Carlos M. Urzúa
En un reciente informe de las Naciones Unidas se estima que en el 2020 el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza crecerá de 41.5% (en el 2018) a 50.3%, mientras que el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza extrema se incrementará de 10.6% a 18.2%. Esas cifras se pueden presentar de manera más precisa, aunque también más estremecedora: debido a la crisis, el número de mexicanos pobres se incrementará en más de once millones, entre los cuales el número de mexicanos que vivirán básicamente en la indigencia se incrementará en más de nueve millones.
Los datos anteriores fueron entresacados del informe “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”, el cual acaba de ser publicado por las Naciones Unidas. En la segunda gráfica de ese informe puede también compararse, en particular, la situación de pobreza en México con la de todos los países de Centroamérica, Sudamérica y uno del Caribe (República Dominicana). Y esa comparación es igualmente estremecedora: México es el país donde se estima crecerá más el porcentaje de personas en pobreza extrema del 2018 al 2020.
Esos estimados son obviamente pronósticos que pueden resultar ser certeros o no. Además, la definición de la pobreza y la pobreza extrema que usa ese organismo internacional difiere un tanto de la empleada por el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social (Coneval). En poco más de un año sabremos las cifras oficiales para nuestro país, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levante en los meses próximos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, cuya periodicidad es bianual. Pero, la verdad sea dicha, es probable que los pronósticos de las Naciones Unidas no acaben siendo muy errados.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que, tras la crisis, el incremento porcentual de la pobreza en México podría ser mayor que en otras naciones? La clave está en la política macroeconómica que está siguiendo cada país para enfrentar el problema. Como cualquier libro de texto lo sugeriría, diversas comisiones de las Naciones Unidas lo sugerirían y como hasta el Fondo Monetario Internacional lo sugeriría, lo correcto ante esta crisis siempre ha sido adoptar una política de gasto contracíclica (en este momento de mayor gasto público) para amainar en lo posible la debacle.
Hay gobiernos, como el de Dinamarca, que han podido darse el lujo de blindar a sus trabajadores pagando temporalmente la nómina salarial de las empresas en problemas por la pandemia. Hay otros, como el de Estados Unidos, que además de tener un seguro de desempleo han entregado ayudas directas a los individuos y hogares con un ingreso menor a un cierto umbral, por no hablar de los apoyos a pequeñas y medianas empresas. Hay otros más, como es el caso de muchos gobiernos latinoamericanos, e inclusive de gobiernos estatales en nuestro propio país, que han cancelado o postergado el pago de diversas contribuciones fiscales. Pero el Gobierno Federal mexicano ha hecho oídos sordos a cualesquiera de esas medidas contracíclicas porque afirma, hágame usted el favor, que son neoliberales.
Estimábamos la semana pasada que, a pesar de los incontables despidos que ha ocasionado directamente la contracción del gasto público federal, la deuda pública de México se incrementará del 45% del PIB al 60% del PIB para fines de este año. En otros países se darán incrementos similares de su deuda pública, pero a cambio de haber blindado en la medida de lo posible a sus trabajadores para que no perdieran su empleo y a sus empresas para que no se fueran a la quiebra. Este blindaje va a permitir a sus economías una recuperación rápida y poco traumática. Lo que sucederá en nuestro país será lo contrario. Las empresas tardarán en renacer, si es que alguna vez lo hacen. La pobreza será muy difícil de abatir, y tomará años.