Adriana González Carrillo, cónsul titular de México en Fresno, California y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), chocó contra un cerco cuando conducía en severo estado de ebriedad un SUV Dodge Durango 2020, con placas diplomáticas, sobre la carretera 41. El hecho ocurrió el domingo 17 de enero de 2021, pero no es hasta ahora que trasciende públicamente a raíz de mi indagatoria sobre una nota diplomática enviada por el Departamento de Estado a la Embajada de México. Con base en el reporte 21003170 de la Policía de Fresno, al que tuve acceso, la policía llegó al lugar del accidente a las 23:05 y de inmediato se percató que la diplomática mexicana conducía bajo intoxicación etílica. “Se salió de la carretera. Arremetió contra la cerca lateral. Balbuceó. Se le aplicó la prueba. Caminó erráticamente. No puede manejar”, dice el parte policial sobre el choque. No fue privada de su libertad por su condición de inmunidad. Fue recogida por su “compañera de trabajo” Linda Carrasco, cónsul de documentación en el Consulado de Fresno. La concentración de alcohol en la sangre de la panista cuando ocurrió el accidente era 0.14, casi dos veces por encima del nivel legal permitido de 0.08, consigna el expediente judicial M21904841 de la Corte Superior de California del Condado de Fresno. De acuerdo con el expediente que consulté, González renunció a su derecho a comparecer presencialmente el 18 de mayo ante la juez Mónica Díaz. Representada por su abogado Eddie Ruiz, no disputó los dos cargos por DUI (conducir bajo los efectos del alcohol), un delito no grave. La juez giró fallo inculpatorio. Fue sancionada con una multa por 1,521 dólares, un curso obligatorio para alcohólicos de tres meses y 88 horas de trabajo comunitario. En lugar de cumplir los 169 días en la cárcel en el condado de Fresno que merecía, la juez Díaz le concedió libertad condicional (probation) por tres años. Estará bajo la supervisión de la corte hasta el 17 de mayo de 2024. La próxima audiencia será el 18 noviembre a las 8:30 am. El 10 de junio, la Embajada de México regresó al Departamento de Estado la licencia diplomática de conducir que la dependencia federal expidió a nombre de González. Fuentes oficiales mexicanas, que pidieron no ser identificadas, corroboraron haber recibido una nota diplomática del Departamento de Estado que, afirmaron, fue en respuesta a un comunicado que la Embajada de México dice haber enviado el 25 de marzo sobre la “falta menor” de González. En la nota diplomática, con fecha 25 de mayo, la dependencia a cargo de Antony Blinken habría precisado que la cónsul debe acatar el fallo del juez y desahogar el proceso bajo las leyes de California sin privilegio de inmunidad. La Embajada me dijo que para tener acceso a las notas diplomáticas referidas debo solicitarlas a través de la Unidad de Transparencia de la Cancillería. En respuesta a mi correo electrónico pidiendo su reacción, que marcó copia a Roberto Velasco, González llama el DUI “infracción de tránsito” y dice que en los “próximos días” concluirá las horas de servicio de trabajo comunitario en un albergue para indigentes en Fresno. No pide disculpas ni ofrece renunciar. González distribuyó por WhatsApp a la red de cónsules mexicanos en California el “posicionamiento personal” que me mandó. Sin tener la menor idea de los hechos, algunos se preguntaron por qué hasta ahora y qué motivó la sanción de la corte. González y Tarsicio Navarrete, cónsul en Calexico, son cuotas panistas de Marcelo Ebrard, quien los nombró en 2019. González no tenía experiencia consular, aunque sí conocía de política exterior. Presidió las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado. Asimismo, dirigió el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. El DUI y la violencia doméstica son los delitos en que más incurren la comunidad mexicana. Casi siempre resultan en deportaciones fulminantes. A través de Twitter y Facebook, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos distribuyen infografías alertando a los mexicanos contra el peligro de conducir ebrios. Son preparadas por la Dirección General de Protección Consular de la SRE y enviadas con la orden a la red consular de difundirlas.“Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas podría ocasionar tu detención, arresto y deportación”. “¿Sabías que según el Departamento de Transporte de Estados Unidos mueren 30 personas al día en accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol?” “Los choques causados por conductores que se encuentran bajo la influencia del alcohol cobran 10 mil vidas en Estados Unidos”. González no es la única ni la primera. Una funcionaria que trabaja en la Misión Permanente de México ante la OEA comparecerá por DUI el 2 de agosto en la Corte de Distrito del Condado de Fairfax, Virginia. En 2015, el cónsul general en Atlanta, Ricardo Cámara Sánchez, fue detenido por conducir ebrio. La policía lo mandó a casa en un taxi, con un citatorio judicial. En grabación difundida por medios locales, el agente que lo detuvo le dice: “normalmente iría Usted directamente a la cárcel, pero debido a su estatus consular no puedo arrestarlo”. Tras pagar una multa por mil dólares y cumplir 40 horas de servicio comunitario, Cámara Sánchez, miembro del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajador, fue regresado a México. El descrédito ante la comunidad mexicana y el daño a la imagen del país no justificaban dejarlo. Fue reemplazado por el embajador Francisco Javier Díaz de León, quien sigue en el cargo. En el Condado de Fresno viven y trabajan más de 200 mil mexicanos, que no tienen los privilegios ni la protección política ni el dinero para defenderse que tiene su cónsul. Trabajadores que se dejan la piel en los campos agrícolas. El blindaje institucional del que está siendo objeto González sienta un pésimo ejemplo y envía un mensaje de doble moral. El delito de DUI no es una “falta menor”, como versa la narrativa oficial. Tampoco una “infracción de tránsito”, como tergiversa los hechos González. Es un delito reprobable ética y moralmente cuando el que incurre en él es representante del Estado mexicano, rostro y voz de México en el extranjero. No parece ser el plan de Marcelo Ebrard y sus alfiles retirar a González del cargo. Han decidido arroparla pese a su paradójico estado legal de “libertad condicional” y pese a haber perdido credibilidad y la capacidad de predicar con el ejemplo. Construyen una realidad paralela, en la que falsean el contenido de las leyes estadounidenses, y no informan hasta que una periodista pregunta y aun así lo hacen de manera amañada. Todo con tal de no dañar la imagen de la SRE y con tal de salvar un nombramiento político del Canciller. La capacidad e influencia de un cónsul para desempeñar el cargo y proteger con eficiencia a sus paisanos descansa, sobre todo, en su autoridad moral. Esa autoridad moral es la que le permite enfocar sus esfuerzos en una de las prácticas consulares más habituales: la prevención del delito. Es decir, informar, educar, concientizar a la comunidad para que no caiga en la comisión de delitos tales como la violencia doméstica, el daño en propiedad ajena y, justamente, el conducir un vehículo en estado de ebriedad.