La existencia de un Sistema de Justicia basado en las leyes, independiente del poder político e imparcial, es una de las bases del Estado de Derecho. En Colombia, la Constitución política agrega otro atributo al Estado: social. Ello busca avanzar hacia la equidad, esa regla flexible que perfecciona la Justicia de la cual hablaba Aristóteles en su Ética a Nicómaco.
Buscando esa equidad, la Corte Constitucional ha establecido la discriminación positiva en ciertos casos como los de la mujer y la población desplazada, para que al evaluar sus derechos se entienda que debe partirse de abatir la desigualdad en que se encuentran frente a la población en general.
Uno de los pilares del Sistema de Justicia colombiano es la existencia de la Fiscalía General de la Nación, independiente del Poder Ejecutivo y del Legislativo. La Fiscalía, en nuestro Sistema Penal acusatorio, tiene la función de investigar los delitos y presentar acusación ante los jueces.
Pero el actual Fiscal General, en vez de cumplir su función de acusar, en algunos casos, por inclinaciones políticas, se ha dedicado a actuar como defensor.
Esto ha sido particularmente notable en el caso del expresidente Álvaro Uribe, contra quien pesa una denuncia por fraude procesal y soborno a testigos. En dos ocasiones, el Fiscal delegado ante la Corte Suprema, actuando en la práctica como defensor del acusado, pidió su preclusión. El caso llegó, por apelación, ante una juez que señaló que ese fallo era inadmisible porque la Fiscalía no había desplegado correctamente su función investigativa. Ahora, nuevamente, el Fiscal asignado al caso, la semana pasada, el día que vencía el término para presentar la acusación, renunció aduciendo “problemas de salud de su familia”. Nombraron entonces, en su reemplazo, a otro que tuvo que declararse impedido porque la prensa publicó declaraciones suyas en ocasiones pasadas sobre este caso.
Luego de esos dos intentos fallidos, la Fiscalía debería presentar sin más dilaciones el escrito de acusación; pero todo parece indicar que está buscando que corran los términos para llegar a la prescripción de los supuestos delitos del acusado. Lo cual sería una humillación para el expresidente que pregona su inocencia: ser liberado no como inocente, sino por una argucia jurídica.
El actual Fiscal General fue elegido por la Corte Suprema de terna presentada por el Presidente de la República, en este caso el expresidente Iván Duque, su gran amigo y compañero de pupitre en la universidad de derecha en que ambos estudiaron. Han sido muchos los señalamientos de participación en política que se le han hecho, además de indelicadezas que rozan el Código Penal, como pagar las empleadas domésticas de su casa como si fueran empleadas de la Fiscalía, ocupar personal de la entidad para que paseen a sus mascotas y usar el avión de la Fiscalía para irse de paseo en plena pandemia. Como el actual Presidente es de orientación ideológica distinta a la suya, la participación en política del Fiscal ha estado a la orden del día sin siquiera esforzarse por disimularlo.
Ya está próximo a vencer su periodo y la terna que el presidente Gustavo Petro ha presentado para que la Corte elija su reemplazo está integrada por tres mujeres de gran experiencia jurídica y reconocida probidad. Cualquiera de ellas es garantía de honestidad y capacidad. “Espero, y ese es uno de los mensajes centrales de la terna que he enviado a la Corte Suprema de Justicia, que la Fiscalía no sea utilizada más ni por el crimen y la corrupción, ni por el uso político de la Justicia que la convierte en injusticia y venganza”, dijo el Presidente Petro en su cuenta de X. Más claro, imposible.
Esperamos que quien resulte elegida asuma casos que al actual Fiscal no le han merecido atención, como son los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz y de líderes sociales, llegando hasta el corazón del asunto: a quién benefician sus muertes y a quién perjudicaban las actividades comunitarias que estaban desarrollando.