La búsqueda de la unidad en la diversidad es vademécum de España y parte de la esencia de la hispanidad, para cuya comprensión se requiere de una fina dialéctica.
Mi abuelo español destetaba al franquismo y a la monarquía, alertaba acerca del separatismo y temía a las consecuencias del republicanismo que llamaba aventurero. Para él, España vivía más allá de sus fronteras. Al respecto, contaba, Cuba inspiró a los catalanes radicados en la Isla, cuyo independentismo enraizó en Santiago de Cuba, donde en el 1907, un catalán, Vicenc Albert Ballester, creó la estelada, la bandera de los independentistas catalanes. Allí funcionó el Centre Catalá y en La Habana se editó la revista La Nova Catalunya.
Como ocurre desde hace siglos, España está en otro momento crítico, a punto de reelegir a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y al borde de la inestabilidad política derivada de la discutida gestión que llevó a negociar una amnistía a cambio de los votos de los catalanes. El problema no radica en que la ley propuesta exonere a los independentistas, sino en hacerlo como parte de una tratativa electoral.
Si bien la medida, tramitada dentro de los marcos de la Constitución y las competencias del Gobierno, no compromete el Estado de Derecho, tampoco cierra ningún capítulo, sino que abre otros, y prueba que, en política, todo es negociable y que la democracia, las urnas y las leyes son los mejores recursos para dirimir las diferencias.
El independentismo y el separatismo, corrientes que no son nuevas en España, un Estado multinacional formado por 17 comunidades autonómicas, en dos de las cuales, el País Vasco y Cataluña, se han desplegado intensas corrientes separatistas.
A pesar del dramatismo con que hoy se asume el indulto propuesto por el Gobierno encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en España hubo otras amnistías e indultos, incluso de mayor significación social y política que el actual.
En el 1977, cuatro años después de la muerte del dictador Francisco Franco e iniciada la transición a la democracia, se adoptó una Ley de Amnistía (todavía vigente) que exoneró a miles de políticos, funcionarios, militares, agentes del orden, magistrados y a todas las personas que, al amparo de la dictadura, incurrieron en delitos y crímenes contra las instituciones y las personas. Entre los exonerados hubo represores y torturadores, prevaricadores, incluso terrorista de ETA y elementos que formaron escuadrones de la muerte.
Como hoy, entonces, la Ley de Amnistía generó un fuerte debate a escala social, pues parte de la opinión pública consideró que tramitaba la impunidad para quienes cometieron crímenes y abusos, impidiendo que se supiera la verdad sobre el franquismo, mientras sus promotores la creyeron necesaria para sanar aquellas heridas y pasar la página de la dictadura. Al amparo de la ley, se han concedido más de 15 mil indultos.
Es obvio que, en torno a la ley propuesta, hay lo llaman en inglés lawfare, o sea, manipulación política de la justicia, lo cual es en sí mismo, cuando no un delito, una falta ética que, al ser cometida desde el poder, suma agravantes. No sería extraño que ello tuviera consecuencias judiciales para el Gobierno.
Tal vez por la herencia hispana, en América Latina son frecuentes las amnistía, los indultos y los perdones, las leyes de punto final y los llamados al olvido y a pasar páginas. Tales actos tienen de positivo que son actitudes generosas del poder que trata de reconciliarse con quienes lo desafiaron, como en este caso; aunque, a veces la generosidad abre puertas a la impunidad. Se trata de la dialéctica del proceso histórico. Buena suerte, España.
+