Tras casi un mes de presionar al gobierno de Estados Unidos para que cese el financiamiento a grupos de la sociedad civil mexicanos que tacha de golpistas y traidores, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente obtuvo su respuesta: Washington no sólo seguirá apoyando a las ONGs y al periodismo de investigación que luchan contra la corrupción, sino que hacerlo será parte de una estrategia global.
La semana pasada, AMLO acusó a la Embajada de EU en México de repartir “frijol con gorgojo”, molesto porque EU no ha contestado a una nota diplomático del 7 de mayo demandando alto a los donativos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por su archienemigo Claudio X González, y a otros grupos que ataca regularmente en las mañaneras.
La respuesta pública vino en forma de una nueva directriz que, si bien aplica en todo el mundo, su destinatario implícito es AMLO.
En un amplio memorándum divulgado el jueves, Biden instruyó a 15 secretarías y dependencias de su gobierno—Estado, Tesoro, Defensa, CIA, NSA, Agencia de Desarrollo Internacional, etc.–a movilizar recursos para combatir la corrupción y los delitos financieros en EU y en el mundo (Memorándum para los Jefes de Secretarías Ejecutivas y Agencias, Casa Blanca, 03 06 2021),
Biden les dio un plazo de 200 días para presentar recomendaciones sobre cómo escalar el combate a la cleptocracia y al lavado, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil, de los medios de investigación periodística, del sector privado y de otros actores de supervisión y contrapeso.
Aunque el tema del financiamiento acaparó los titulares en México, de igual o quizá mayor importancia es la guerra que declaró Biden a los cleptodictadores y cleptopolíticos del mundo que vacían las arcas del Estado y usan el obsequioso sistema financiero internacional para lavar el producto de su rapiña.
Sabido es que los corruptos del mundo hacen sus negocios principalmente en dólares. Con la asesoría legal de caros despachos de abogados crean empresas ficticias. Y con la asistencia de banqueros ocultan los millones robados.
La política exterior estadounidense no sólo tolera sino alienta ese tipo de corrupción de gran calado. Así lo reconoce el memorando de Biden al afirmar que empresas fantasmas y servicios profesionales de su país permiten el flujo y lavado de riquezas ilícitas en EU y otros países avanzados.
Transparentar el sistema financiero estadounidense e internacional, como pide Biden, puede resultar en sanciones y acciones legales contra mexicanos que ocultan su dinero mal habido en bancos estadounidenses y empresas fantasmas a través de las cuales compran suntuosas propiedades.
Rusia, Malasia, Grecia, China, Colombia, Kazajistán y México destacan entre los países cuyos funcionarios, ex funcionarios, parientes y socios han comprado inmuebles con fondos de procedencia ilícita en EU, como documentó un reportaje que causó revuelo bajo el sexenio de Peña Nieto (“Stream of Foreign Wealth Flows to Elite New York Real State”, The New York Times, 07 02 2015).
En la lista de corruptos mexicanos con propiedades en EU destaca una creciente red de ex gobernadores: José Murat, Fidel Herrera, Tomás Yarrington, Cesar Duarte, Javier Duarte y su esposa Karime Macías.
Además, está el escandaloso caso de Elba Esther Gordillo, quien pese a haber sido encarcelada por desvío y malversación de millones de dólares sigue gozando de estos en libertad y con plena impunidad. Es dueña y señora de una residencia de lujo en Coronado, California, valorada en 4 millones de dólares.
Resquicios en las leyes de propiedad estadounidenses hacen casi imposible saber quiénes y qué tantos cleptócratas mexicanos son dueños de condominios, pent-houses y residencias de lujo en lugares preferidos: Miami, Nueva York y Houston. En Miami, los mexicanos en general están entre los clientes más disputados por los corredores de bienes raíces porque pagan en efectivo, me dijo un agente inmobiliario.
Tras el fin de la Guerra Fría, la política exterior estadounidense suplantó la lucha contra el comunismo por el impulso a la democracia, las libertades y los derechos humanos. Pero para muchos son conceptos vacíos en tanto los gobernantes sigan usando el poder político para saquear las arcas nacionales con la anuencia y ayuda de un entramado de regulaciones oscuras y avaros banqueros en EU y los países ricos.
Para la administración Biden, la corrupción es una de las razones centrales de la emigración centroamericana. El problema es que los millones de dólares que EU manda para promover la buena gobernanza, pueden terminar en los bolsillos de los gobernantes y no usarse para lo que fueron asignados. De ahí el énfasis en financiar a la sociedad civil y no a los gobiernos como en el caso reciente de El Salvador.
De acuerdo a algunos analistas, la corrupción es la principal gran razón por la que las guerras en Irak y Afganistán fracasaron. Los miles de millones de dólares que EEUU invirtió en esos países presuntamente para la reconstrucción nacional, terminaron enriqueciendo a una nueva clase de cleptócratas.
No es la primera vez que un presidente de EU trata de combatir la corrupción y el lavado. Tras un informe del Senado de EU, que documentó cómo la banca comercial lavó 500 mil millones de dólares de procedencia criminal en 2001, Bill Clinton catalogó el blanqueo de fondos como amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, no prosperó en el Congreso un anteproyecto de ley que hubiera reforzado los mecanismos contra el blanqueo e impuesto severas sanciones a los banqueros.
Por su parte, la administración Obama procuró fortalecer la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que en teoría prohíbe a empresas estadounidenses pagar sobornos a cambio de contratos. Su efecto ha sido mínimo.
Está por verse si la propuesta de Biden, que a primera vista parece tener más seriedad y fuerza que las iniciativas de sus antecesores, no se queda en buenas intenciones. El imperio transnacional de corrupción y rapiña, en el que están implicadas instituciones intocables de su propio país, no es fácil de derrumbar.
Por Dolia Estévez