En la agitada vida política y social de Colombia, cuando se piensa que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene posibilidades de triunfar en sus más importantes apuestas, aparece algo que lo saca del atolladero.
Las encuestas lo dan como perdedor en el favor ciudadano y el rechazo a sus reformas: la de la Salud está empantanada en el Congreso y la de Pensiones, que era la que parecía tener más posibilidades de apoyo, se hundió al parecer definitivamente. La acusación por corrupción contra su hijo, que ya lo tiene en la cárcel, pese a que nadie ha podido demostrar la vinculación del Presidente con sus delitos, ha alcanzado a erosionar su imagen.
El Mandatario puede contar como triunfos el rechazo de las mociones de censura propuestas por la oposición contra los ministros de Salud y el de Defensa, el descenso de la inflación y del desempleo, el reconocimiento internacional a sus esfuerzos por la paz y el aumento en las incautaciones de droga, así como la elección como Fiscal General de la Nación de una de las candidatas que integraban la terna que presentó a consideración de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, a veces parece dejarse llevar por la presión de lograr resultados rápidos en las propuestas de justicia social que le dieron el triunfo como primer Presidente de izquierda y, además, exguerrillero. Eso ha sucedido, por ejemplo, cuando, tratando de conjurar el azote a las comunidades indígenas por parte del Clan del Golfo, una organización armada ilegal a la cual busca integrar a su política de Paz Total, ofreció como solución la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Uno de los primeros en oponerse fue su antiguo jefe en el M19, la organización armada en la cual militó desde su juventud, Antonio Navarro Wolff, quien actuó como copresidente de la asamblea que dio origen a la Constitución que hoy nos rige. En mi modesta opinión, el Presidente, gran orador como es, se dejó llevar por la emoción del momento y en el calor de la arenga lanzó la propuesta sin mayor preparación. Aunque ha persistido en ella, pese a la oposición de casi todas las Fuerzas Políticas, incluidas las de izquierda.
La Constitución actual es fruto del consenso de las Fuerzas Políticas de la época, incluyendo a las guerrillas que acababan de desmovilizarse y tiene una carta de derechos que posibilita el desarrollo de la política de Paz Total y todas las reformas que el Gobierno ha propuesto, si logra su aprobación en el Congreso.
Gracias a la Constitución se han podido desarrollar las organizaciones sociales étnicas y de todas las orientaciones sexuales. Su carta de derechos ha posibilitado el avance de las investigaciones por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado. Y el Acuerdo de Paz con las FARC, que permitió la desmovilización de 13 mil guerrilleros pudo hacerse gracias la Carta de Derechos y Deberes que trae la Carta Magna.
La propuesta de Petro es inviable, además, porque la convocatoria tiene que partir de una ley que debe aprobar el Congreso y el Gobierno no cuenta con mayorías en él, como lo demuestra el hundimiento de sus reformas.
Dicho esto, hay que resaltar la doble moral de quienes han salido a criticar esta propuesta sin recordar que ellos antes la propusieron y no precisamente por motivos tan loables como los que hoy esgrime el Presidente. No es, sino recordar cómo el expresidente Álvaro Uribe, quien hoy dice que “la Constituyente de Petro es un riesgo para la democracia”, cuando en su Gobierno la Corte Suprema investigaba a los funcionarios, congresistas y políticos amigos suyos que finalmente resultaron condenados por sus vínculos con los paramilitares, propuso una Constituyente para quitarles poder a las Cortes. También sus más furiosas seguidoras en la extrema derecha, como María Fernanda Cabal, senadora siempre reelegida, quien pidió que la voluntad popular debería expresarse en la asamblea contra los “abusos” de la Corte. Igual dijo Paloma Valencia, senadora radical en la misma línea política, “para defender las instituciones”.
No hay quien tire la primera piedra.