Por Jorge Gómez Barata
Todos los presidentes de Estados Unidos aspiran a nombrar algún magistrado para la Corte Suprema. George Washington designó a todos los de la primera corte. No obstante, el que más jueces nombró fue Franklin D. Roosevelt que al gobernar 12 años, tuvo oportunidad de promover a 8 letrados. El único que no pudo nombrar ninguno fue James Carter.
Estados Unidos ha tenido 45 presidentes, pero solo 17 presidentes de la Corte Suprema. Cuatro de ellos nombrados por George Washington. El primer presidente de la Corte suprema fue John Jay, el actual es John Glover Roberts Jr., nombrado por George W. Bush. Ocho de los jueces-presidentes murieron en sus cargos. En toda su historia la Corte Suprema ha tenido 114 jueces. Ninguno ha sido destituido de su cargo.
Aunque la Corte Suprema puede anular leyes y órdenes ejecutivas del presidente, gobernadores o alcaldes, solo puede hacerlo cuando estas entran en contradicción con la Constitución y en algunos casos con disposiciones anteriores de ella misma. El alto tribunal carece de facultades para inmiscuirse en la política.
La excepción más notable y que dio lugar a la mayor controversia de un presidente con la Corte Suprema fue durante los gobiernos de Franklin D. Roosevelt cuyas políticas económicas, denominadas New Deal, basadas en el abierto intervencionismo estatal en las cuestiones económicas, fueron rechazadas por la Corte que aplicó la doctrina Lochner, la cual dominó el desempeño legal estadounidenses desde 1937 hasta 40 año después.
La concepción se originó cuando fue juzgado el caso Lochner contra Nueva York motivado por un litigio en torno a la duración de la jornada de trabajo de los panaderos que fue limitada a diez horas por las autoridades de la ciudad, lo cual fue declarado ilegal porque contradecía la 14º Enmienda. La sentencia suprimió el derecho del estado a actuar como regulador de la economía, lo cual era exactamente lo que hacía Roosevelt en su empeño por reactivar la economía y salir de la Gran Depresión.
El presidente reaccionó tratando, entre otras cosas, de imponer una ampliación de la Corte a 15 jueces para cambiar a su favor la correlación de fuerzas. Aunque el proyecto no fue viable, las opciones de Roosevelt prevalecieron debido a la renuncia del presidente del Alto Tribunal, lo cual, unido al éxito de las medidas del presidente, su creciente popularidad y el inicio de la II Guerra Mundial aplazaron los debates.
Existe la presunción de que el presidente Donald Trump apura la elección de la jueza que sustituirá a Ruth Bader Ginsburg, recién fallecida, temiendo a la posibilidad de que el último round de la elección presidencial tenga como escenario a la Corte Suprema. No obstante, se trata de un procedimiento que toma tiempo.
En primer lugar, para elegir al sustituto, contar con su asentimiento y, antes de enviar la propuesta al Senado, tal como ocurre con una especie de nomenclatura de altos cargos, dar oportunidad al FBI para realizar de oficio una reservada, aunque exhaustiva, investigación para prevenir que surja algún impedimento o episodio incómodo como cuando Franklin D. Roosevelt nominó para juez del Supremo a Hugo Lafayette Black que había pertenecido al Ku Klux Klan y que a la postre fue elegido.
La prisa es mala consejera, sobre todo para Trump, poco apegado a los procedimientos regulares y sin habilidades para forjar consensos.