Pablo Gómez
Hemos tenido durante 20 años grandes y pequeñas reformas al sistema de justicia penal, pero, durante ese tiempo, la incidencia delictiva ha seguido en aumento como nunca en la historia. ¿De qué nos habla eso? Pues de que tanto el postulado punitivista dominante, como la tesis de que las reformas legislativas pueden contener la delincuencia, son ideas falsas.
Aunque parezca increíble, seguimos en lo mismo. Nuevos proyectos de leyes punitivas van y vienen de un lado para otro. Aunque ya dijo Andrés Manuel López Obrador que él no tiene proyecto alguno en esta materia, muchos senadores, algunos diputados, el fiscal y el secretario de Seguridad traen las alforjas llenas, como si no pudieran analizar qué cosa ha sucedido con tantas reformas que no han servido.
La declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, en general, contra el crimen organizado, con excepción del que existía dentro del Estado, llevó a la confrontación histórica más grande entre las bandas criminales. Todos los carteles se pusieron a disputar entre ellos los territorios y las rutas; reclutaron sicarios entre jóvenes desempleados y resentidos, así como entre desertores del Ejército; al tiempo, se empezaron a subdividir y, así, de unos cuantos carteles, un día México se encontró con varias decenas, enfrentados entre sí, pero sin que el gobierno pudiera frenarlos en lo más mínimo. Hoy son más que antes, tienen más reclutas y están mejor pertrechados, a pesar de sus miles de muertos y encarcelados. ¡Qué desastre!
El aumento de penas, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extradición antes de terminar juicios en el país, la incomunicación de reos, la creación del delito constitucional de delincuencia organizada, la extinción de dominio, etcétera, han fracasado porque no eran respuestas adecuadas ni efectivas: a nadie detienen. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es más un precepto constitucional en el papel que algo funcional y efectivo.
Ahora se quiere extender el arraigo a otros delitos, seguir aumentando penas, incorporar nuevos ilícitos al sistema de prisión preventiva oficiosa, crear un código penal nacional, establecer una ley de justicia cívica para todo el país, regular el funcionamiento de los antros directamente por parte de la Federación (sic), más otras ideas que no son más que la prolongación de lo que ya fracasó.
Sin duda tiene razón Andrés Manuel cuando dice que la guerra de Calderón fue algo así como revolver el avispero. Mas tendríamos que agregar dos cosas: las reformas no calmaron a las avispas y ahora tenemos mayor cantidad, las cuales están más furiosas.
Hace años, Felipe Calderón nombró a una persona como procuradora y, en su comparecencia en el Senado, le pregunté sobre cuál iba a ser su plan estratégico frente a la delincuencia organizada. Me respondió que consistiría en “aplicar la ley” y nada más. Los presentes volteamos a vernos a los ojos. Ella no se inmutó en lo más mínimo. Nada hizo. Duró poco. Creo que así habían estado antes las cosas y así siguieron.
El mayor problema de la política criminológica o, como se dice, criminal, es que ninguna ha funcionado bien porque no existen cuerpos capaces de ponerla en marcha, cualquiera que ésta fuera. Parece un chiste, pero es una realidad cotidiana, inicua.
Sabemos que lo principal son las reformas sociales, el cambio en el patrón de distribución del ingreso, el aumento de salarios, el empleo formal, el acceso a los servicios de salud y la educación pública para todos, en un marco de incremento de la productividad del trabajo social. Pero, de cualquier manera, se requiere una estrategia de lucha contra el crimen organizado.
Las matanzas entre delincuentes afectan al país en muchas formas, pero lo que más perjudica directamente son los delitos contra cualquier persona: el robo en sus muchas modalidades, especialmente con arma; la extorsión, que va en aumento; los feminicidios (homicidio de mujeres por motivos de género), que también son más; las violaciones y otros delitos sexuales, cuyos números totales se desconocen; el secuestro; la trata de personas; entre otros.
Si los carteles hicieran un pacto y dejaran de matarse entre sí, la estadística de homicidios dolosos y violentos bajaría mucho, pero, en realidad, para la sociedad, poco habría ocurrido. No es el número de esos homicidios violentos el que afecta directamente a la gente, pues en su mayoría son producto de disputas por el negocio criminal que sigue adelante sobre montones de cadáveres y cementerios clandestinos regados por casi todo el país. El mayor problema de los cárteles es que sus integrantes se dedican paralelamente a cometer delitos contra el común de la gente. Eso sí duele mucho.
Sin embargo, en ese mismo sentido, urge legalizar y reglamentar la producción, comercio, posesión y consumo de mariguana, el cual podría ser algo positivo. El prohibicionismo nos ha inundado de homicidios y de asociaciones criminales, además de corromper al Estado, pero no sólo en México, sino en todo el mundo.
Son pocos los delitos registrados del orden federal. La mayor persecución está a cargo, principalmente, de las autoridades de los estados. El problema es que éstas son extremadamente débiles y corruptas: la macabra mancuerna mexicana.
Sin embargo, no ha de ser con una disminución de potestades de las entidades federativas como se podría encarar la crisis delincuencial. Sería mejor fortalecer a los estados con una severa vigilancia y control, en el marco de la lucha efectiva contra la corrupción. De otra manera, terminaríamos en un Estado centralista, al estilo de los tiempos de Santa Anna, pero sin resolver ningún problema sino con unos nuevos, tal vez peores.
La estrategia criminológica debe ser precisada y planteada como obligatoria para todas las entidades federativas, al tiempo que éstas cuenten con los recursos suficientes para llevarla a cabo realmente, sin las simulaciones que se vieron desde Fox hasta Peña Nieto.
El camino del punitivismo legislativo está cerrado. Grande ha sido la experiencia. Sería el colmo que no se vieran los macabros errores de aquellos políticos de antes y que los de ahora cayeran en su repetición. Por ejemplo, con algunos toques de comicidad involuntaria, ha surgido inopinadamente la propuesta del control federal de todos los antros del país, bajo el argumento de que en éstos se han cometido muchos asesinatos con arma de fuego. Sin comentarios.
Si Andrés Manuel se ha deslindado de paquetes de reformas punitivistas, habría que aprovechar la coyuntura para insistir en otras posibles soluciones que están planteadas pero ignoradas.