Gobierno y que no se han erradicado, como él pregona.
La corrupción y la complicidad con el crimen ahí siguen, galopantes, aunque el Presidente diga que esto es parte del pasado.
(SIN EMBARGO.MX)