Alejandro Calvillo
Donald Trump tiene el propósito de agandallarse la vacuna contra el SARS-CoV-2, de que sea de propiedad de los Estados Unidos, o de una empresa de ese país, y que decidan ellos a cómo la venden y a quién se la venden. En marzo del 2020 Trump trató de adquirir los derechos exclusivos de una vacuna contra el coronavirus que estaba desarrollando la farmacéutica alemana CureVac. Trump lo negó al igual que la empresa, pero funcionarios del gobierno alemán lo confirmaron. Pero no sólo hay gobiernos que quisieran tener la propiedad exclusiva de la vacuna, también, por supuesto, empresas farmacéuticas. Así lo expresó la empresa Sanofi que, en contubernio con autoridades de Salud de la administración pasada, estuvo cerca de meternos en México la vacuna contra el dengue, a pesar de las advertencias de la OMS sobre sus posibles riesgos que más tarde se confirmarían para retirarla del mercado. Sanofi declaró que estaba de acuerdo en que quien pusiera el dinero para la vacuna fuera su propietario.
Con la influenza del H1N1 en el 2009 varias naciones desarrolladas se pusieron en primera línea para la compra de la nueva vacuna sin considerar a las naciones más pobres, a las poblaciones más vulnerables que enfrentaban esa pandemia, sin considerar la necesidad de que la vacuna fuera dirigida a los sectores que más se exponían al riesgo, como los trabajadores de la salud, en todo el mundo. Poner en primer lugar a los cuerpos médicos, es la decisión más lógica en un contexto de una pandemia que afecta a todo el planeta y que estará circulando sin fronteras. Esa sería la medida más efectiva para todos, seguida de su aplicación a los grupos más vulnerables: personas con enfermedades crónicas, mayores de 65 años, etcétera.
El tema del acceso a la vacuna ya está provocando un fuerte debate internacional. Antecedido por la guerra por respiradores y equipos de protección personal a través de las cuales, incluso, se dieron actos que pueden ser clasificados de piratería internacional: el gobierno francés confiscando equipos de protección sueco al paso por su territorio con destino a España e Italia; Trump acaparando suministros de proveedores chinos ofreciendo pagar más a cambio de tener la garantía que toda la producción iría a Estados Unidos y a nadie más, la guerra por los respiradores, entre otras muchas otras acciones.
El 20 de marzo, el G20 llamó a “una respuesta global basada en la ciencia, transparente, robusta, coordinada y de larga escala, como parte del espíritu de solidaridad”, pidiendo fortalecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud para coordinar la lucha internacional en contra de la pandemia, incluyendo: “la protección de los trabajadores de salud que están en primera línea, el abastecimiento de material médico, especialmente herramientas de diagnóstico, tratamientos, medicinas y vacunas”, comprometiéndose a proveer inmediatamente los recursos al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS frente al COVID-19 (…) y a la Alianza por la Vacuna”.
Menos de un mes después de este pronunciamiento, el 14 de abril, Trump declaró que suspendería las aportaciones de los Estados Unidos a la OMS. Más tarde, ese mismo día, anunció que esperaría entre 60 y 90 días para evaluar el papel de la OMS, citando lo que supuestamente había declarado el editor de la revista The Lancet sobre la actuación de la OMS como “crimen en contra de la humanidad”. Ante el desastre en los EUA, Trump buscó desviar la atención a la OMS, a la vez de proteger la posibilidad de aplicar derechos de propiedad intelectual y patente si se hacía de la vacuna.
En esta misma lógica, el 19 abril, en otra reunión del G20, los Estados Unidos se negó a firmar la declaración que llamaba a fortalecer el mandato de la OMS. Sin el respaldo de los Estados Unidos, esta declaración no salió. El 24 de abril, la OMS realizó una reunión con líderes del mundo para un Acuerdo de Cooperación, los Estados Unidos se negó a participar. El Acuerdo, sin duda, fue un acto simbólico de reconocimiento a la OMS. Se dio un acuerdo de colaboración internacional para la investigación, estableciendo la necesidad de atender a las poblaciones más vulnerables. Se acordó que los tratamientos y las vacunas deberán ser provistos a toda la población. Se señaló que no debería repetirse la experiencia con la vacuna de la influenza H1N1 que llegó a las naciones en desarrollo hasta muy tarde.
Durante la Asamblea Mundial de la Salud, el 18 de mayo, la representación de Estados Unidos fue más allá, acusó a la OMS de ser responsables de la pérdida de muchas vidas. Esa misma noche Trump envió una carta a la OMS informando que suspendía sus contribuciones al organismo internacional, volviendo a acusarla de no actuar oportunamente a pesar de tener los reportes de lo que estaba pasando en Wuhan, China, “en diciembre o, antes, incluyendo reportes de la revista médica The Lancet”. Advertía que, si en 30 días no había avances, el retiro de fondos de su país a la OMS sería permanente. Un día después, el 19 de mayo, la revista médica The Lancet comunicó que nunca publicó un reporte en diciembre del 2019 como señaló Trump, que su primer reporte fue publicado el 24 de enero del 2020. Una vez más, Trump mentía.
La 73ª Asamblea Mundial de la Salud concluyó con la publicación de un acuerdo adoptado por consenso por los 130 países. El comunicado de prensa informó: “El acuerdo llama a la intensificación de los esfuerzos para controlar la pandemia y al acceso equitativo a una distribución justa de todas las tecnologías de salud esenciales y productos para combatir el virus”.
El más importante comunicado lo daría la OMS el 29 de mayo, el Llamado Solidario a la Acción “para lograr el acceso equitativo a las tecnologías de salud frente al COVID-19 a través de conjuntar el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos”. Varias naciones han declarado que firmarán este compromiso, pero en esta lista no se encuentran ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Canadá.
El mismo día del Llamado Solidario a la Acción, Trump anunció: “Estamos terminando hoy nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud….”. El impacto del retiro de EUA de la OMS en sus finanzas representa la pérdida de su contribución de 450 millones de dólares al año de un presupuesto total de 4.8 mil millones de dólares. Debe recordarse que antes de que el coronavirus fuera declarada una pandemia, la Casa Blanca ya había anunciado el recorte de su contribución a la OMS en 50 por ciento.
El Dr. Sandro Demaio, experto en salud pública y oficial médico de la OMS en enfermedades crónicas no transmisibles y nutrición, señaló: “El presupuesto global de la Organización Mundial de la Salud es alrededor de la mitad de lo que Nestlé gasta en publicidad cada año. El staff de la OMS en todo el mundo es de 7 mil trabajadores. Kmart tiene 34 mil en Australia”.
Lo que hemos vivido a escala global y nacional es una política de abandono de la salud pública. Debilitamiento de la OMS, debilitamiento de los sistemas nacionales de salud, privatización de los servicios, privatización de la investigación. En los hechos, en gran parte del mundo, los investigadores de instituciones públicas, pagados con recursos del Estado, desarrollan las bases para medicamentos y tecnologías que pasan a ser patentadas por grandes corporaciones, que después son vendidos como oro a los programas de salud, como los desarrollados frente al VIH.
Estas políticas han provocado que no exista un acuerdo global de cooperación para el desarrollo de vacunas, que es uno de los primeros objetivos de salud que se debería establecer para la seguridad de la población mundial en un sistema que tuviera el mínimo de racionalidad, en el que el interés público estuviera por encima del privado. Desgraciadamente, no existe este acuerdo. Cuando se tiene una iniciativa en esta dirección, es voluntaria, no hay compromisos obligatorios.
En un mundo gobernado por la ideología del libre mercado, lo que prevalece son barreras al acceso equitativo a las vacunas, barreras comerciales, derechos de propiedad intelectual, leyes de patente. Frente a estas barreras ya se han pronunciado varios gobiernos, entre ellos el mexicano.
La prevalencia de los derechos de propiedad intelectual y las patentes sobre la salud de la población puede significar la muerte para decenas y cientos de miles de personas. La postura en contra debe prevalecer, como lo expresa un manifiesto firmado por una larga lista de las más importantes organizaciones de la sociedad civil en el mundo: “Carta de las OSC: Llamado a detener todas las negociaciones de tratados de comercio e inversión durante el brote de COVID-19 y volver a centrarse en el acceso a suministros médicos y salvar vidas”.
“Los gobiernos de todas partes se enfrentan a la escasez de kits de pruebas esenciales y otros suministros médicos, como equipos de protección personal, como máscaras, ventiladores, vacunas y medicamentos. Las vacunas y los medicamentos potenciales para tratar COVID-19 están bajo prueba y desarrollo clínicos y no está claro si la propiedad intelectual será una barrera para su suministro, acceso y asequibilidad debido a las obligaciones actualmente aplicables según el Acuerdo de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –Aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) y los acuerdos de libre comercio”.
“La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debe ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, en los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y asequible a suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas”.
“Además, les pedimos que reconozcan que la pandemia de COVID-19 requiere un replanteamiento fundamental de los tipos de reglas que se negocian en los acuerdos comerciales, incluidas las que pueden fomentar los monopolios y reducir el acceso asequible a todas las formas de suministros médicos, y poner en riesgo la vida de las personas en todos los países del mundo”.
Estos temas son los que deberíamos estar discutiendo en los medios de comunicación y no cómo le sacamos raja política al momento, mientras se puede estar definiendo quién tendrá y no tendrá acceso a los medios necesarios para sobrevivir a la pandemia.
(SIN EMBARGO.MX)