El comandante máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Antonio García, ante el repudio general a su práctica continuada del secuestro, aún en medio del proceso de paz con el Gobierno nacional, dijo que “las acciones para conseguir economía no son violatorias al cese al fuego ni a sus protocolos”. No sé dónde el señor comandante ha leído los llamados protocolos adicionales, especialmente el segundo, a los Acuerdos de Ginebra, que contemplan las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) pero los secuestros, que eufemísticamente insisten en llamar retenciones, son una violación flagrante de esa normativa que se estableció como salvaguarda de la población civil.
Dijo, asimismo, como excusa que no sabía que los secuestrados (primero se llevaron a la pareja, pero por sus dificultades para caminar debieron liberar a la señora) eran los padres del famoso futbolista Luis Díaz, como si el error estuviera en la calidad social de los secuestrados y no en el delito en sí mismo.
Esa guerrilla dice y repite que el eje de su negociación es la participación ciudadana, pues eso mismo debería obligarlos a oír el clamor popular en contra del secuestro.
El ELN haría bien en recordar que las marchas multitudinarias contra el secuestro fueron un factor determinante para que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sentara a negociar con el Gobierno su desmovilización. Es que el secuestro es un delito que viola masiva y sistemáticamente todos los derechos de sus víctimas y que es rechazado por toda la población que sabe que cualquiera es su víctima potencial. Las cínicamente llamadas pescas milagrosas en que la guerrilla se apostaba en una carretera, detenía a todo el que circulara por ahí y lo llevaba secuestrado, fueron un punto de toque decisivo para que finalmente comprendieran que no había posibilidad de triunfo y que, lejos de que la gente los considerara un Ejército de liberación, eran radicalmente rechazados.
Siete años después de la dejación de armas, los exguerrilleros de las FARC, ahora senadores sin haber sido elegidos, sino designados en esos curules como parte del acuerdo, han cumplido con sus compromisos, pueden exhibir proyectos exitosos adelantados en las comunidades, han pedido perdón en repetidas oportunidades a sus víctimas y, sin embargo, las candidaturas presentadas como simpatizantes suyas son derrotadas.
El Ministro del Interior ha dicho que hay que darle al ELN una forma de subvención para su sostenimiento mientras estén negociando porque tienen un Ejército al cual deben mantener, pero el rechazo, aún por parte de personas partidarias de la negociación, es radical. La misma mesa de negociación la ha rechazado: pero hay una realidad innegable y es la necesidad de solucionar este punto en el acuerdo que se firme.
Todo depende de lo que se pacte y creo que el Gobierno debió haber respondido desde el mismo día del acuerdo de cese al fuego con esa guerrilla, cuando su jefe negociador dijo claramente que iban a seguir secuestrando. Debió de inmediato preocuparse por plantear fórmulas alternativas, tal vez de financiarles actividades comunitarias de los lugares en donde se concentren, o cualquier otra que definan de común acuerdo, pero ocurre que el ELN no ha aceptado concentrarse en sitios determinados como hicieron las FARC, con vigilancia de la Misión de Verificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esta semana que acaba de terminar, la Mesa de Negociación del Gobierno nacional con el ELN exigió la liberación inmediata de todos los secuestrados y dijo que cualquier discusión sobre financiación de las tropas sólo se hará “una vez que se aclaren los términos de su proceso de incorporación política en el escenario del fin del conflicto”.
Lo peor es que la actitud del ELN está en concordancia con la de otros grupos que el Gobierno quiere sumar a su generoso ofrecimiento de Paz Total: las disidencias de las FARC, que siguieron en la guerra pese a que habían firmado el acuerdo de desmovilización de esa guerrilla, secuestró a un grupo de militares en el Sur del país y anunció que se retiraba de las negociaciones con el Gobierno; y el Clan del Golfo, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha continuado con sus actividades guerreristas. ¿Con quiénes entonces acordará la Paz Total el Gobierno?