Estados Unidos incorporó la defensa de los derechos humanos a su agenda de política exterior en la década de los 70 cuando, en medio de la Guerra Fría, Jimmy Carter buscó cambiar la percepción que se tenía de la potencia mundial como partidaria de dictaduras militares y regímenes totalitarios.
“No era tanto una herramienta para golpear gobiernos durante la Guerra Fría, sino para poner los reflectores sobre un tema—los derechos humanos—del que éramos acusados de darle importancia sólo cuando convenía a nuestros intereses”, me dijo Keith Mines, diplomático de carrera jubilado del Servicio Exterior tras más de tres décadas en cargos diplomáticos en media docena de países incluido México.
En lo que respecta a nuestro país, esa política se tradujo en negligencia y complicidad implícita con el aparato represivo de los gobiernos del PRI. Era más importante asegurar que México se opusiera al comunismo que llamarle la atención por su desastroso récord sobre derechos humanos. Washington se hizo de la vista gorda frente a la represión, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de disidentes y periodistas con tal de no mover el tapete al PRI.
El viraje para que los derechos humanos guiaran la política exterior resultó en la aprobación de una nueva legislación demandando que el Departamento de Estado presentara anualmente un “reporte amplio y completo” sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Se creo la Subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia. El primer volumen del Reporte “Derechos Humanos de los Países” se publicó en 1977. En 300 páginas, el informe analizó a 82 países.
La semana pasada, el Secretario de Estado Antony Blinken dio a conocer la edición número 45 correspondiente a 2020, haciendo hincapié en que los derechos humanos son universales.
A diferencia de cuando se imprimía, hoy el voluminoso documento es publicado en la página web del Departamento de Estado. A cargo de su elaboración está un equipo de profesionales de la diplomacia y del servicio civil de tiempo completo que recaba, centraliza y cataloga información y datos en las oficinas centrales del Departamento de Estado en Washington. Para garantizar continuidad y consistencia, el personal no es rotativo. Las secciones políticas de las embajadas de EEUU en el mundo se encargan de nutrirle información que proviene principalmente de medios de comunicación, organismos no gubernamentales y defensores de los derechos humanos.
El capítulo sobre México de 2020, por ejemplo, usa como referencia a más de 30 fuentes entre las que se hallan la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organismos no gubernamentales y académicos como Artículo19, Human Rights Watch, Comité para la Protección de Periodistas, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, Citizen Lab, Signal Lab, CIDE, México Evalúa, entre otros.
La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador tachó el informe de injerencista y criticó el financiamiento que recibe Artículo19 de “empresas extranjeras”. Le molestó particularmente que el documento señalara a Sanjuana Martínez, jefa de Notimex, por atacar a periodistas mujeres (“Directora de Notimex ataca a periodistas y organiza campaña de desprestigio en redes sociales” Artículo19, 12/05/2020).
“El ex director de noticias internacionales de Notimex Manuel Ortiz, informó que Martínez le ordenó que atacara a prominentes periodistas que cuestionaron el nombramiento de Martínez como jefa de la agencia. Articulo19 observó que los ataques eran muy serios pues puso en riesgo las vidas y carreras de las periodistas”, escribió el Departamento de Estado.
El informe de Artículo19 identifica los blancos de Martínez: “Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga”.
La negociación del TLCAN en los noventa dio mayor justificación a EEUU para ocuparse de México. Con la monumental tarea de obtener la aprobación del polémico tratado en un Congreso renuente a aliarse a un país con un sistema unipartidista, gobernado por un presidente sin credibilidad como Carlos Salinas, la administración de Bill Clinton echó toda la carne al asador para impulsar la apertura política en México.
Se creo la oficina operacional para “exportar la democracia” en el Departamento de Estado y se canalizaron cientos de millones de dólares para alentar la participación de la oposición al PRI y la observación internacional de los comicios de 1994. Organizaciones afines al PAN y al PRD, en el que militaba AMLO, se beneficiaron de los fondos “democratizadores” de EEUU. De no haber sido por el financiamiento de EEUU quizá el fin de la hegemonía del PRI hubiera tomado más tiempo. Eso es al menos lo que muchos creen.
Desde una interpretación ortodoxa de la doctrina de la no intervención, el reporte del Departamento de Estado es injerencista pues analiza y critica asuntos internos de 200 países. Aceptar o no esa realidad tiene que ver con la actitud que se tenga frente al papel de EEUU en el mundo.
Mines, quien contribuyó en su elaboración, concedió que, “por definición”, el reporte es “un tanto intervencionista”. Sin embargo, consideró que, si EEUU dejara de publicarlo, empeorarían los derechos humanos en muchos lugares donde es “referencia obligada” para la sociedad civil. “Es el tipo de injerencia positiva que EEUU ejerce decisiva y eficazmente. No hay que tomar muy en serio las criticas, ni arrepentirse o pedir disculpas. Las naciones respetan el reporte por eso se quejan. Les perjudica porque no quieren ser criticadas. Es la mejor muestra de su eficacia”, me dijo Mines.
En el mismo sentido, las donaciones de gobiernos y fundaciones filantrópicas a la sociedad civil, no sólo son totalmente legal sino reflejo del mundo interconectado e interdependiente en el que vivimos. Artículo19, que realiza un trabajo esencial en defensa del periodismo en uno de los países más peligrosos para ejercerlo, recibe financiamiento de los gobiernos de Gran Bretaña (su país sede), Irlanda, Alemania, Países Bajos, la Unión Europea y EEUU, naciones democráticas que han adoptado el cumplimiento de los derechos humanos en su política exterior.
En el pasado, recuerda Mines, China y Arabia Saudita, indignados por ser cotidianamente tachados de represores, intentaron pagar con la misma moneda a EEUU elaborando informes en los que denunciaban el encarcelamiento de menores y la pena de muerte. El impacto fue nulo.
EEUU no va a cambiar el papel de árbitro que se ha adjudicado durante casi medio siglo por las criticas de unos cuantos gobiernos que, encerrados en doctrinas y visiones obsoletas, no logran asumir el carácter universal de los derechos humanos y la globalización como realidades ineludibles.
Por: Dolia Estévez