Luego de diez años de demandas, contrademandas y mucha, mucha controversia y publicidad, el excandidato presidencial por el Centro Democrático, exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por alianzas con grupos paramilitares al margen de la ley de las cuales -según el alto tribunal- se benefició en sus campañas políticas.
La condena es a 95 meses de prisión, en uno de los procesos judiciales por parapolítica más sonados del país. La sentencia incluye la inhabilidad vitalicia para desempeñar cargos públicos. Eso incluye presentarse a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado servidor público y contratar con el Estado. Dado que es una decisión de primera instancia, contra la cual cabe el recurso de apelación, Ramos podrá continuar en libertad hasta tanto se profiera la sentencia definitiva.
La investigación se inició por las declaraciones de Juan Carlos “el tuso” Sierra, uno de los más nombrados -y condenado- paramilitares, encargado de cambiar cocaína por armas, según se determinó en la audiencia de imputación de cargos ante juez de garantías en Medellín, quien acusó a Ramos y otros políticos antioqueños.
Según esas declaraciones, el senador Ramos concertó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC paramilitares) recibir dinero y apoyo electoral para su campaña al Congreso y, a cambio, interceder para que las normas que se aprobaran en relación con el proceso de desmovilización de los paramilitares les fueran favorables.
Sobre eso dice la Corte en su sentencia que “el ex senador brindó su concurso para que la Ley de Justicia y Paz (de desmovilización de esos grupos) fuera más benévola para ellos, como se discutió en el legislativo para el año 2005”, según el testimonio de varios de los principales jefes paramilitares. El exgobernador ha alegado que sus reuniones con los comandantes paramilitares se dieron en el marco de las negociaciones para su desmovilización, pero la Corte, contrastando las fechas, no aceptó esas alegaciones.
Según reza la sentencia “Es incontrovertible que siendo un ciudadano de tanta influencia en los asuntos locales, regionales y nacionales, accediera a aliarse con varios comandantes de los Bloques de las autodefensas, promocionando su actividad criminal y siendo complaciente con sus actos, lo que de suyo comportó un indiscutible reconocimiento de ‘legitimidad’ del ‘estado de facto’ paramilitar y configuró el envío de un distorsionado mensaje al resto de la colectividad”.
Agrega en su pronunciamiento la Corte que más tarde, ya como gobernador de Antioquia, esas relaciones continuaron. Con este fallo culmina la primera instancia de su proceso, luego de que la Corte ordenara en 2013 su medida de aseguramiento. El apoyo de los paramilitares a candidatos de sus afectos ha quedado comprobado en otros procesos por parapolítica en los que se demostró que esos grupos ilegales dividieron los departamentos por zonas, cada una de las cuales era asignada a uno de los candidatos de sus entrañas, como ocurrió en el departamento del Cesar por lo cual fueron condenados dos senadores elegidos gracias a esos constreñimientos armados.
Era la época de las investigaciones de la Corte suprema por la llamada parapolítica, que llevó a la cárcel a varios de los aliados del expresidente Uribe, lo cual ocasionó el enfrentamiento entre él y el alto Tribunal, parte del cual fue la interceptación ilegal, por parte del DAS, de las comunicaciones de los magistrados y las deliberaciones de la sala plena, hechos por los cuales hay varios condenados del alto gobierno de la era de Uribe.
Estaban tan seguros de su poder sin cortapisas que Mancuso, uno de sus principales comandantes, recibido como un héroe por la derecha en el congreso de la República, dijo que el 35 por ciento de ellos había sido elegido gracias a su influencia. Uno de los investigados por la Corte en ese momento -y luego condenado- era el primo del entonces primer mandatario Álvaro Uribe, el senador Mario Uribe.
El presidente llamó al presidente del tribunal para preguntarle por el proceso de su pariente, que el togado interpretó como presión indebida por parte del ejecutivo y eso ocasionó un enfrentamiento muy sonado entre las dos ramas del poder público. El expresidente Uribe y el partido Centro Democrático que dirige han tenido siempre a Ramos como una carta definitiva para la contienda a la presidencia de la República, aspiración frustrada por este proceso.
En homenaje a él ese partido hizo elegir a su hijo en el senado de la República con una plataforma de extrema derecha. En estos momentos de agitación política, ya iniciadas las campañas para las elecciones presidenciales del 2022, esta sentencia contribuirá muy seguramente a la polarización política entre la derecha, que alega que mientras la gente “de bien” es condenada, los “bandidos y secuestradores” de las FARC están en el congreso, y los defensores del acuerdo de paz que defienden el derecho de quienes aceptaron las reglas del juego de la democracia con la condición de dejar las armas, decir la verdad de sus crímenes, reparar a sus víctimas y comprometerse a la no repetición.
Es de esperar que estos pasos de la rama judicial y los de la Justicia Especial de Paz (JEP) confluyan en la lucha contra la intromisión de grupos ilegales en las contiendas democráticas.