Por Sarahí Salvatierra*
La asignación de presupuesto para el 2021 demuestra que las agencias a las que se les encomienda el combate a la corrupción no necesariamente son las que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El pasado 8 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados el paquete económico –el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021 (PPEF 2021)–. Especialmente este año, su salida generó muchas expectativas para saber hacia dónde se iban a dirigir las prioridades del gobierno, debido a la situación de pandemia y el anuncio del endurecimiento de medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica.
Desde el inicio de su Gobierno y en el pasado segundo informe, el Ejecutivo Federal ha reiterado que el combate a la corrupción es una de las agendas prioritarias, pese a las medidas de austeridad. Incluso, la propia austeridad se ha planteado como un eje para el combate a la corrupción. Al respecto, desde el 2019 se han realizado diversas reformas y acciones.
Sin embargo, avanzar en el combate a la corrupción no sólo tiene que ver con aplicar medidas de austeridad, también se requiere del fortalecimiento institucional, y gran parte de ello depende de la asignación presupuestal y de suficiencia de recursos para que las agencias anticorrupción cuenten con activos humanos y físicos para el cumplimiento de sus fines.
Desde el año 2020 se ha encomendado esta labor a ciertas entidades, principalmente la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y se ha desdibujado el rol de otras, como la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), lo que se sigue reflejando en el paquete económico para el 2021.
Para este año, el PPEF 2021 aumentó en un 8.5 por ciento el presupuesto para la FECC, al pasar de 114 mdp en el 2020 a 124 mdp. Lo anterior es relevante y positivo por el papel estratégico que tiene esta fiscalía especializada en la investigación y persecución de los delitos de corrupción. Especialmente ahora que se ha dado prioridad a las investigaciones de casos emblemáticos de corrupción, como es la extradición de Emilio Lozoya para continuar con las investigaciones en torno al caso Odebrecht.
El INAI tuvo también un aumento, si bien este es mínimo, de 1.2 por ciento más respecto al 2020, pasando de 908 mdp a 919 mdp en el 2021. Por el contrario, las instituciones que se vieron más afectadas presupuestariamente fueron la SFP y la SESNA, encargada de echar a andar pilares del sistema anticorrupción, como la Plataforma Nacional Digital o la Política Nacional Anticorrupción, así se reducirá 11 por ciento su presupuesto. Para el caso de la SFP se prevé una reducción de 8.1 por ciento de total de recursos asignados en el 2020, pasando de mil 512 mdp a mil 389 para el 2021.
Sin embargo, para el 2021, se le asignarán 64 por ciento más recursos a su Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y a otras unidades administrativas con funciones anticorrupción que no estaban contempladas en el presupuesto del 2020, como la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción y la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción.
Cabe destacar que, a diferencia de otros años, en el PPEF 2021 se incluyó un Anexo Transversal Anticorrupción, Anexo 31. Resalta la inclusión, en este anexo, de otras entidades que, sin ser parte del SNA, se les confía esta tarea. Tal es el caso de la UIF, que se ha caracterizado por detectar movimientos irregulares o desvíos de recursos, y que ha colaborado en la lucha contra el huachicol, en detectar el bloqueo a las cuentas de Emilio Lozoya y las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto. Para este año, se ve reflejado un aumento del 7 por ciento de su presupuesto, pasando de 157 millones de pesos en el 2020 a 170 millones de pesos en el PPEF 2021.
Otras agencias también consideradas en el PPEF 2021 para el combate a la corrupción son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es importante que, durante la discusión presupuestaria, el Congreso de la Unión garantice la suficiencia presupuestaria de manera integral a todas las dependencias involucradas en el combate a la corrupción. La apuesta debe ser por el fortalecimiento y coordinación institucional necesaria para que las estrategias tengan mayor éxito; por ejemplo, que el trabajo de la UIF se realice en coordinación con la FECC para que los hallazgos se sostengan hasta su judicialización. O que se contemple el trabajo de la SESNA y su rol de apoyar en la coordinación interinstitucional entre las distintas entidades que forman parte del SNA para que implemente efectivamente la política anticorrupción tanto a nivel federal como local.
(Sin Embargo.mx)
* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico