Por Irene Tello Arista
Cuando se pregunta a las personas cuál consideran que es el mayor problema del país, la inseguridad y la corrupción suelen ser las respuestas más recurrentes (Inegi, 2019). Además de ser preocupaciones constantes para los mexicanos, cada uno de estos temas se entrelaza de forma perversa con un común denominador: la impunidad. ¿Cómo combatir la inseguridad con los niveles de impunidad que subsisten en el país? ¿Cómo combatir la corrupción con la baja probabilidad de lograr sentencias condenatorias para los involucrados en las redes de desvíos de recursos? Por lo mismo, si se quiere hacer algo por cambiar la situación de estas tres problemáticas, se tienen que proponer soluciones integrales que consideren en conjunto estos temas.
¿Y por dónde empezar? Respecto al tema de inseguridad, en el país no puede dejarse de lado la importancia de fortalecer y profesionalizar a las instituciones civiles encargadas de la prevención del delito: las policías municipales y estatales. Y es que a pesar de algunas acciones que parecen indicar lo contrario, esta administración estableció el retiro del ejército de las labores de seguridad al terminar el sexenio.
La única manera de lograr esto es empezando a capacitar policías que puedan dedicarse a la investigación de los delitos. Para abordar el tema de la corrupción tenemos que voltear a ver las fiscalías anticorrupción. Estas instituciones son las encargadas de investigar y sancionar no sólo los delitos de corrupción, sino a los funcionarios de las propias fiscalías acusados de estos delitos.
Sin embargo, al ser parte de las mismas fiscalías, estas instituciones muchas veces prefieren no investigar a sus funcionarios, generando un incentivo perverso en las fiscalías que mantienen personal que tiene nexos con el crimen organizado y que vulneran el trabajo de investigación de los delitos que más nos afectan.
Respecto al tema de impunidad, un tema indispensable tiene que ver con aumentar la capacidad de investigación en nuestras procuradurías y fiscalías. Si estas instituciones no cuentan con peritos y expertos en ciencias forenses, será imposible que logremos reducir en algo los niveles de impunidad que tenemos. Los ministerios públicos, al ser abogados, no cuentan con el entrenamiento necesario para recopilar las pruebas que determinen quiénes son los responsables de cometer los delitos. Sin embargo, una buena coordinación entre peritos, ministerios públicos y policías puede producir investigaciones mucho más sólidas.
Estos son sólo algunos puntos, pero hay muchos más, por ello algunas organizaciones de la sociedad civil nos reunimos para generar un “Decálogo por la seguridad y la justicia”, el cual daremos a conocer en unos días. Este decálogo es una propuesta de 10 puntos para empezar a salir del círculo vicioso y peligroso que se forma entre la inseguridad, la impunidad y la corrupción. A pesar de la variedad de perspectivas y de propuestas en torno a estos temas nos queda claro que es urgente empezar a tener una agenda común que guíe la discusión y las propuestas.
Cada vez escuchamos más historias de los nexos que mantiene el crimen organizado con funcionarios de alto nivel de gobierno, gobernadores, procuradores y hasta un exsecretario de Seguridad Pública. Sin embargo, estas investigaciones tienen mayor probabilidad de éxito cuando se realizan en otros países y no en el nuestro. Para cambiar esta situación necesitamos una agenda en común en torno a los puntos indispensables a cambiar para lograr seguridad y justicia.