Acoso y Censura en la Política Yucateca: En defensa de la información en la contienda por la gubernatura

En las últimas semanas en Yucatán, hemos visto un aumento de volumen en la contienda por la sucesión a la gubernatura. Diversos aspirantes han incrementado sus actividades de promoción y difusión por distintos medios, con ejemplos como el de Liborio Vidal, Rogerio Castro, Rommel Pacheco y Julián Zacarías.

De igual forma, se ha generado una polémica sobre la pertinencia y legalidad de los métodos de promoción utilizados, directa o indirectamente, por dichos aspirantes. Esto ha derivado incluso en acoso y persecución política en algunos casos, como es la campaña de hostigamiento mediático y desinformación que hoy está desatada en contra de Liborio, por algunos medios conservadores estatales e, incluso, actores políticos que se benefician con el mantenimiento del estatus quo. Esto es un claro síntoma de que la contienda por la nominación para ser candidato a Gobernador se encuentra sumamente nivelada a estas alturas.

Lo anterior ha sido una maniobra clásica de los factores reales de poder desde que existen en el mundo procesos democráticos, sobre todo cuando los poderosos sienten que sus intereses se verán afectados si le permiten a la población tener acceso a información y a conocer opciones previo a un proceso electoral. No hay que olvidar que, en cualquier democracia sana, las elecciones primarias y los procesos internos abiertos a la ciudadanía son una práctica deseable.

A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo el manto de la legalidad se ha utilizado a veces para justificar abusos de poder y atropellos a los derechos fundamentales de las personas. Esto ocurre cuando las leyes y normativas existentes son manipuladas y pretenden ser interpretadas de manera sesgada o desproporcionada, a menudo para silenciar voces distintas o limitar la competencia política.

Un ejemplo notorio de esto ha sido el uso del sistema judicial para descalificar a aspirantes electorales. En algunos países, se han presentado cargos legales contra candidatos de la oposición con el fi n de impedirles competir en elecciones. Esto sucede cuando la acusación, ya sea de corrupción, incitación o cualquier otro delito, se utiliza estratégicamente para restringir la competencia política. Este fenómeno, a veces denominado lawfare, puede socavar la integridad del proceso democrático al restringir la gama de opciones disponibles para los votantes.

Asimismo, la censura a aspirantes electorales puede tomar formas más sutiles, como la restricción del acceso a los medios de comunicación o de promoción disponibles. Este fue el caso de Diego Fernández de Cevallos en 1994, a quien, derivado de un hostigamiento institucional y un manejo sesgado de la información por parte de los medios de comunicación dominantes, se le limitó su capacidad de exposición y, en consecuencia, restringió su capacidad para competir en igualdad de condiciones.

Finalmente, es importante recordar que en una democracia el conocimiento es un elemento esencial. Las yucatecas y yucatecos tenemos derecho a saber quiénes aspiran a competir en el proceso electoral y a conocer de primera mano qué opciones tienen los partidos antes de elegir a sus candidatos.

Por tanto, es nuestro deber como ciudadanos exigir que nos permitan tener opciones y conocerlas, pues el conocimiento es la herramienta más poderosa que poseemos para tomar decisiones informadas y constructivas para el futuro de nuestra sociedad. El verdadero motor de una democracia no es solo el acto de votar, sino el proceso informado y crítico que conduce a esa votación.