Ernesto Hernández Norzagaray
Luego del atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se ha dicho que el CJNG tiene en la mira de su pistola no sólo a este funcionario del Gobierno Federal, sino a otros que supuestamente habrían tocado los intereses de la organización criminal que esta semana refrendó la amenaza a través de un video que circuló en redes sociales.
Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, habría firmado la orden de extradición de Rubén Oseguera, mejor conocido como “El Menchito”, a una prisión federal estadounidense para enfrentar cargos por trasiego de drogas y lavado de dinero, que colateralmente provocó la detención de Jessica Oseguera que se habría presentado ante la Corte para acompañar a su hermano y conocer de las causas penales que tiene abiertas.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, quien ha congelado cerca de 2 mil cuentas financieras presuntamente ligadas a este cártel que el mismo García Harfuch acusa de ser el responsable del atentado ocurrido el 26 de junio.
Y, ahora, Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General, que tiene en sus manos los expedientes de los 21 detenidos del atentado en la Ciudad de México.
García Harfuch señala que el atentado se explica por las acciones que la dependencia a su cargo ha tenido contra la organización criminal Unión Tepito, considerada un eslabón del cártel tapatío en la Ciudad de México.
Y si bien el ataque técnicamente corresponde al ámbito local hay una línea constitucional y política que conecta con las acciones federales, por ser un tipo de delito de su competencia. Así, podríamos colegir que lo que opera un Gobierno local de Morena lo refrendó lo federal.
Ahora bien, ¿qué explica que el Gobierno Federal en el combate contra el crimen organizado ponga especial énfasis en el CJNG?
Si partimos de la experiencia histórica en la materia habría que reconocer que los distintos gobiernos parten de que estas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas –y a otros delitos– difícilmente podrían reducirse a nada.
Sea porque son organizaciones supranacionales, y con una extraordinaria capacidad de metamorfosearse en otras marcas criminales, o porque es un entramado complejo de intereses políticos y económicos.
Se les combate por su expansión y el alto nivel de violencia que practican, es decir, rompen la regla válida de desafiar el poder político y “calentar” las plazas en perjuicio del orden social, la ciudadanía.
Sucedió en el pasado inmediato con la organización criminal Zeta que se hizo famosa por la violencia que rebasaba, si existen, los límites de la crueldad humana, y por eso se volvió objetivo estadounidense y mexicano hasta prácticamente desaparecerla.
No sólo por la crueldad contra sus enemigos, sino por sus ataques contra las instituciones y la población civil. Y es que una situación de este tipo y sin control reduce significativamente la tarea básica de todo Gobierno: garantizar mínimos de gobernabilidad.
Las acciones del CJNG de las últimas semanas muestran estar en la vía de sus archienemigos los Zetas si llegan a confirmarse las sospechas: Primero, fue la desaparición-ejecución de la colimense Francis Anel Bueno, Diputada local de Morena, quien había desaparecido el 29 de abril en el poblado de Ixtlahuacán y sus restos fueron encontrados un mes después en una fosa clandestina; luego, en ese mismo Estado, vino el asesinato de siete policías que habían incursionado al sur de Jalisco acompañando a unos inversionistas mineros y semanas después, en ese Estado, ocurrió el asesinato del Juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas frente a sus niñas, lo que contradice lo dicho en el video mencionado de que no se meten con la familia y luego viene el atentado en el corazón de la Ciudad de México.
Afortunadamente García Harfuch salió ileso y se logró detener a la mayoría de los sicarios encargados de la operación. Pero son estas a las que están acostumbrados los cárteles poderosos. Recordemos aquella entrevista que la sinaloense Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico, concede en el 2008 a Julio Scherer y en ella menciona que estas organizaciones no necesitan reclutar gente, “porque hacen cola para ingresar en ellas” y “hasta le resuelven problemas al Gobierno al crear empleos”.
Más allá de estas apreciaciones polémicas habría que reconocer que estamos en un momento de mucha tensión, en una guerra entre un Gobierno y una organización criminal, y en los hechos se ha dejado de hablar de “abrazos no balazos” para hacer el trabajo de seguridad pública local o federal.
Y las acciones están a la vista en la Ciudad de México. Sea a través de la militarización “temporal” de la seguridad pública o del control del flujo de dinero por los circuitos financieros. Y la reacción ha sido inmediata y es de esperar más. Es más, ya llegó en forma de video.
Creo, como muchos, que las organizaciones criminales han dado un paso adelante y es de esperar la respuesta del Ejército, la Marina y la Fiscalía, en colaboración con agencias estadounidenses y hablar de resultados en materia de pacificación.
Las cifras hoy superan los 30 mil homicidios dolosos en los últimos 18 meses. Sin precedente y eso obliga a demostrar que las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo fueron las correctas y que en el mediano plazo veremos un descenso en la cifra de criminalidad.
En materia de seguridad, junto con el bajo desempeño económico, está en juego la viabilidad del proyecto político de la 4T, hasta ahora las encuestas le dan una bomba de oxígeno para profundizar en las reformas estructurales, pero esto no es para siempre, la gente irá exigiendo más y mejores resultados.
Las pérdidas en estos renglones son un insumo para una oposición que va a todas con el fin de cambiar la percepción de los ciudadanos, no está en una lógica de Estado, donde todos colaboran para que le vaya bien al país, sino en una lógica de suma cero, donde lo que el Gobierno pierde busca ganarlo la oposición y viceversa, el pasado de esa oposición cívica y política, y en particular de ciertos personajes impresentables, le sirven al Gobierno para una narrativa de contraste y confrontación.
O sea, las estrategias no colaborativas, propias de sistemas que no han madurado democráticamente, abren espacios que son cubiertos por agentes de este tipo de organizaciones criminales y buscan y muchas veces logran imponer su voluntad a los gobiernos de Estados y municipios.
Y mientras esto sucede, lamentablemente, la amenaza está ahí contra las instituciones, y los llamados hombres del Presidente y él mismo.
Al tiempo.
(Sin Embargo.mx)