La terca realidad nos recuerda cómo la gestión migratoria y las políticas de cooperación en Washington, México y Centroamérica están muy rezagadas respecto a la crisis humanitaria en la región.
En EU el presidente Biden ha enviado al Congreso una reforma migratoria, que abre puertas a la ciudadanía a jóvenes DACA, y a quienes se encontraban sin documentos en ese país antes del 1 de enero de 2021. Se propone transitar de la criminalización bajo Trump, a un trato digno a los migrantes, sin que ello signifique estimular nuevos flujos hacia el norte.
En México, el hallazgo de 19 personas calcinadas, presuntamente migrantes guatemaltecos, el 23 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas, en la frontera con Texas, evidencia que estamos en el extremo opuesto de una migración “ordenada, segura y regular”. La falta de alternativas orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, como apunta la ONU: https://bit.ly/3poNVoL
En Centroamérica, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y las oligarquías locales le apuestan a exportar pobres que envíen remesas desde EU, dejando intocada una realidad de violencia sistémica, que borra toda esperanza de una vida mejor.
¿Qué hacer?
México debe expresar qué quiere en la nueva realidad migratoria —cómo combinar la seguridad fronteriza con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.
La pregunta obligada es: ¿resulta creíble seguir con prácticas que criminalizan la migración irregular, y al mismo tiempo decir que se tiene una política de cooperación al desarrollo? Si bajo Trump EU y México se coordinaron para combatir a los migrantes, ¿pueden ahora asociarse para proteger y respetar sus derechos humanos?
Con frecuencia se dice que en Centroamérica no hay interlocutores, pero esto no es así. En vez de exportar programas sociales mexicanos, y ante gobiernos irresponsables y oligarquías indiferentes, en Centroamérica tendríamos que trabajar supletoriamente en asociación con organismos de sociedad civil, fundaciones privadas, nuevos liderazgos en el sector privado, academia e iglesias.
El gobierno de Biden lo hará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID.
Una cooperación eficaz buscaría fortalecer las capacidades de los más necesitados en barrios, comunidades campesinas y pueblos indios, para gestionar la vida en común. Propongo empezar por construir entornos seguros para las mujeres y las niñas, e impulsar acciones para cuidar el agua y así combatir el cambio climático.
En sociedades plurales y diversas, los gobiernos no son el único actor público. Aquí no se trata de sustituir a los gobiernos, pero la gente pide respeto a su dignidad, siendo actores y protagonistas de su propio desarrollo.
En México, un grupo de centros públicos de investigación del @Conacyt, incluido el @CIDE_MX, hemos publicado propuestas para un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para las mayorías en el sureste mexicano y en Centroamérica: http://www.rtmg.org/thematic/publicaciones Migrantes, refugiados, y cada uno de nosotros buscamos lo mismo: el derecho a un trato digno, a ganarse honestamente la vida y a vivir en paz.
Por Carlos Heredia Zubieta