El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un hombre de convicciones firmes, tiene en su imaginario un país más equitativo, con justicia social. Su vida ha estado consagrada a esos ideales y, cuando en sus arengas públicas los expone, enardece multitudes que sienten que al fin alguien “desde arriba” se compromete con ellos.
Pero como la tramitación de esos ideales, su aterrizaje en la realidad exigen un pragmatismo que permita concentrarse en ello, sin perderse en asuntos poco importantes o por lo menos no tan urgentes y, sobre todo, sin casar peleas innecesarias.
En ese último punto, hay que preguntarse si la “pelea” por Twitter entre los presidentes Petro y Nayib Bukele, de El Salvador, tiene algún sentido. Es obvio que en política los dos mandatarios son como el agua y el aceite y Petro está en su derecho de fijar posición en ese sentido. Pero esa obsesión twittera que ya llegó a que el salvadoreño se burle del drama familiar de Petro por la supuesta corrupción de su hijo mayor, es descender demasiado en el nivel de la confrontación.
En momentos en que hay que concentrarse en cohesionar la coalición de Gobierno entre partidos disímiles con miras a la aprobación de las reformas a la salud, pensional, laboral y las leyes que la Paz Total demande, hay que evitar crear ruidos innecesarios que distraigan de los objetivos principales.
Otro de los distractores es la puja por el Metro de Bogotá, en la que se ha enfrascado con la alcaldesa Claudia López, progresista, del Partido Verde, y cuya esposa, la senadora Angélica Lozano, apoya en el Congreso las propuestas del Pacto Histórico, coalición de Petro.
El enfrentamiento se da porque en su Alcaldía, Petro dejó avanzados los estudios para la construcción del metro subterráneo en Bogotá. Pero a él lo sucedió Enrique Peñaloza en la Alcaldía, totalmente opuesto a lo que había dejado listo su antecesor; desechó los estudios sin importar lo que la ciudad había pagado por ellos y dejó, en cambio, otros para hacer el metro elevado.
A Peñaloza lo sucedió la actual alcaldesa Claudia López, quien se vio obligada, independientemente de si su preferencia hubiera sido por la opción subterránea, a continuar con lo que Peñaloza había dejado listo porque había avanzado en la contratación de las obras.
En la mitad del periodo de este Gobierno Distrital, ganó la presidencia Gustavo Petro y anunció que el apoyo de la Presidencia de la República al Metro de Bogotá dependerá de si este se hace subterráneo, tal como él lo había propuesto en su Alcaldía, porque de ninguna manera apoyaría la opción aérea.
Como el aporte de la nación corresponde al 70 por ciento del costo total de la obra, esa negativa supone olvidarse de la posibilidad de construir el metro. Esa pelea ha gastado tiempo y energías innecesarias para el caso mientras problemas acuciantes esperan solución.
Puede interpretarse como un empecinamiento que tiene más que ver con el ego del Presidente que con su convicción de que la modalidad subterránea sea la mejor.
Pero lo cierto es que hacer lo mismo que hizo Peñaloza, de tirar por la borda los esfuerzos y dineros de la Administración anterior con tal de imponer su capricho o criterio, no corresponde a un Presidente que tiene como lema el respeto de lo público como propiedad de todos.
Y, en medio de todo esto, se producen hechos de guerra por parte de organizaciones con las que hay que hacer la Paz Total, tanto de izquierda como de derecha, y se da el caso de los campesinos que mantuvieron secuestrados a 70 policías y el Gobierno reacciona bien, pero tarde.
En los sonados -y terribles por lo que suponen un drama familiar y personal-casos del hermano e hijo del Presidente, la actuación tardía contribuyó a agravar la situación. En ambos casos Petro hizo lo que debía, pidió a la Fiscalía que los investigara, pero dejó pasar un tiempo precioso que sus malquerientes han aprovechado para sembrar un manto de dudas.
Si la bancada en el Congreso colombiano es de coalición, el Gabinete ministerial también lo es, lo que hace indispensable un trabajo cuidadoso de concertación permanente.
En el caso reciente de la salida de los tres ministros, aparece como un gran lunar, aparte de la falta de modales del presidente, la afirmación de la ya exministra de Cultura de que su salida se debió a que la primera dama no la apoyaba, que sin su conocimiento se fue con su viceministro a visitar el proyecto de bandas musicales de Venezuela, lo cual equivale a una desautorización y que ella varias veces le pidió audiencia y nunca quiso recibirla.
Un ministro no tiene por qué contar con la aprobación de la Primera Dama, que no es funcionaria oficial, ni tampoco que pedirle audiencia; eso corresponde al Presidente. Ya tuvimos una pésima experiencia cuando doña Verónica, esposa de Petro, llamó a una vecina (según esta dijo públicamente sin que haya sido desmentida) para ofrecerle el cargo de Directora del Instituto de Bienestar Familiar, en donde fue escandalosamente ineficiente hasta cuando tuvo que renunciar. Y no es el único caso.
El presidente Petro está en mora de prohibirle a su esposa participar en funciones que corresponden de manera exclusiva a los funcionarios de su Gobierno. El que todas las que la precedieron en gobiernos anteriores lo hubieran hecho no puede servir de excusa. Este Gobierno no fue elegido para hacer lo mismo que los otros. Ya es hora de que el Presidente le dé tregua al Twitter. Treinta trinos en un día necesariamente le quitan tiempo valioso a la función de gobernar.