La cooperación contra el tráfico y consumo de drogas entre Estados Unidos y México tiene nuevos componentes, planteados y en curso por nuestro país: la contienda jurídica contra el tráfico de armas que llegan desde la frontera norte, y la entrega de recursos económicos para el desarrollo de naciones de Centroamérica.
Ambos aspectos marcan distancia de la criminalización y combate frontal contra el narcotráfico, como único o principal aspecto aplicado durante 13 años con la Iniciativa Mérida, cuyo avance es pobre a la luz del aumento en la violencia y tráfico de estupefacientes.
Por esas razones, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a nombre del Gobierno de México, ha declarado muerta dicha iniciativa, y ha enfatizado la necesidad de una estrategia diferente, enfocada al control de armas, la creciente migración y el desarrollo de los pueblos de la región.
El modelo de cooperación tiene esas rutas con el debate abierto públicamente sobre la responsabilidad compartida en el desordenado e ilegal acceso a las armas que nutren a grupos delictivos.
La visión de los gobiernos estadunidenses en favor de su seguridad nacional, apoyada por la industria cultural —películas, noticieros y literatura—, ha colocado a México como responsable de corrupción en su policía y protección a bandas del crimen organizado.
El dominio de esa versión, los daños internos sufridos por violencia y muerte en EU y una guerra sin estrategia emprendida en México durante la Presidencia de Felipe Calderón, obligó en 2007 a pactar el apoyo bilateral, con el fin de frenar el tráfico de armas y narcóticos, en la llamada Iniciativa Mérida.
De diferentes maneras, esa iniciativa de seguridad regional ha traicionado lo pactado. Su alcance incluye a algunas naciones de Centroamérica y El Caribe, pero en una parte de su aplicación, por ejemplo, se registró el fallido e ilegal operativo “Rápido y Furioso”, con el ingreso de más de dos mil armas a México.
A pesar de los signos de ineficacia, el Plan Mérida —también así conocido— se mantuvo en operación en el régimen anterior con altos costos sociales y humanitarios, al tiempo que se diversificaron los grupos delictivos en México y el consumo en Estados Unidos se constituyó como una demanda permanente.
La Iniciativa Mérida fue un fracaso. La detención de capos de las drogas no fue suficiente; la pugna de los grupos por el control del mercado y la violencia homicida relacionada no redujo, por el contrario, creció.
Y no solo el Gobierno mexicano ve muerto el plan. El informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos consideró también que solo un rediseño de la Iniciativa permitiría avances significativos. No hay marcha atrás para su desaparición.