De la Redacción
A pesar de contar con todo el presupuesto necesario, equipos y personal suficiente para el desarrollo de sus actividades, la delegación regional de la Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido una completa indiferencia ante el incremento de los hechos delictivos de alto impacto en Cancún, principalmente ejecuciones vinculadas con el crimen organizado que ya suman más de 450 hechos en este destino turístico en lo que va del año, cuyos hechos han recaído únicamente en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Lo anterior deja en evidencia que la autoridad federal ha dejado completamente solo al estado para atender el incremento de hechos delictivos, donde la huella del crimen organizado está más que presente desde hace varios años.
Hoy, un ciudadano que intente acudir a las oficinas de la delegación de la PGR se topa con un verdadero búnker, donde no le permiten el acceso fácilmente, ni siquiera a presentar alguna denuncia anónima, lo que confirma la enorme podredumbre que existe al interior de dicha dependencia federal.
Durante la presente administración federal, tres delegados se han hecho cargo de la PGR en Quintana Roo, dos de ellos severamente cuestionados y con señalamientos directos de proteger al crimen organizado y del último que es el más reciente en funciones, ni siquiera se le conoce públicamente, lo que pareciera que se trata de un nombramiento de membrete.
Al inicio de la administración federal fue nombrada Aurora Mora Morales como delegada de la PGR en Quintana Roo, quien al poco tiempo de su llegada fue señalada en “narcomantas” de brindarle protección a diversos grupos del crimen organizado tanto en Playa del Carmen como en Cancún.
“Delegada de la PGR Aurora Morales, déjense de mamadas, están recibiendo dinero del narco a través de su particular Vicente Reyes y Fernando Ortiz en Cancún y el comandante Carlos Hernández, en Playa del Carmen, dejen de pedir si no van a cumplir porque empezarán a rodar cabezas (sic)”, rezaba el mensaje que fue dejado para Mora Morales la madrugada del lunes 2 de marzo del 2013 en el kiosco del Parque de El Crucero de esta ciudad.
Durante su gestión, también desapareció uno de los funcionarios más cercanos a la delegación, como fue el caso de Erick Damián Martínez Alfaro, cuyos huesos fueron encontrados en la carretera conocida como Gas Auto en julio del 2015.
En ese año y ante dichos acontecimientos, Aurora Morales fue destituida de la PGR y en su lugar llegó Gerardo Mejía Granados, mismo que estuvo en el cargo desde septiembre del 2015 hasta enero del 2018, tiempo en el cual dicha delegación federal mantuvo una completa indiferencia por el incremento de los hechos delictivos, pues en el 2017 fue cuando se registraron los ataques al bar Blue Parrot en Playa del Carmen y horas después el ataque a la Vicefiscalía General de Justicia con sede en Cancún.
Y fue precisamente esta situación que enmarcó el incremento de la violencia en Quintana Roo, pues para el 2018, el crimen organizado ha contado con total protección de dicha dependencia que en febrero del presente año decidió, desde oficinas centrales, nombrar a Antonio Mendoza Chávez como delegado regional.
Sin embargo, a este funcionario jamás se le ha visto en eventos públicos relacionados con temas de seguridad y por el contrario, la PGR mantiene una postura de cerrazón para cumplir con sus verdaderas responsabilidades y ha dejado solo al Estado con el enorme problema delictivo.
Cabe decir que dentro de este problema, en el reciente informe del INEGI sobre la percepción de inseguridad entre los mexicanos, ésta continúa siendo alta en varias zonas del país y nuevamente, Cancún figura entre las más riesgosas.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de septiembre de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detalla que al tercer trimestre de este 2018 un 79.9 por ciento de la población, de 18 años y más, de 65 ciudades del país, consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Esta cifra representa una disminución en comparación a la del trimestre previo, cuando la percepción de inseguridad cerró en 75.9 por ciento; así como en la de septiembre de 2017, que fue de 76 por ciento.
Las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor son: San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Mérida, Saltillo, Durango y Puerto Vallarta, con 21.6, 34.2, 38.1, 39.1, 40 y 41.4 por ciento, respectivamente.
Mientras que las ciudades más inseguras son Ecatepec de Morelos, Edomex: 96.3 por ciento; Villahermosa, Tabasco: 94.5 por ciento; Reynosa, Tamaulipas: 94.3 por ciento; Cancún, Quintana Roo: 92.8 por ciento; Fresnillo, Zacatecas: 90.8 por ciento y Tapachula, Chiapas: 90.4 por ciento.