De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 22 de octubre.- La ex presidenta municipal Cristina Torres y el cabildo de la pasada administración cambiaron ventajosamente el destino de suelo de 330.97 hectáreas de selva en tres predios situados en la zona de Punta Maroma, contraviniendo a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA-5) establecida en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Solidaridad como de conservación.
Con dicha modificación se da paso al proyecto del polígono de aprovechamiento estratégico de actuación privada del Desarrollo Residencial Turístico Sustentable “Riviera Maya”, complejo turísticos-habitacional consistente en 660 lotes, 240 villas y 608 departamentos, con altura máxima de 14 metros en 4 niveles.
La aprobación se hizo en el marco de la cuadragésima séptima sesión ordinaria de cabildo celebrado el 30 de agosto de 2018 a las siete de la mañana, aunque quedó publicado en el Periódico Oficial del estado el 27 de septiembre de este mismo año, favoreciendo a la empresa Sociedad Promotora de Inversión “Beste Boden Sapi S. A. de C. V.”, en el cual solicitó el cambio de uso de suelo y densidad para el desarrollo residencial turístico sustentable “Riviera Maya”.
La zona de 3 millones 309 mil 740.36 metros cuadrados o 330.97 hectáreas de selva, está conformado por tres predios: rancho El Paraíso marcado con el lote 081, Loma Bonita en el lote 082 y lote 083 denominado El Resorte, situada en la zona de Punta Maroma y con el UGA-5 de conservación.
Este corredor biológico de especies, varios de ellos protegidos, incluso identificado como el corredor del jaguar, está en riesgo por la desmedida ambición del gobierno municipal de la administración 2016-2018 encabezada por Cristina Torres Gómez y el cabildo, así como de los inversionistas que aprovecharon la cercanía del cambio de gobierno diferente a los partidos políticos en el poder en esos momentos, dado a que son tierras marcadas en el POEL como de conservación –documento vigente desde mayo de 2009.
Al respecto, nuevamente ambientalistas levantaron la voz para no permitir un nuevo ecocidio en el corredor de la Riviera Maya, jurisdicción del municipio de Solidaridad, sabedores del compromiso de la actual presidente municipal Laura Beristain Navarrete comprometida con el cuidado del medio ambiente, a fin de revisar la autorizaciones otorgadas a fin de lograr frenarlas al contravenir con el POEL, lamentando que siempre los intereses políticos y económicos estén sobre el desarrollo sustentable.