MALA SUERTE. Siguen las carpetas de investigación que el pasado inicio de semana llevaron a la captura de Humberto N, quien fue subsecretario de Obras Públicas durante el periodo del gobernador sustituto Carlos Miguel Aysa González. La causa: Presunto desvío de recursos públicos y uso indebido de atribuciones y facultades, lo que representaría en términos monetarios un fraude por más de 36 millones de pesos.
Y es que el Poder Judicial como resultado de las indagatorias, liberó tres órdenes de aprehensión; la primera de ellas contra Humberto, la segunda contra el residente de Obras Públicas José Luis “N” y la tercera contra el propio extitular de Obras Públicas, Edilberto “N”, alias “Mala Suerte”. Aunque se dice que este último se encuentra prófugo, pero hay quienes aseguran que sólo está hospitalizado por padecimientos a causa de su avanzada edad. ¿Pero cuál es el origen de este caso? Pues la tan pregonada Ciudad Administrativa, un proyecto nacido en medio de la controversia y heredado al nuevo sexenio envuelto en ella. A decir verdad, una obra que hasta ahora sigue marcada por la “mala suerte”.
MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN . Al comenzar el actual gobierno, uno de los proyectos más señalados como “monumento a la corrupción” por la gobernadora Layda Sansores fue precisamente la denominada Ciudad Administrativa, infraestructura edificada durante el periodo iniciado por Alejandro Moreno Cárdenas y finalizada por Carlos Miguel Aysa González —quienes, por cierto, ninguno está incluido en las órdenes de aprehensión ejecutadas por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones—.
La propia mandataria estatal cuestionó y denunció una larga cadena de irregularidades en la obra; la más grave de ellas, que se había pagado una cifra millonaria por la extensión de terreno, pero que este no era propiedad del Gobierno del Estado. Incluso el extitular de la todavía Seduopi (Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura), Edilberto Buenfil Montalvo, acudió junto con arquitectos responsables de la construcción a un “Martes del Jaguar” a responder sobre el tema y fueron duramente acusados y señalados como parte de la red de corrupción en torno a la Ciudad Administrativa. Al final, sólo se incrementaron las dudas y ninguna pregunta tuvo clara respuesta.
CIUDAD FANTASMA. El objetivo de este proyecto era, precisamente, concentrar en un solo complejo las principales ofi cinas del Gobierno del Estado de Campeche para facilitar y simplificar a los ciudadanos el acceso a gestiones y servicios, además de reducir los gastos por renta de edificios, lo que evidentemente ya no ocurrió. Ante esta situación, nuevamente, en uno de sus programas del Martes del Jaguar (la emisión del 30 de noviembre del 2021, para ser precisos) la Gobernadora anunció que la Ciudad Administrativa se convertiría en Ciudad Segura, porque ahí se trasladarían las ofi cinas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, las de la Fiscalía General del Estado y las del Juzgado Cívico, además de que, para dignifi car las condiciones laborales de los policías, se construiría un comedor y un centro deportivo para los agentes del orden. Estupendas ideas que se volvieron inviables porque al sacar cuentas, requieren de una continuidad en la inversión de más de 800 millones de pesos, por lo que hasta ahora no ha habido más alternativa que la construcción continúe como Ciudad Fantasma.
¿Y LOS TERRENOS? El punto es que una cosa llevó a la otra y después de casi dos años sin que casi nada ocurriera al respecto, fueron liberadas las tres órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) derivadas del presumible desvío de 36 millones de pesos en la compra de cancelería, vidrios y aluminios para la Ciudad Administrativa, pero faltaría explicar qué pasó con el millonario pago por ocho hectáreas de terreno que luego resultó que tampoco fueron vendidas al Gobierno del Estado, sino otorgadas en comodato o donadas. Nadie sabe, nadie lo aclaró. Así están las cosas. Corrupción, peculado y desvío, están por averiguarse. Opacidad, sin duda.
SEGUNDO INFORME. Y hablando de persecuciones judiciales, la tarde del martes 2 de agosto, la mandataria de Campeche, Layda Sansores San Román, ofreció su Segundo Informe de Gobierno con el recuento de acciones, programas y metas alcanzadas. Pero al momento de los anuncios, el más ovacionado fue que por primera vez en Campeche se inició un juicio de Extinción de Dominio precisamente para la mansión del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que dijo fue hecha con el dinero del pueblo y debe regresar al pueblo.
Así que, Sansores consideró que este es uno de los principales objetivos de su gobierno, que la casa de “Alito” en Lomas del Castillo, deje de ser de su propiedad y pase a manos de la gente, de los ciudadanos, como un museo o un centro cultural, y que sea ejemplo de que los campechanos no permitirán más humillación ni latrocinios.
EN DESCARGO DEL FISCAL. Por fortuna, para los integrantes del gabinete legal y ampliado, en esta ocasión fueron contratados coreógrafos y bailarines profesionales para el espectáculo del Informe, así que quedaron exentos de realizar sus estrafalarios pasos en el baile del jaguar; se limitaron únicamente a ponerse de pie y aplaudir un poco, entre ellos, el fustigado, abatido y cabizbajo fiscal Renato Sales Heredia, quien apenas se contoneó ligeramente mientras sonaba la versión cumbia de la canción del Tren Maya. Aunque, tras las acusaciones en su contra en redes sociales salió a defenderlo el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche A.C., Manuel Iris Balán, al afirmar que quienes se atreven a acusar a Renato desconocen de leyes, pues el Fiscal no ha tergiversado ni transgredido hasta ahora ninguna norma judicial. En su descargo, aseguró que no se le puede culpar a nadie sin pruebas y menos de incurrir en la manipulación o alteración de una sentencia, cuando eso es facultad que corresponde única y exclusivamente a un juez y no a la Fiscalía. ¡Vuelta a la página!
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