Dr. Ricardo Monreal Avila
La irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro país se presentó de manera súbita; se puede decir que tomó por sorpresa al mundo entero. Nadie imaginaba que en el primer trimestre del 2020 enfrentaríamos una crisis de salud pública a nivel mundial de magnitud tal que, hasta el momento, ha dejado un saldo de más de 310 mil personas fallecidas y poco más de 4.6 millones de contagios.
De manera paralela, tuvieron lugar otros hechos inusitados para nuestras generaciones: la parálisis casi total de las actividades económicas y la declaración no oficial de una especie de estado de sitio en un gran número de países democráticos, cuyas consecuencias serían difíciles de evaluar ahora mismo.
Nuestro país enfrenta en estos días el pico de contagios de la pandemia; al momento de escribir estas líneas y de acuerdo con cifras oficiales, suman 51,663 contagios confirmados y 5,332 decesos, pero gracias a la conciencia ciudadana y a la intervención oportuna de las autoridades sanitarias hoy contamos con una infraestructura de atención médica funcional y suficiente; asimismo, en semanas próximas se espera que los contagios vayan descendiendo paulatinamente.
A diferencia de lo que se observa en Estados Unidos de América, en donde hasta el momento se han reportado más de 90,000 muertes por COVID-19, en México, afortunadamente, tenemos un escenario más controlado y en muchos sentidos más positivo.
La Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició el pasado 23 de marzo, hace ya casi dos meses, concluirá el próximo 30 de mayo y entonces se podrá comenzar el reinicio, escalonado y controlado, de algunas actividades económicas, culturales, sociales y políticas que se realizaban antes de la irrupción del COVID-19 en territorio nacional.
Sin embargo, es preciso enfatizar, tal como lo han subrayado de manera reiterada las autoridades sanitarias, que el regreso a las calles y a las diversas actividades será bajo un esquema de nueva normalidad, en el que será indispensable considerar e integrar nuevos hábitos de higiene para el desarrollo de la vida cotidiana y nuevas prácticas de asepsia.
En esta nueva normalidad, en lo que se refiere a la convivencia cotidiana en la calle y en los espacios públicos, la distancia entre personas tendrá que ser al menos de un metro y medio, con el uso permanente de cubrebocas, protectores faciales y gel antibacterial.
Estas medidas deberán ser consistentes mientras se aprueban una o varias vacunas que ayuden a prevenir la infección por SARS-CoV-2, las cuales muy probablemente formarán parte de nuestro parque médico para prevenir las enfermedades estacionales.
Será necesario, pues, que toda la población tenga en cuenta estas consideraciones al regresar a las actividades que cada quien desempeña cotidianamente, pues la pandemia está lejos de concluir, y es fundamental que todas y todos pongamos de nuestra parte para evitar los efectos nocivos de un rebrote. Recuérdese, por ejemplo, que la altamente mortífera fiebre española se cobró la vida del mayor número de víctimas, justamente en los rebrotes que se dieron después de su aparición (1918-1919).
Sólo con la participación ciudadana y el estricto apego a las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y federales se podrá garantizar un manejo adecuado de la emergencia; no debe haber relajación alguna respecto de las medidas que hasta el momento han sido probadamente funcionales.
Igualmente, lo relativo a la vida pública se va a dar en el marco de la nueva normalidad. Cuando el Presidente de la República declaró en una de sus conferencias matutinas que la pandemia venía como anillo al dedo –palabras que en algunos medios fueron sacadas de contexto– enfatizó el hecho de que hoy, más que nunca, se tiene que moralizar el servicio público, lo cual resulta pertinente dada la gravedad de la contingencia actual.
La magnitud de la crisis sanitaria y económica de estos días hace pertinente la implementación de un nuevo modelo de Estado de bienestar, lo que no se refiere intrínsecamente a un Estado asistencialista o clientelar.
Ha quedado patente que el modelo económico neoliberal no funcionó; el aparato educativo y tecnológico, la infraestructura sanitaria y los servicios de salud, por mencionar sólo algunos casos, resultaron insuficientes para responder a una crisis de las dimensiones de la pandemia actual.
Que la economía pretenda ser regulada sólo mediante la “mano invisible” del mercado genera incertidumbres y falencias que obstaculizan responder satisfactoriamente ante la irrupción de una emergencia como la que estamos viviendo; en suma, el neoliberalismo es un modelo endeble y susceptible del colapso frente la parálisis económica.
Irónicamente, la elite que se aferraba a la no intervención del Estado en las actividades económicas hace apenas un par de semanas demandaba el endeudamiento público, para que los grandes capitales fueran rescatados del posible naufragio.
Impensable que lo anterior pueda darse; tal como lo señaló el Presidente de la República, sí habrá rescate, pero de los sectores más vulnerables y no habrá, en ningún momento, una solicitud por parte del gobierno mexicano a instituciones financieras internacionales para contratar más deuda. La instauración de un nuevo paradigma de bienestar es y será la opción más viable para nuestro país.
México heredó de sus gobiernos anteriores un sistema de salud al borde del colapso, por lo que la labor del personal médico y de salud durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19 es heroica. Nuestro país no puede permitirse la prevalencia de ese estado de cosas; es indispensable el rescate de lo que administraciones neoliberales dejaron en total abandono, por el bien de las generaciones futuras.
Un Estado de bienestar que propugne por la justicia social, democrático y transparente debe ser parte de la nueva realidad en México. Se ha hecho ostensible que los gobiernos de países desarrollados están virando nuevamente hacia un modelo que reivindica el papel estratégico del Estado en las áreas prioritarias del sistema sociedad; la sensatez aconseja aceptar que la era de la superposición del poder económico sobre las decisiones de los gobiernos ha finalizado; la voluntad popular expresada en el gobierno electo debe prevalecer para la protección del interés común por encima de los intereses particulares o de grupo.
Lograr el establecimiento de un nuevo Estado de bienestar es una de las apuestas de la 4T; esto no se puede lograr sin una moralización de la vida pública de manera integral; ésta es, pues, la nueva realidad.
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