Santiago Corcuera Cabezut*
En estos tiempos de la pandemia del Covid-19, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha difundido diversos pronunciamientos de la propia OACNUDH o de expertos independientes del sistema de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre tales comunicados, quiero referirme a uno en el que diversos mandatarios de los Procedimientos Especiales expresaron que todas las personas tienen derecho a la vida y a los tratamientos médicos necesarios.
En redes sociales circulan informaciones falsas o imprecisas por las que se pretende asustar a la gente, aduciendo que, si el sistema de salud llegase a colapsar por el gran número de pacientes que requirieran de internamiento en hospitales, entonces el personal médico podría aplicar un supuesto “Código de Guerra”, en el que se procedería a practicar la eugenesia; es decir, seleccionar los pacientes que deban de recibir tratamientos y negárselos a otros, bajo criterios tales como descartar a la gente que ya hubiera vivido muchos años y dar prioridad a la más joven.
Lo anterior, los expertos de la ONU lo han rechazado de manera contundente, en un comunicado que puede consultarse aquí: https://bit.ly/2X5qFk2
Para no parafrasear, transcribo parte del texto del comunicado dado a conocer por la OACNUDH, con las citas textuales relevantes:
“Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a acceder a intervenciones que les salven la vida y la responsabilidad de garantizarlas reside en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una justificación para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes”, dijeron los expertos y las expertas. “Todo mundo tiene derecho a la salud”.
“Personas con discapacidad, personas mayores, comunidades minoritarias, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, personas afectadas por pobreza extrema y que viven en lugares hacinados, personas que viven en instituciones residenciales, personas detenidas, personas sin techo, migrantes y refugiados, personas que usan drogas, personas LGBT y de género diverso –estos y otros grupos necesitan recibir apoyo de los gobiernos.
“Los avances en las ciencias biomédicas son muy importantes para hacer realidad el derecho a la salud. Pero igualmente importantes son los derechos humanos. Los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas deben ser aplicados a todas las políticas relacionadas con la salud”.
Específicamente, la experta independiente respecto de los derechos humanos de las personas mayores, indicó: “Me preocupa profundamente que las decisiones sobre la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores en las unidades de cuidados intensivos, puedan ser tomadas únicamente en función de la edad, negando a las personas mayores su derecho a la salud y la vida en igualdad de condiciones con las demás personas”. (https://bit.ly/34b3qGJ)
Además, negar un tratamiento a una persona provocaría responsabilidad para quien lo haga, lo ordene, sea cómplice, coparticipe o encubra, pues caería en los supuestos de los delitos de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico, con penas que dependiendo del delito, pueden ir de tres a siete años, o seis a doce años de prisión, según la legislación vigente en la Ciudad de México.
Twitter: @CORCUERAS
*Expresidente del Comité Coordinador de los
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU