El asesinato de periodistas e integrantes de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema, en la mayor parte de los casos asociada a bandas organizadas cuya actividad ilegal se pone en riesgo o es visibilizada por la investigación periodística.
El mecanismo de protección, diseñado en diferentes partes del mundo, es una instancia de atención que debe estar afinada, pues paradójicamente su uso implica la existencia de riesgo en la actividad de los comunicadores.
Revisar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como su efectividad es una medida necesaria que ha sido encomendada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Subsecretario Alejandro Encinas.
De mayo a la fecha han sido asesinados siete periodistas en diferentes estados del país. Desde 2018 son 43, de los cuales siete estaban en el mecanismo de protección federal, de la Secretaría de Gobernación.
El más reciente es el de Jacinto Romero Flores, periodista y locutor de Ori Stereo, asesinado en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el 19 de este mes. En marzo reportó amenazas y solicitó apoyo a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
El deterioro de la seguridad y el crecimiento de las organizaciones delictivas en las décadas pasadas detonaron agresiones contra periodistas que documentaron corrupción, pero también blanco de ataques.
El sistema de protección a comunicadores enfrenta retos y deja el peso de la responsabilidad en la intervención del mecanismo federal, que ocurre como reacción justo después de un aviso o amenaza.
Los comunicadores, lo ha dicho la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, necesitan de toda la protección del Estado para garantizar su trabajo.
Es necesario rediseñar la participación de los gobiernos estatales e involucrar a los tres órdenes para incrementar el monitoreo y efectividad de la cobertura, incluida la colaboración con la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR.
Únicamente seis estados cuentan con orga- nismos locales de protección en el tema: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Gue- rrero y Puebla. En el reporte más reciente, la cobertura del mecanismo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tenía mil 478 usuarios, la mayoría de las entidades federativas.
La agresión a periodistas es una práctica mundial, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU. La organización Reporteros Sin Fronteras contabilizó 50 comunicadores asesinados en 2020, y una tendencia que preocupa es que, mientras las muertes en zonas de guerra disminuyen, en países que se encuentran en paz van en aumento; en estas naciones se registra el 68% de los casos.
Una nación democrática demanda una prensa fortalecida y resguardada desde las instituciones, pero con plena libertad para ejercer su trabajo.