Por Ana Cristina Ruelas
En el mundo, la libertad de expresión y el acceso a la información están sujetas a una gama muy diversa de fuerzas globalizadoras a las que cada día se suman nuevas formas de silenciamiento o estrategias de censura. Los gobernantes de distintos países aprenden entre sí nuevas tácticas represivas que permitan mantener el poder y cada vez es más difícil que los mismos gobiernos opten por el riesgo democrático que implica el escrutinio ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el poder que brinda el autoritarismo.
Así, mientras continuamos luchando por combatir las asesinatos a periodistas y eliminar el uso pernicioso del aparato judicial para acallar a la prensa a través de la restricción a su libertad, ahora nos enfrentamos a un vasto arsenal que busca reprimir la expresión en el espacio físico y digital –a costa de la que sea– a fin de confundir a la ciudadanía y mantener los sesgos informativos que permitan controlar a la población y mantener las históricas formas de abuso de poder.
Desde la llegada de Donald Trump al poder, hemos visto el impacto de sus políticas en el reconocimiento de derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, la estigmatización y el cuestionamiento de la veracidad o imparcialidad de la prensa se ha convertido en la “nueva normalidad” en la que se conducen la mayoría de los funcionarios de alto nivel de los países latinoamericanos incrementando así los niveles de violencia y vulnerabilidad a los que se enfrenta la prensa. En México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente, el descrédito, la nulificación y el estigma a la prensa ahora son parte del argot político y se justifican con el argumento del “derecho de réplica”.
Lo anterior a pesar de que los principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son claros al advertir que “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión” y que a nivel internacional, los relatores especiales de libertad de expresión de los sistemas regionales de derechos humanos y de la ONU, han reconocido que el estigma y la criminalización de parte de altos funcionarios figura como una amenaza política.
Para las y los periodistas que cubren las fronteras en un contexto de alta conflictividad migratoria, también los riesgos han aumentado ante la sumisión gubernamental al país del norte. Basta con recordar que, de acuerdo a una investigación de NBC 7, el gobierno de Estados Unidos hizo una base de datos secreta con datos de periodistas y activistas que seguían a una de las caravanas de migrantes que intentó cruzar la frontera a finales del 2018 y principios del 2019 y que el gobierno mexicano prohibió la entrada a tres periodistas.
Por su parte, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) provocó una serie de cambios radicales al régimen de derechos de autor incorporando los aspectos más regresivos para la libertad de expresión previstos en la legislación americana, haciendo prevalecer los intereses económicos de las empresas extranjeras sobre los derechos humanos reconocidos en México. De esta manera, copiando el modelo de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de 1998 (DMCA), el Congreso mexicano aprobó el robo hormiga de información a través de un mecanismo de “notificación y retirada de contenidos” a través del cual, sin necesidad de corroborar el argumento del “sujeto de los derechos de autor”, las plataformas digitales deben eliminar los contenidos, cualesquiera que éstos sean y aún cuando se trate de un discurso legítimo o información de interés público. Además, este mecanismo –importado para el beneficio americano y el detrimento mexicano– puede privar del acceso a contenidos de dominio público que cuentan con licencias abiertas o que entran en las excepciones previstas en la Ley Federal de Derechos de Autor.
Finalmente, desde hace varios años China ha decidido bloquear ciertas aplicaciones y censurar su contenido, ahora Trump advierte que si la aplicación Tik Tok no es adquirida por alguna empresa americana, será bloqueada pues, a su modo de ver, representa una amenaza a la seguridad nacional. Estas decisiones atentan contra la naturaleza abierta, libre y plural de Internet, pues cuando un gobierno prohíbe el uso de una herramienta, inhibe al mundo entero del debate local y los temas que se gestionan a nivel nacional. Así, la tendencia colonizadora de los países poderosos como China y Estados Unidos hacia Internet tiene un claro reflejo en las tácticas del gobierno mexicano para cerrar el espacio cívico digital, buscando remediar la crítica y el escrutinio ciudadano a través de iniciativas y decretos con el argumento de “discurso de odio”, “seguridad nacional” o “la protección de la reputación”.
La pregunta final es, ¿por qué nos cuesta tanto aprender sobre la libertad y no sobre la represión?
(Sin Embargo.mx)