La última gran controversia del país político en Colombia, tan pródiga en confrontaciones de todo tipo, se presenta por el trino del presidente Gustavo Petro, en el momento en que un año terminaba para dar paso al siguiente, en el que daba cuenta de que se había declarado un alto al fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano, así como con las disidencias de las antiguas guerrillas hoy desmovilizadas, otras con tinte político pero con vinculaciones fuertes con el narcotráfico, y otras difícilmente consideradas como políticas; cinco en total.
Casi enseguida, un comunicado de la Presidencia informaba que el Gobierno se encontraba preparando los decretos que darían forma a la tregua con cada una de esas organizaciones.
De inmediato, la misión de verificación de Naciones Unidas, encargada como en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la verificación y acompañamiento del proceso, la Iglesia Católica, la OEA, la Defensoría de Pueblo, países garantes y acompañantes, y organizaciones sociales, así como comentaristas políticos, saludaron este avance en el proyecto de Paz Total del Gobierno.
El baldazo de agua fría corrió por cuenta del ELN, que en una carta de su máximo jefe militar, Antonio García, afirmó que ellos no habían firmado ningún documento con el Gobierno pactando ese cese y que solamente mediante ese acto protocolario y solemne (no fueron esas sus palabras, sino el sentido de ellas) entenderían que una tregua bilateral había sido convenida.
Era fácil que el Presidente se hubiera dejado llevar por el entusiasmo: el 16 de diciembre esa organización guerrillera había dicho que declaraba una tregua unilateral y las conversaciones en la mesa de negociación hacían creer a los delegados del Gobierno que iban por buen camino. Además, el hecho de que la tregua se hubiera pactado también con las otras organizaciones en armas debería haber hecho pensar al ELN que desaparecía su temor a que estando ellos en treguaaprovecharan para atacarlo.
También empezaron a conocerse voces de insatisfacción de la fuerza pública. Dos días después, la coronela de la policía Sandra Hernández dijo en rueda de prensa que no tenía ninguna orden oficial al respecto y que esperaba instrucciones para saber cómo proceder. Pero el ministro de Defensa aseguró que él personalmente, el 31 de diciembre, antes de que el Presidente anunciara el cese bilateral, había informado a los comandantes de las distintas fuerzas y al director general de la Policía Nacional, de ese hecho y de los decretos que se expedirían.
¿Errores de comunicación entre comandantes y subordinados? ¿Escasa aceptación y confianza de los militares en su ministro como a veces se ha rumorado? No está claro, pero es por lo menos inusual que una coronela dé ruedas de prensa sobre hechos tan sensibles.
El gran propósito de Petro desde su campaña presidencial, ratificado una vez que ganó la Presidencia, fue la paz. Paz con todos los alzados en armas y no solo con ellos, sino involucrándolos en la obligación de cesar sus ataques a las comunidades. Es decir, la paz que propone incluye exclusión de uso de armas contra el Gobierno y cese de hostilidades: un no rotundo al desplazamiento y el reclutamiento forzados y a la utilización de poblaciones como escudos protectores de los armados, contra su voluntad.
La salida del ELN es por lo menos inesperada en una organización que se dice revolucionaria, y tiene en cambio un matiz tinterillo. No importan los compromisos sino la firma solemne. Les faltó pedir la firma ante notario.
El ELN se considera a sí mismo representante del pueblo y en esa consideración el Gobierno viene adelantando asambleas regionales populares con resultados vinculantes para el Estado; estos siguen desarrollándose bajo la dirección del director nacional del Departamento de Planeación (DNP), un filósofo y economista de izquierda comprometido con la paz. No estamos en el Gobierno de Iván Duque que no veía otra salida que la guerra a los problemas nacionales. El Alto Comisionado para la Paz es una persona que ha dedicado su vida a la participación comunitaria comprometiendo hasta su vida en la defensa de las menos favorecidas. El jefe negociador es un exdirigente del M19 que hoy puede hacer política legal en virtud de la desmovilización de esa guerrilla.
Difícilmente podrían encontrar un ambiente más propicio, comprensivo de sus dificultades, y sus incertidumbres. Lo mínimo que puede decirse del ELN es que no ha sabido leer el momento político del país y su fatiga de la guerra. Están dando muestras de una miopía que no les permite ver que el Presidente se está jugando su prestigio y margen de maniobra al comenzar el proceso de paz por un alto el fuego y no dejarlo para el final como se hizo en el que se desarrolló con las FARC.
Así las cosas, es posible que de ahora en adelante las entidades nacionales y extranjeras comprometidas en el logro de la paz mi- dan muy bien sus acciones de apoyo para no resultar acusadas por el ELN de actuar sin su autorización.
Sería una vergüenza y un error imperdonable que el Gobierno logre pactar la paz con las otras organizaciones incluidas en la Paz Total y que el ELN, que quiere ser considerado el revolucionario altruista, el político, el de los grandes ideales, demuestre ser en la práctica menos político que esos a quienes mira por encima del hombro por no ser tan puros e idealistas como ellos.