Desde su campaña hacia la presidencia y una vez ganada ésta, el presidente Gustavo Petro ha puesto como eje de su programa de Gobierno la paz. Una vez posesionado ha ido perfeccionando la propuesta hasta radicarla hace dos días en el Congreso como proyecto de ley presentado con mensaje de urgencia.
Ese proyecto establece la paz como política de Estado, transversal e integral. Contempla la posibilidad de que las bandas delincuenciales puedan acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia, que incluye el desarme, y obtener beneficios jurídicos, con características distintas a los que se firmen con el ELN, las disidencias de las FARC y la Nueva Marquetalia, que serán de desmovilización y justicia restaurativa.
En cuanto al narcotráfico, el Presidente expuso ante a los delegados del presidente Biden su política: se prohíbe la fumigación aérea con glifosato y se privilegia la erradicación voluntaria y, sólo en caso de que ello no ocurra, se hará coercitivamente.
Frente a la extradición, dejó en claro que narcotraficante que no negocie con el Estado será extraditado; el que negocie y reincida será extraditado sin posibilidades de negociación; y narcotraficante que negocie beneficios jurídicos con el Estado y deje el negocio definitivamente, no será extraditado.
Informa el periódico El Tiempo que, una vez conocidas estas declaraciones, hubo una “inusual rueda de prensa en EE.UU., en la que el subsecretario de Estado Robinson advirtió que la propuesta “es obviamente algo que el Departamento de Justicia debe discutir”… Reconocemos la importancia de la extradición, pero esta es una opción que tenemos en nuestra caja de herramientas. Continuaremos negociándolo y discutiendo con el nuevo Gobierno”.
La extradición había estado vigente hasta cuando la Constitución de 1991 la prohibió. Era la época en que el narcotráfico tenía amedrentado al país; no es sino recordar la bombas que Pablo Escobar hacía estallar en Bogotá y otras ciudades con saldo de muertos y heridos. Era la época en que los narcotraficantes decían que preferían una tumba en Colombia antes que una celda en Estados Unidos y esa situación debió pesar en la decisión de la Asamblea Constituyente aunque también se debatía el atentado a la soberanía del país que significa entregar para ser juzgados en otro país a delincuentes que tanta sangre habían derramado en nuestro país.
Luego, en el 1997, fue revivida mediante un solo artículo que reformaba la Constitución. Una de los ponentes de esta reforma fue Piedad Córdoba, de quien Petro, cuando en la campaña le lanzaron a quemarropa la pregunta de si la extraditaría, dijo que sí. Hoy se debate si su hermano sería enviado por ese procedimiento a los Estados Unidos.
Después, la extradición ha ido perdiendo el terror que inspiraba porque se ha conocido que varios de los narcotraficantes extraditados negociaron con Estados Unidos y se han quedado a vivir allá. Sin embargo, en los noticieros de televisión se vio a Otoniel (temido jefe del Clan del Golfo, de cuya captura se dudaba porque su sonrisa permanente, la ropa limpia y planchada y las botas perfectamente lustradas que lucía cuando fue presentado a la prensa, hicieron pensar que había sido una entrega) llorar cuando lo subían al avión que lo llevaba extraditado.
Aunque la decisión sobre extraditar o no a un colombiano corresponde en última instancia al Presidente de la República, la política sobre el tema tendrá que ser concertada de alguna manera con los demás países, especialmente Estados Unidos, el gran receptor de extraditados. El presidente Biden ha dado muestras de querer implantar una política más flexible en el tratamiento del problema y sus acercamientos a Petro permiten esperar acuerdos relativamente pronto.
Las anteriores medidas complementan las propuestas de reforma agraria y transformación de la Policía y el Ejército en fuerzas de paz que respetan los derechos humanos. Por su novedad y porque implican la satisfacción de derechos preteridos durante tantos años, exigen una pedagogía intensa para que la ciudadanía los entienda en su exacta dimensión.
Dos hechos muestran que la claridad y la pedagogía son indispensables: por un lado, ante las invasiones de tierras que recientemente han organizado comunidades indígenas y campesinas, el presidente de Fedegan (gremio de ganaderos del que se predican nexos con grupos armados ilegales) lanzó un llamado a sus asociados para que se unan para impedir las invasiones de sus tierras y su expropiación que desde la campaña presidencial han querido atribuir como política de Petro. Con este llamado ha revivido el temor de la vuelta del paramilitarismo, que comenzó así, con la conformación de grupos de hacendados armados supuestamente para autodefenderse.
Por otra parte, en el Sur del país se han dado invasiones más o menos violentas por parte de campesinos y sobre todo indígenas. Eso ha obligado al Presidente y al ministro de Defensa a reiterar que el Gobierno respeta la propiedad privada, que la democratización de la tenencia de la tierra no implica la expropiación y que, de no abandonar las tierras invadidas mediante el diálogo, no habrá otro remedio que acudir a la represión.
El ejercicio del poder de un gobierno que llega a cambiar paradigmas tan arraigados necesariamente exigirá sensatez para evaluar, mediante la concertación, qué de lo planteado merece cambios y el contenido de éstos. El debate sobre la reforma tributaria y los cambios que el ministro de Hacienda le ha introducido de acuerdo con los debates con gremios y otros estamentos, es una buena muestra de democracia.