Por Gustavo De la Rosa ¿Cuántas veces las hemos visto en el cine, aquellas angustias que pasaban las familias británicas cuando los bombardeos alemanes de Londres? Así, como antaño se encerraban en sus refugios o viviendas que los resguardaban con el temor a que una bomba les cayera, nos encontramos en esta frontera, escondidos de los enemigos invisibles que representan el COVID-19 y la inminente crisis económica, pero también rogando a Dios que no nos toque una bala perdida.
En este Estado y en esta ciudad, incapaces de proteger a sus ciudadanos, cada quien hace lo que le viene en gana, sólo necesita la suficiente fuerza política, económica o colectiva para evitar las consecuencias jurídicas.
Tan sólo hace un par de noches, mientras mi esposa y yo descansábamos en nuestra sala de estar, el estruendo de seis disparos nos levantó de nuestras sillas para refugiarnos en la cocina, el espacio más lejano de la calle; un rato después, cuando ya estaban ahí los agentes de la ley, pude asomarme a la calle para descubrir que, al parecer, desde un vehículo en movimiento dispararon contra una unidad blindada que también transitaba por la avenida, a unos 30 metros de nuestra puerta. Y como la canción de Guadalupe Pineda, “nadie hablaba de ti ni de mí…”, no fue noticia en redes sociales ni motivo de sanciones penales.
En otro caso, antes de acabar la semana, un conflicto ocasionado por las viejas prácticas de corrupción de la Conagua y la tolerancia de la procuración de justicia desde el 2008 explotó en el rancho La Mojina, propiedad de un miembro de la familia LeBarón, que había solicitado permiso a la Comisión Federal de Electricidad para conectar una red privada de la propiedad a la red general de transmisión eléctrica.
Debido a que, según el dueño del rancho, se retrasaba la autorización de la CFE, se decidió conectar la línea sin ella y contrataron a una empresa que empezó los trabajos (es increíble que los empresarios agropecuarios serios e informados, con experiencia en los negocios, consideren que pueden conectarse directamente a la línea eléctrica nacional sin permiso); sin embargo, y sabedores que la impunidad es el entorno en el cual se desenvuelven los negocios en el Estado de Chihuahua, los campesinos del ejido Constitución, agrupados en El Barzón, decidieron interrumpir la conexión.
Esto desató un conflicto entre ambos grupos, con agresiones, lesiones y daños materiales; y dado que la familia LeBarón cuenta con protección policiaca debido a ataques delincuenciales que han cobrado la vida de varios de sus integrantes, éste terminó siendo un enfrentamiento entre campesinos y los guardias que protegen a la familia, ¿hubo procesados? No.
Días después, el Delegado Federal fue invitado al ejido Constitución; aunque el delegado Juan Carlos Loera escuchó al grupo comunitario y le pidió ajustarse al Estado de Derecho para buscar una solución conciliatoria, la reacción fue negativa y, para demostrarle que ellos tenían “derecho de incendio”, quemaron ahí mismo dos vehículos de propiedad Federal; algo similar sucedió hace unas semanas en el municipio de Delicias, aunque allí finalmente permitieron que se retirara sin llegar a los daños físicos. En ambos casos tampoco hubo consecuencias jurídicas.
Nadie en el país puede negar que vivimos una guerra sanitaria contra un virus que está recortando la esperanza de vida de aquellos mayores de 60, ni se ignora que la mejor estrategia para terminar con la pandemia es quedarse en casa, pero aun así, y a pesar del decreto del 31 de marzo, apenas la semana pasada logró detenerse la producción en unas 40 empresas locales, la mayoría maquiladoras, que seguían trabajando tres semanas después de estar obligadas a suspender actividades (y todavía quedan algunas laborando).
¿Por qué podían mantenerse activas? Porque, al menos en esta frontera, se vale desobedecer a la ley, y si no fuera así, ¿por qué las inspecciones para suspensión demoraron tres semanas? Sólo iniciaron hasta que hubo una reacción desde el interior de las empresas que seguían produciendo en condiciones de alto riesgo.
Como expresión suprema de que por acá la ley existe, pero no se observa, del 1 de enero al 24 de abril del 2020 se han acumulado 507 homicidios, una decena en los últimos dos días, lo que demuestra que los sicarios no están respetando el decreto de quedarse en casa.
(SIN EMBARGO.MX)