En la mayoría de los medios de comunicación nacionales y locales, durante la campaña electoral y ahora en el análisis de las reformas, agrupaciones políticas, empresariales y analistas manifiestan una inquietante "falsa neutralidad". Este fenómeno obstaculiza el debate público, empobrece las propuestas de mejora y debilita nuestra democracia. ¿Qué sentido tiene para un alcalde, gobernador o presidente que busca debatir o legitimar ideas, cuando ya se enfrenta a una oposición que rechaza todo lo que propone? ¿Qué sentido tiene negociar con quien ya tiene un prejuicio sin conocer la propuesta? ¿Qué sentido tiene intentar hacer un proyecto donde ganen todos si solo se quiere que gane uno?
El problema se profundiza en la sociedad civil, donde los intereses de las élites económicas predominan, y la voz de los menos favorecidos se reduce a un silencio resiliente que solo se manifiesta en las urnas. A lo largo de un sexenio, la falta de autocrítica y la desconexión con la realidad social han sido evidentes. Los resultados electorales reflejan una ceguera alarmante y revela en una división profunda en la visión de la política y la economía de México. Los líderes políticos de oposición y analistas parecen seguir luchando con un régimen ya validado por las mayorías, sin reconocer la realidad social de la población. No entienden que no entienden, no se explican los resultados electorales, no aceptan que tiene que cambiar la gobernabilidad y la relación ciudadano-estado y que, evidentemente, no lograron influir en la política durante las últimas elecciones.
En cuanto a la reforma judicial, existe una clara oposición por parte de quienes se benefician del sistema actual: miembros del Poder Judicial, aquellos que pueden costear largos juicios, y familias con múltiples conexiones dentro del sistema. La reforma enfrenta resistencia de quienes temen perder privilegios, desde jueces que apenas reciben sanciones hasta aquellos que aplican la ley sin considerar la realidad social y la profunda desigualdad sistémica del Poder Judicial.
La "falsa neutralidad" hoy intenta presentar, tanto dentro como fuera del país, una imagen de un Poder Judicial justo y eficiente, cuando en realidad la mayoría de la población percibe un sistema caro, discrecional y lento. Las encuestas y la experiencia cotidiana confirman que el Poder Judicial necesita ser más eficiente, transparente y rápido. La falta de un debate constructivo y la ausencia de acompañamiento de líderes sociales, empresariales y mediáticos hacen que los esfuerzos del gobierno parezcan unilaterales y tiránicos. Sin embargo, todos apoyamos la reforma porque entendemos la dura realidad de la justicia en México.
Existen numerosos ejemplos de fallas en el sistema judicial: juicios con notificaciones falsas, peritajes interminables, delincuentes reincidentes, expedientes inaccesibles, pruebas sembradas sin antecedentes, personas en prisión sin sentencia por años, detenciones basadas en acusaciones anónimas y violaciones de los derechos fundamentales. Estas prácticas se han normalizado en México y reflejan un verdadero estado de subdesarrollo.
El verdadero subdesarrollo no se mide solo en términos financieros, naturales o tecnológicos. Un país puede ser rico o pobre, pero lo que realmente define el desarrollo es la existencia de un estado de derecho. Hay países ricos en recursos, pero con poblaciones en subdesarrollo, así como países más modestos en Latinoamérica con poblaciones saludables en lo material y social. La diferencia radica en una justicia oportuna y accesible.
Como me comento un profesionista en derecho que pidió anonimato por temor a represalias, el Poder Judicial no solo sirve para aquellos con acceso privilegiado, sino también para quienes tienen la capacidad de contratar ese acceso. El verdadero problema no es solo la percepción del Poder Judicial, sino la falsa neutralidad de sus críticos y la falta de disposición a la autocrítica y al debate constructivo. Este desperdicio de inteligencia y recursos frustra un proceso que podría ser más productivo y enriquecedor, además, contaría con el respaldo de una sociedad que sufre exclusión en la formación del estado.
En Yucatán muchos magistrados nunca han sido jueces y ni siquiera han tenido una carrera judicial ¿Cómo puede ser legítimo que revisen en segunda instancia lo que ha hecho un juzgado de origen, si no cuentan con la experiencia ni la capacidad profesional de hacerlo?
Los beneficios de una reforma judicial no son solo sociales, con una justicia más equitativa, sino también económicos, promoviendo la inversión al garantizar la resolución oportuna de los contratos y conflictos. Existen otros desafíos, es imperativo que el poder legislativo se avance en la creación de leyes que rescaten al estado capturado, este camino comienza con la reforma judicial y con la aplicación justa de las leyes existentes, ya abra tiempo de desarticular las leyes para pocos y otros vicios legales.
En la reforma al Poder Judicial es lamentable que solo el Gobierno y las mayorías apoyen este proceso justo, oportuno y claramente democrático.