Humberto Musacchio
Desde hace muchos años, fuera del gobierno se insiste en que hace falta una reforma fiscal que grave a los sectores de mayores ingresos, esto es, al uno por ciento que se lleva la parte del león del ingreso nacional. Y sí, se repite una y otra vez que es necesaria tal reforma porque en materia de recaudación México se encuentra en penúltimo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
En efecto, la recaudación promedio de los países de la OCDE es de 34 por ciento del producto interno bruto, mientras que México apenas recaba 16 por ciento, menos de la mitad. Se dirá que los integrantes de la OCDE son países ricos que pueden darse esos lujos, pero lo cierto es que también salimos mal parados cuando nos comparamos con naciones de similar grado de desarrollo como Argentina, Brasil y Uruguay, donde el fisco recaba el 30 por ciento del PIB.
Esos son los hechos, pero Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, pese a la insuficiente y decepcionante recaudación, considera que en México no es necesaria una reforma fiscal, pues, de acuerdo con la funcionaria, hay un amplio margen para obtener más ingresos.
En abono de su creencia, doña Raquel señala que 30 por ciento de las personas morales están pagando contribuciones (¿Y el 70 por ciento restante?) y los litigios fiscales suman 1.2 billones de pesos, cantidad que sería suficiente para financiar los programas sociales del actual gobierno o para cubrir dos años en el presupuesto federal de salud, lo que incluye a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE.
Pues sí, pero al parecer la señora Buenrostro Sánchez no está pensando en cobrar a los de mayores ingresos, sino a los de abajo, como lo evidencia su propósito de “facilitar al contribuyente su pago de impuestos para que no se le haga oneroso ni pesado”. A los grandes causantes no se les hace oneroso ni pesado acercarse al SAT ni cualquier otra autoridad, pues para eso disponen de un ejército de contadores, auditores, fiscalistas y abogados.
Los que están fuera del ámbito fiscal son los vendedores ambulantes, los puesteros, muchos artesanos, los merolicos, los boleros, los taqueros de esquina y otros trabajadores independientes. A esos quieren cobrar impuestos, no a los de arriba.
Sin temor a equivocación, se puede decir que la apuesta de la jefa del SAT es inevitablemente perdedora, pues difícilmente podrá ganar esos juicios por un billón 200 mil millones de pesos. No por falta de ganas, sino simplemente porque la judicatura se beneficia de ciertos fallos que bien envueltos en la jerga leguleya hacen pasar cualquier cosa por “justicia”.
Un buen ejemplo lo ofrece Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien promueve que los estados no puedan cobrar impuestos a los casinos, pues arguye que la Constitución reserva a la Federación, desde 1947, la facultad de legislar sobre apuestas y sorteos.
Se ha dicho hasta la saciedad que los estados y hasta los municipios deben elevar la recaudación fiscal y que hace falta más imaginación e iniciativa de los gobernadores. Ah, pero como desde 2017 ya se atreven a hacerlo, entonces interviene la Suprema Corte para que nadie toque los sagrados intereses de esas instituciones de beneficencia que son las casas de juego.
La argumentación de la ministra es para inscribirse en una antología del horror jurídico. Dice que hay una contradicción de fondo porque (Reforma, 6/II/20) “se crearon los impuestos reclamados al identificar una industria (sic) en crecimiento económico que permitiría incrementar la recaudación; pero por otra, se crearon para desincentivar el juego con apuestas”. Sí, para doña Yasmín no hay que desincentivar el juego porque se pone en peligro la “industria” de las apuestas.
Y mientras la Corte se entretiene en la defensa de los despelucaderos, las universidades públicas siguen cobrando por inscripción, exámenes y otros conceptos, pese a que la Constitución dice en forma inequívoca: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Pero eso no le preocupa a doña Yasmín, interesada en defender a los dueños de garitos. Así es esto de la “justicia” mexicana.
Y hay quien pregunta por qué se halla tan desprestigiado el Poder Judicial…